Jorge Emilio González M.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) están bajo constante asedio. Su vulnerabilidad radica en el apetito insaciable de desarrolladores turísticos, urbanos e inmobiliarios que constantemente ven oportunidades de negocio en los parques nacionales, pero que son ciegos frente al valor de la conservación. En su opinión, lo importante es impulsar una explotación racional de los recursos naturales que beneficie a los seres humanos, en lugar de conservar uno o varios “jardines del edén”.
No obstante, la importancia de la conservación radica fundamentalmente en los invaluables servicios ambientales que ofrece la biodiversidad. Además, el desarrollo sustentable implica retribuir económicamente a los habitantes de las áreas naturales bajo protección, algo que no ocurre fácilmente, toda vez que la distribución de los enormes beneficios económicos derivados de los proyectos de desarrollo ha sido inequitativo.
Por ello, el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas continúa siendo el principal instrumento jurídico del Estado para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Las ANP son porciones del territorio nacional donde el ambiente original no ha sido sustancialmente alterado, y están sujetas a regímenes de protección, conservación, restauración y desarrollos especiales. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 161 áreas naturales de carácter federal que cubren una área cercana a 12% del territorio nacional.
Un claro ejemplo de la situación por la que atraviesan la mayoría de las ANP de nuestro país es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ya que una serie de intereses vinculados con el impulso al desarrollo inmobiliario han estado impulsando la construcción de una zona de urbanización dentro del parque bajo el “Plan de desarrollo y aprovechamiento sustentable de la Huasteca 2006-2030”, que contempla la construcción de 9 mil residencias en Valle de Reyes y un campo de golf en el Cañón de Ballesteros.
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey cuenta con una extensión de 177 mil 395 hectáreas, en la que se han reportado un total de mil 368 especies de flora y fauna silvestres, de las cuales 73 se encuentran consideradas dentro de alguna categoría de protección especial. Además de su riqueza biológica, dicho parque ofrece diversos servicios ambientales a diversos municipios de Nuevo León, como la regulación del clima, la oferta de agua, la retención de sedimentos, la formación de suelos, el reciclado de nutrientes, etcétera. Fue declarada Área Natural Protegida desde 1939, es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000 y pertenece a la Red de Reservas de Biosfera del Programa Hombre y la Biosfera.
De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los parques nacionales sólo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.
Pese a todas las categorías de protección con las que cuenta el parque nacional, existe una fuerte presión para impulsar un desarrollo urbano dentro de dicha zona, especialmente en el Valle de Reyes. El proyecto inmobiliario se encuentra suspendido por la falta de acuerdo y compromiso de los desarrolladores inmobiliarios, para asumir y respetar el programa de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El desarrollo urbano sin control alguno se pone en riesgo asimismo; en cambio, el desarrollo sustentable se expresa precisamente a través de los programas de manejo que para tal efecto ha elaborado la autoridad. Es importante no ceder más a presiones de tipo económico, sin prestar atención a nuestra normatividad ambiental.
Presidente nacional del PVEM