Cosme Vázquez /ASICh
Padres de familia, hombres y mujeres de los barrios El Puente, San Sebastián, La Toma, El Palmar, La Pila de Arco y El Calvario de Venustiano Carranza, encabezados por Roberto Ordoñez de la Torre, manifestaron su inconformidad por la proliferación de cantinas y prostíbulos que operan a solo 100 metros de la escuela primaria Benito Juárez.
Ante esta problemática social que se genera con la presencia de 12 establecimientos en la 1ª avenida norte, en donde por cierto no hay ninguna farmacia, y que el presidente municipal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, quien se declara incompetente para poner orden, llegaron hasta Tuxtla Gutiérrez.
Dado que aseguran el alcalde les ha dicho que no le compete actuar para cancelar estos centros de vicios que operan sin permiso inclusive, los padres de familia han solicitado la intervención de la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Derechos Humanos, la Delegación de Gobierno en la zona y del diputado Carlos Valdés Avendaño, a quien agradecen por todo el apoyo otorgado para buscar la solución del problema.
Por esa avenida donde están los establecimientos de cantinas y prostíbulos caminan los niños que van a la escuela, por lo que tanto ellos como las mujeres son sujetos de presión de parte de teporochos que les piden dinero, además de presenciar actos que atentan a la moral, cometidos entre homosexuales.
Pidieron la intervención de las autoridades estatales porque en ese corredor no descartan que se lleve a cabo la trata de blancas, además del narcomenudeo, porque se trata de un barrio sin control, donde la música se mantiene a alto volumen y hasta la madrugada.
La comisión de inconformes expuso que ante la libertad de instalar cantinas y prostíbulos en Venustiano Carranza, de donde quiera llega la gente a poner estos establecimientos, toda vez que algunos propietarios son centroamericanos.
Ante la falta de autoridad municipal para poner orden, argumentando que no le compete hacerlo, Carranza se convierte en tierra del vicio y de la prostitución, por lo que los padres de familia claman la intervención de las autoridades estatales. ASICh