Considerando que México se ubica en el lugar 44 en el rubro de facilidad para hacer negocios y en el 75 para iniciar uno, según estudios comparativos efectuados por el Banco mundial; aunado a la falta de condiciones para competir en el mercado mundial, la pérdida de inversiones extranjeras, aumento de problemas sociales como el desempleo, delincuencia y migración, se buscan estrategias para reducir trámites para aperturar empresas.En este sentido, la Senadora María Elena Orantes, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Senado de la República, un Punto de Acuerdo por el que exhorta al ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público se implemente un programa regulatorio que contemple la reducción en el número de trámites para la apertura de pequeñas y medianas empresas (PYMES) e integrar en el corto plazo, estrategias económicas y fiscales acorde a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La legisladora Orantes considera que situación actual refleja el desinterés de las autoridades económicas del país por desarrollar políticas públicas para crear un ambiente propicio para la competitividad, que queda constatada por la excesiva tramitología para iniciar una nueva empresa, en la desconfianza de la banca para otorgar créditos y en infranqueables obstáculos fiscales y laborales a los que se tienen que enfrentar a diario las empresas en México.
Indica que el Ejecutivo Federal esta obligado a diseñar esquemas para que la empresa mexicana pueda competir en un mundo globalizado con mayores alicientes, políticas públicas de largo alcance en materia de educación, trabajo, recaudación fiscal, crédito, ahorro, mayores inversiones y seguridad, para crear certidumbre jurídica y asegurar la competitividad y el crecimiento económico de nuestro país.
Ante ello la Senadora por Chiapas, planteó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público, se implemente un programa regulatorio que contemple la reducción en el número de trámites para la apertura de pequeñas y medianas empresas (pymes), e integre en el corto plazo, estrategias económicas y fiscales acordes a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según datos oficiales, en México laboran 11.9 millones de personas en la economía informal, sin embargo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene registradas a más de 25 millones de personas. ASICh
