Por Jaime Arizmendi
*Transición de Poderes, que no se Convierta en Circo; PAN
*Desvío de Recursos y Corruptos, Tarea Inmediata de la CNA
Argonmexico / De manifestantes y el sol, ¿Mientras más lejos mejor?… Frente al extenso cerco policiaco implementado en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, con miras a impedir protestas en las cercanías durante la Toma de Posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República; el priísta Jesús Murillo Karam, quien preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió se afecte lo menos posible a la ciudadanía.
Y es que, a pesar de que la ceremonia republicana tendrá lugar el sábado 1 de diciembre, desde la mañana de este lunes (cinco días antes), se empezaron a instalar gruesas barreras metálicas de tres metros de altura, en todo el rededor del recinto parlamentario, con bloqueos de vialidades en más de un kilómetro cuadrado. Calles y calles fueron cerradas por la SSP-DF al paso vehicular.
Igualmente, varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús suspendieron el servicio de ascenso y descenso de pasajeros, donde se realizan también intercambios de líneas, con la interrupción incluso de algunas paradas de transportes públicos. Medidas que irritaron a miles de usuarios sorprendidos con la inusual prohibición.
Por la tarde del mismo lunes, luego que durante horas y horas se había reportado la suspensión de las actividades normales en varias estaciones y en la Línea 4, la directiva del Metro difundió un comunicado de última hora para afirmar que las estaciones Jamaica y Santa Anita operan con normalidad; y que la estación Candelaria, en su correspondencia con la Línea 1, también brinda el servicio habitual.
“A petición del Estado Mayor Presidencial”, únicamente las estaciones Candelaria y Fray Servando de la Línea 4 del Metro permanecerán cerradas hasta concluida la ceremonia de toma de protesta, que se efectuará el próximo sábado 1° de diciembre. Parecía que la gente de Marcelo quería cargarle el muerto al EMP.
De su lado, el panista Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, había justificado el cerco de seguridad instalado en torno a San Lázaro, al considerarlo “necesario para garantizar una transición presidencial civilizada y pacífica”.
El legislador se dijo convencido que: se requiere tener un operativo que garantice, al interior, la seguridad a los medios de comunicación, a los legisladores, a los invitados especiales, para que puedan llegar sin problema al Palacio Legislativo.
Este operativo, agregó: es para que el presidente en funciones (Felipe Calderón) y el presidente entrante (Enrique Peña Nieto) puedan ingresar sin mayor problema, y el cambio de poderes pueda llevarse a cabo en paz.
Sostuvo que el PAN está a favor de este operativo a los alrededores de la Cámara de Diputados, porque “no podemos permitir que haya amenazas de manifestaciones y de violencia, particularmente de la izquierda, que han anunciado que van a impedir que se lleve en paz este cambio de poderes”.
Para añadir que la Jucopo rechazó la propuesta de la bancada de PRD, PT y Movimiento Ciudadano respecto a retirar el operativo de seguridad. Y advirtió que la diputación panista evitará que esta transición de poderes “se convierta en un circo o que exista posibilidad de que haya violencia y se violen los derechos de terceros”.
Murillo Karam, aunque previno no tener facultades para descalificar las medidas de seguridad que se llevan a cabo en el exterior de San Lázaro, consideró que lo implementado hasta el momento es “mucho y muy pronto”.
El Pleno sesionará martes y miércoles de esta semana y, al término de la plenaria el recinto deberá quedar listo para la sesión solemne de Congreso General del sábado 1 de diciembre; de manera que los cuerpos de seguridad puedan ingresar a San Lázaro. Sí, como ellos no tienen que caminar largos trayectos para ir a su trabajo, escuela o demás actividades…
Corrupción y debacle electoral panista… Senadores y diputados azules podrían orquestar las estrategias de defensa de militantes de su partido que ocuparon alguna posición de mando en el saliente gobierno federal, particularmente en cuyas dependencias se desviaron recursos a las campañas, o a sus bolsillos.
Vale recordar que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de Transparencia Mexicana, reportó que a ese año, el costo económico de la corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos; y significó un impuesto adicional superior al 14% de los ingresos promedio de los hogares mexicanos.
En el 2010 identificó 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales; como en concesiones y servicios administrados por particulares; mientras que en 2007 sumaron 197 millones de actos.
A los hogares mexicanos, una “mordida” en 2010 les costó un promedio de $165.00; cuando en 2007 fue de $138.00; que al primer año mencionado, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por TM se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”.
En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. Los hogares mexicanos destinaron en promedio 14% de su ingreso a este rubro. Para los que tuvieron ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.
Por su parte, la ahora feneciente Secretaría de la Función Pública reveló en septiembre pasado que la Ssa, el Fovissste y el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), ocupan los primeros tres lugares en los fraudes y actos de corrupción que investigó durante todo el sexenio.
De la Secretaría de Salud, las denuncias penales presentadas en los años 2005 y 2007 fueron por actos corruptos en los institutos: Nacional de Perinatología, de Rehabilitación y de Enfermedades Respiratorias; en Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Hospital General, Cofepris, Seguro Popular y laboratorios Birmex, que involucraron 333 millones 381 mil 471 pesos.
Otras denuncias penales por corrupción se registraron en Fovissste, con 157 millones 839 mil pesos en 2010; y la tercera fue Conavi, por un monto de 150 millones 210 mil pesos. El año de más denuncias penales contra servidores públicos y particulares fue en 2010, interpuso 120 con mil 231 servidores públicos y 548 particulares por un monto total de mil 282 millones 564 mil 444 pesos.
Así las cosas, muchos habrán de enfrentar el peso de la guadaña de la futura Comisión Nacional Anticorrupción. Con los dientes que se le proporcionarán legalmente, podrá investigar, perseguir y sancionar administrativamente, y hasta con cárcel, a quienes se metieron gustosos en la panza del monstruo de la corrupción. Y que ahora sí caigan peces gordos, porque al perro más flaco, se le cargan más las pulgas…
jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com