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El Primer Tribunal Colegiado del XX Circuito ordena la reinstalación y el pago de sus salarios a la jueza Isabel Álvarez Ramos, quien hasta hoy está presa por dictar una sentencia apegada a derecho otorgando la libertad de Omar Fernando Rosales Toledano, quién fue acusado por feminicidio de Viridiana Flores Ramírez.
Noé Maza Albores, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Chiapas, dio a conocer que al darle seguimiento al tema de la jueza, observan que el 04 de octubre se dictó la sentencia favorable, donde se instruye a la autoridad estatal sea reinstalada y se le pague todas sus prestaciones a que tiene derecho, privadas desde el 31 de octubre de 2018.
Acompañado del secretario técnico de la CIDH, Alberto Aguilar, dijo que la sentencia está apegada a derecho porque el Tribunal Colegiado de Circuito encontró que se inició una suspensión a la jueza sin haberse iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, y también que fue muy apresurado el haberla suspendido habiendo pendientes otros procedimientos ordinarios, como consecuencia de la sentencia absolutoria que dictó Alvarez Ramos.
En tanto, observó que aun cuando no se trata de un delito grave, establecido por el código penal, a la jueza la instruyeron prisión preventiva oficiosa, lo cual no se ajusta a derecho, porque es situación arbitraria que se ha cometido en contra de esta persona, puesto que todavía no había culminado el proceso correspondiente en las instancias respectivas que establece la Constitución de la República.
No es delito grave porque es un delito cometido contra la administración de justicia, consideramos que se ha actuado en forma apresurada para privarla de su libertad, subrayó.
Maza Albores consideró que las autoridades responsables, como es el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas tendrán que resolver conforme a derecho, porque es una máxima autoridad federal la que resolvió se le restituya y se le pague sus salarios caídos, por lo que la CIDH estará pendiente para que se de cumplimiento a este ordenamiento del Colegiado.
Puntualizó que nunca debió juzgarse a priori el proceder de la jueza, sobre todo que se tuvo inconsistencias en el proceso respectivo. Esa es una violación a los derechos humanos de Isabel Alvarez Ramos, porque debieron resolver en un plazo perentorio máximo de 30 días a partir de su detención.
A su vez, Alberto Aguilar anotó que el Tribunal ha instruido a la Sala de San Cristóbal de Las Casas que resuelva el miércoles de esta semana sobre este caso de la jueza, que puede ser de las pocas que están recluidas por delitos no graves. ASICH