Por Jaime Arizmendi
*Margarita
*Bienvenida
Frente a las acusaciones de abusos al erario en estados y municipios, como de irregularidades en sus cuentas públicas; legisladores locales emprenden procesos legales en contra de “corruptos” alcaldes y gobernantes, en funciones o no; mientras en el Congreso de la Unión se proponen poner candados que impidan a mandatarios continuar el peligroso endeudamiento en que han hundido a entidades.
Son marcados y estridentes los casos de corrupción detectados en estados como Zacatecas, o de ayuntamientos de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz –todos ellos donde este año se eligieron nuevos gobiernos–, cuyos presupuestos han sufrido el embate de sus titulares, que bien pudieron haber surgido de PAN, PRI, PRD o de cualesquier otro partido.
Caso Tlaxcala. Durante los últimos días, se dio a conocer que diputados locales acordaron con el procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, proceder legalmente en contra de 10 de los 72 presidentes municipales de la entidad, porque reprobaron sus cuentas públicas del 2008 y 2009.
Aunque algunos de los ediles ahora incluidos en esa lista negra, acusaron desde hace meses haber sido víctimas de intentos de extorsión por parte de “emisarios” del Órgano Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados local, trascendió que los representantes de los tres poderes sostuvieron un encuentro más que privado para analizar el inicio de su propia cacería de brujas, o de su aún jefe, el gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz.
Así, a unas semanas de que el neopanista entregue el mando estatal al priísta Mariano González Zarur, quien derrotó a las huestes de Acción Nacional en la elección del primer domingo de julio pasado, se avizora la persecución hasta de alcaldes “amigos” del gobernador saliente.
Sin embargo, entre los acusados sobresalen marcados casos como el de Raúl Cervantes López, edil de Huamantla, quien osó enfrentarse al poderoso gobierno de Ortiz Ortiz al acudir a denunciar a Los Pinos el abandono y abusos de que era objeto su ayuntamiento cuyos recursos eran detenidos y recortados desde el palacio de gobierno.
Lo sorprendente es que los “representantes” de los tres poderes de la entidad se reunieron a puerta cerrada, bajo el argumento de impedir que los presuntos alcaldes “corruptos” solicitaran amparos ante la justicia federal como hicieron los ediles de Apizaco, San José Teacalco y Calpulalpan, ellos sí, amigos cercanos a Héctor Israel.
Incluso es de anotar que la reunión programada a las 10 de la mañana en el recinto legislativo de Tlaxcala tenía el sello de comparecencia del procurador, Pedro Flores Vázquez ante los diputados locales, pero fue convertida en encuentro de trabajo con la extraña presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Justino Hernández Hernández.
Sorprendido por periodistas “inoportunos”, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Enrique González Saldoval, se limitó a confesar que en horas próximas se presentarían 10 denuncias penales contra presidentes municipales a quienes les reprobaron sus cuentas públicas de los ejercicios 2008-2009.
Según el Órgano de Fiscalización Superior, los municipios que reprobaron sus cuentas 2008 son: Contla, Santa Apolonia Teacalco, Zitlaltepec, Tecopilco, Mazatecochco, Panotla, Yauhquemehcan, Huamantla, Calpulalpan y Hueyotlipan.
Mientras que en 2009 rechazaron las cuentas de Acuamanala, Altzayanca, Apetatitlán, Apizaco, Atlangatepec, Calpulalpan, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Huamantla, Hueyotlipan, Tlaltelulco, Panotla, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxco, Tzompantepec, Xaloztoc, Xicohtzinco, Yauhquemehcan y Zitlaltepec.
En tanto, en San Lázaro, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba alertó del grave peligro que enfrentan las finanzas públicas ante el creciente endeudamiento de los estados, que durante los primeros nueve meses de este año significó el 63 por ciento de los recursos estatales.
Por ello, urgió a poner candados a nivel federal, que limiten la libertad de los gobernadores para adquirir deuda, ya que hay entidades que no sólo se han excedido en ese rubro, sino incluso llegan al quebranto financiero, por lo que es necesario terminar con el paternalismo que existe por concepto de las participaciones federales.
Últimamente, algunos estados han comprometido demasiados flujos que les impide sufragar su gasto público. Así, es necesaria una Reforma Hacendaria Integral, que contemple el retomar desde el ámbito constitucional las modificaciones para que los estados no se endeuden sin límites.
“Es una situación real; hay estados que están quebrados y como evidentemente no son recursos federales, pues no son fiscalizables. Esto complica la vida del país; no hace más que regresar a nuestro gran tema, que lo que requerimos en este país es una reforma hacendaria y fiscal”. Obligaría a los estados a ser responsables en sus finanzas y a generar sus propios recursos “para poder sufragar sus deudas y no esperar las aportaciones a nivel federal”.
En verdad, urge que los legisladores pongan candados a nivel federal para evitar que esto continúe.
Alarma incremento de “ordeña” de Combustible… El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado por Pemex, el priísta Óscar Román Rosas González reveló que del 2004 al 2009 el número de tomas clandestinas se ha multiplicado de 110 a 453 casos en 19 estados de la República, con pérdidas anuales que ascienden a 3 mil millones de dólares.
En carta dirigida al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, el diputado Rosas González refirió que el robo se ha expandido en esos cinco años a los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México, Baja California, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Distrito Federal.
Por ello, solicitó a Pemex un informe detallado de lo ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, donde se habían detectado 11 tomas clandestinas sin que la paraestatal diera respuesta oportuna al diagnóstico. Y exigió a la paraestatal reparar y atender de inmediato los daños sufridos por los cientos de familias del estado de Puebla.
Asimismo, urgió al titular de Pemex iniciara las acciones ambientales en la zona impactada, así como llevara a cabo un estudio de las causas que dieron origen al accidente, a fin de descartar o afirmar la hipótesis de que las tomas clandestinas fueron la causa del lamentable siniestro que cobró la vida de 29 personas, y quemó decenas de inmuebles y vehículos.
El diputado Jaime Sánchez Vélez (PRI) propuso a través de un punto de acuerdo que los ex presidentes de México se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, “privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional”.
La propuesta establece que las actividades se realizarían recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes; terminados los seis años, deberán continuar con sus actividades en horarios y horas que ellos decidan y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, les permitan, por tres años.
Terminados los tres años, podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país y concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60 por ciento su pensión.
También se reducirá en un 60 por ciento el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores, sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.
En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, la sociedad y del desarrollo nacional.
En caso de que el ex presidente llegue a fallecer, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60 por ciento y se reducirá en 80 por ciento el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.
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