Por Jaime Arizmendi
*Ordenarán Caos en Infonavit, Fovissste y más…
*Actúan Diputados en contra de la Corrupción
No a ciudades desordenadas y con hacinamiento… Enterados de los abusos que se cometen en contra de los “beneficiarios” de créditos hipotecarios concedidos por el Infonavit o el Fovissste, porque les aplican descuentos quincenales tan altos que mandan a los trabajadores a sobrevivir en la penuria, diputados de PAN, PRD, PRI y PT exigirán a las autoridades cuentas claras.
Bajo esa perspectiva clasificada por los legisladores como fuera de toda lógica, y en cuyos efectos se encuentra el que incidan en el abandono de las viviendas objeto del crédito, y hasta que se abulte en exceso la cartera vencida, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados se reunirá con los titulares de Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Entre los propósitos centrales de los representantes populares está el que les expliquen cada uno de ellos: por qué las amortizaciones a los créditos de los trabajadores representan más del 50 por ciento de sus salarios, cuando la Ley Federal del Trabajo establece que no debe rebasar el 20 por ciento.
Para ese fin, el panista Martín Rico Jiménez presidió una reunión con integrantes de esa instancia legislativa que él mismo encabeza, donde se acordó la urgencia de eliminar los cobros de créditos al Infonavit en salarios mínimos para que sean en pesos.
De acuerdo a una iniciativa del priísta Óscar Aguilar González, se debe reformar el artículo 44 de la Ley del Infonavit, para que se retorne al sistema monetario; es decir, que el cobro sea en pesos y no en salarios mínimos, porque ahora es más caro el financiamiento contraído con el instituto que con un banco.
Por ejemplo, si un trabajador tiene cuatro o cinco salarios mínimos, le cobrarán hasta 11.5 por ciento en veces salarios mínimos, y cada año se incrementa y se actualiza; por lo que nunca puede ver que el monto del crédito disminuya. Esto, obviamente, le afecta en mayor medida si llega a perder su trabajo.
Además, se debe dar a “beneficiarios” de un crédito una prórroga de hasta tres años, pero que no sea en los términos que estipula la ley actual. “Porque, por ejemplo, si el trabajador solicita una prórroga, esta es de un año y si al mes ya encontró trabajo, desperdició 11 meses. Deben ser contabilizados por días y de tres años como máximo, para que no caiga en cartera vencida o de morosidad”.
Sobre los recursos que tiene el Infonavit de trabajadores que no han ejercido sus créditos hipotecarios, otro diputado del PRI, Leobardo Soto Martínez, reveló que hay casi 70 mil demandas contra el Infonavit para que regrese el fondo pensionario a cada empleado. De acuerdo a la Ley Pensionaria del 77; hay unos 12 mil millones de pesos que beneficiarían a 800 mil trabajadores.
Hay una jurisprudencia al respecto, es necesario generar un dictamen no sólo del octavo transitorio sino de toda la Ley de Infonavit. “Si vamos a generar un beneficio al trabajador, vamos a hacerlo de manera integral, por qué generar pequeños parches que son puntos específicos que en poco benefician a los trabajadores”.
La Comisión se reunió además con el vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Pablo García del Valle, ante su interés por conocer el estatus en que se encuentra la Ley del Infonavit.
“La idea es ver de qué manera podemos compaginar sus objetivos con los de los de la Comisión para impulsar una política pública en materia de vivienda”, señaló Rico Jiménez, al indicar: “hay que reconocer que nuestras ciudades se han ido dispersando, se han ido fragmentando y en muchos casos se ha roto el tejido social, lamentablemente lo vemos en consecuencias de violencia y desintegración de la vida familiar”.
Se cuenta con suelo apto para construir las necesidades de vivienda, que son 21 millones de casas de aquí al 2030, en el centro y periferias de las ciudades del país, y evitar seguirlas dispersando y desintegrar urbes sin planificarlas a largo plazo. Serían 13 nuevas y ocho para remodelarlas.
El también diputado de Acción Nacional, Pedro Peralta Rivas propuso aprovechar el suelo urbano densificándolo, para que las familias no tengan que desplazarse grandes distancias para ir a sus escuelas, centros de trabajo o lugares de diversión. Basta de ciudades-dormitorio…
El PAN se aparta del Queso-Lardizabal; el PRI, no del gober… Ante los dimes y diretes lanzados entre panistas contra el aún alcalde de Monterrey y el gobernador Rodrigo Medina luego del ataque-terrorista-incendio del Casino Royale, la Comisión de la Función Pública de la Cámara baja mete las manos al asunto y exige a los dos funcionarios públicos le proporcionen toda la información relativa al caso.
El grupo de trabajo presidido por el diputado ecologista Pablo Escudero Morales, se reunió este miércoles donde acordó solicitar además que la Secretaría de Gobernación les brinde la información respecto a los permisos que se han otorgado para la instalación de casas de juegos, o pomposamente llamados: Centros de Apuesta.
Y ya entrados en gastos, también acordaron citar a comparecer a la procuradora General de la República, Marisela Morales, para que explique la función de la dependencia respecto a la Ley Anticorrupción cuyo pretendido objetico consiste en brindar protección a los ciudadanos o servidores públicos que denuncien actos de corrupción en las empresas.
Más aún, al comparecer a San Lázaro, que no es una iglesia, la procuradora deberá explicar la situación sobre la denuncia que hizo el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a la Secretaría de la Función Pública, por actuar con opacidad y esconder información solicitada sobre la evolución patrimonial del expresidente Vicente Fox y Martha Sahagún.
Igualmente, deberá dar a conocer la situación de corrupción denunciada por un grupo de gasolineros que habrían sido extorsionados por la exsubprocuradora de Verificación de la Profeco, Gladis López Blanco.
Durante la reunión, los legisladores aprobaron el dictamen que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada que será implementada en dependencias y entidades para dar mayor agilidad a los trámites: inhibe la práctica de corrupción, reduce la discrecionalidad, incrementa la transparencia y hace más eficiente la gestión gubernamental. Y como los pronósticos: más lo que se acumule esta semana…
IP de Coahuila le pone el cascabel a la víbora… La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la perredista Esthela Damián Peralta recibió la solicitud formal del sector empresarial coahuilense, para que se la Auditoría Superior de la Federación revise el uso que se dio a los fondos federales del 2006 a la fecha.
Peor aún, los representantes empresariales de Coahuila pidieron además que la Cámara de Diputados cree una comisión que investigue el endeudamiento en aquella entidad, que asciende a 33 mil millones de pesos.
Encabezados por Armando Guadiana Tijerina, consejero de la Cámara Minera de México, expusieron que ha sido del conocimiento público que en el estado de Coahuila se ha recurrido al engaño, a la falsificación de documentos y al abuso de poder para hipotecar el presente y el futuro de los coahuilenses, sin que actualmente se tenga conocimiento ni exista alguna obra en la que pudiera comprobarse el uso de esos recursos. Y ni pa´dónde hacerse mi Humberto…
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