José Luis Calva
La burbuja inflacionaria que pade-ce la economía mexicana, derivada principalmente del encarecimiento de los alimentos, ha generado reacciones encontradas: la indignación por el mayor deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, principalmente de los estratos de menores ingresos cuyas compras de comida —de acuerdo con la más reciente Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares— representan hasta 46% de sus gastos monetarios; y el temor de que la carestía alimentaria desencadene una carrera precios-salarios.
Frente a la proximidad de las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2008, es necesario revisar los criterios que han normado la política salarial durante casi un cuarto de siglo de experimentación neoliberal. Sus resultados no son deseables para el futuro: los salarios mínimos han perdido más de dos terceras partes del poder adquisitivo que tenían en 1982 (al descender de 32.72 pesos en 1982, a 9.82 pesos en 2006, en promedios anuales a precios de 1994), situándose incluso por debajo del nivel que tenían en 1946 (cuando el salario mínimo fue de 13.32 pesos, a precios de 1994). No sólo se trata de un cuarto de siglo perdido en desarrollo salarial, sino de una regresión de más de medio siglo.
No es algo casual: en vez de ser utilizada como herramienta para elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso, la política salarial ha sido utilizada por la tecnocracia como instrumento antiinflacionario (como precio-guía de las expectativas inflacionarias), a través de la fijación de tasas de incremento de los salarios mínimos iguales a las tasas de inflación proyectadas, casi siempre superadas por las tasas de inflación realmente observadas, de manera que se ha provocado el deterioro prácticamente ininterrumpido del salario real.
Como resultado, los salarios mínimos se han alejado cada vez más del mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 establece: “Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Contrario sensu, los especialistas calculan que actualmente se requieren más de cinco salarios mínimos para adquirir una canasta completa de satisfactores esenciales.
El argumento espurio que ha sustentado la política salarial del neoliberalismo consiste en que la fijación de aumentos salariales superiores a las tasas de inflación proyectadas provocaría escaladas inflacionarias que acabarían deteriorando aún más el poder adquisitivo del salario.
Sin embargo, este argumento no está validado por la experiencia internacional ni por la mexicana. Por ejemplo, durante la época del desarrollo estabilizador (1959-1970), los incrementos nominales del salario mínimo (9% en promedio anual) fueron siempre superiores a las tasas de inflación anterior y posterior (2.5% anual). Además, los aumentos salariales superaron también la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad laboral (que creció 4.3% anual). Como resultado, el salario real se incrementó a una tasa de 6.3% anual.
No obstante, estos incrementos salariales jamás desencadenaron una escalada inflacionaria. ¿Por qué? Porque entre los propósitos auténticos del desarrollo estabilizador figuraron precisamente “aumentar los salarios reales” y “mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (véase Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador. Reflexiones de una época, FCE, México, 1998). Por eso, los aumentos salariales debían superar los incrementos agregados de precios y productividad, precisamente para mejorar la distribución factorial del ingreso.
Ahora bien, para que estos propósitos fueran cumplidos, como efectivamente lo fueron, se requería el compromiso de no trasladar a los precios de los productos los incrementos reales de los salarios. Y este compromiso fue inducido por la clase política de entonces.
En el futuro, para que México reencuentre el camino del crecimiento sostenido con equidad, nuestra clase política deberá hacer su tarea: desechar el modelo neoliberal y pasar a una nueva estrategia económica cuya política salarial acreciente el bienestar general y la cohesión social de nuestra nación.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM