Por Alejandro Pastrana Valls
La opinión pública es la preferencia social a determinados productos, eventos o circunstancias. En el ámbito político, es la reflexión sobre la conducción o el desarrollo de los gobiernos, facilitando el análisis de la aprobación o el rechazo al partido gobernante y la evaluación del impacto de las políticas públicas establecidas: en síntesis, es la suma de las preferencias políticas del electorado.
A partir de la opinión pública se puede conocer cuál es la percepción social del desenvolvimiento del gobierno en turno, establecer un mecanismo que instituye un sistema de rendición de cuentas entre la sociedad y el partido en el gobierno sin tener la necesidad de esperar al período de elecciones, principio fundamental para el desarrollo de una democracia en formación a otra ya consolidada.
En este escenario, el activismo social de los jóvenes ha evolucionado, la inmediatez en el acceso a la información, la desaprobación de las instituciones prevalecientes, el descontento con los gobernantes y el cambio en los patrones de consumo, han dificultado el ejercicio de los partidos políticos, los cuales han estado acostumbrados a las prácticas clientelares y a la verticalidad en la relación sociedad-gobierno. Ello ha facilitando la entrada de nuevos actores en la vida política del país, quiénes en base a la opinión pública buscan “encajar” acertadamente en los intereses del electorado: por ejemplo, las candidaturas independientes o los candidatos que no pertenecen a una opción política.
Una forma simplista para conocer cuál es la opinión pública de la ciudadana es adentrarse al análisis de la aprobación presidencial. El modelo de voto económico realizado por Key (1966) y aplicado por Kramer (1971) argumenta que los ciudadanos premian o castigan (en términos electorales a través del voto) al gobierno dependiendo del desarrollo de la economía. Este modelo asume al presidente como gran responsable de la economía; por lo tanto, el modelo de premio-castigo se ve reflejado directamente en la aprobación o desaprobación del partido en el gobierno. La simpatía que el ciudadano tiene con el accionar del gobierno y las políticas públicas implementadas incrementarán la probabilidad de que éste participe y vaya a las urnas. Por ello, niveles altos de participación electoral implica la aprobación de la gestión del gobierno. Este instrumento, votar, puede considerarse como “accountability” (rendición de cuentas).
Esta teoría se debilita si se considera que existe una situación económica fuerte y gobernantes con una aceptación alta. Por ejemplo, políticos carismáticos que llegaron a formar gobierno con un nivel de aprobación alto: Fox y Obama, quiénes en sus elecciones intermedias presenciaron una revuelta electoral en contra de su partido político. También en las administraciones priistas ocurrió algo similar, en la administración de 1994-2000 a pesar de los avances económicos y de la aprobación en las evaluaciones del presidente en turno Ernesto Zedillo, la sociedad mexicana fue escéptica en cuanto al desempeño de una nueva administración priista, dando el voto y la simpatía a la opción de la derecha (PAN) con Vicente Fox.
En este sentido, la opinión pública en ciertas ocasiones no refleja factores que intervienen en la decisión de voto de los ciudadanos: circunstancias que no se pueden medir ni especificar; por ejemplo, el desencanto social.
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