Alberto Aziz Nassif
El mundo laboral mexicano es un espacio completamente obsoleto para un país que aspira a tener una democracia consolidada. Sin embargo, a pesar de que hace tiempo se espera que se hagan reformas, hasta la fecha no ha sucedido, porque la lógica ha sido no mover nada hasta que se pueda hacer un cambio integral.
El pasado 9 de octubre se rompió esa lógica: un senador del PAN, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, propuso la modificación de cinco artículos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que los sindicatos se abrieran a la transparencia. Las reacciones de varios líderes sindicales fue condenar el hecho de forma inmediata y calificarlo como un atentado contra la autonomía sindical y “una declaración de guerra”.
Esta iniciativa llama la atención porque se limita sólo a uno de los temas de una reforma laboral integral, la transparencia sindical. ¿A quién le conviene que los sindicatos sigan amarrados a los lastres del pasado corporativo? Por una parte, existe un control que ejercen el Estado y los diversos gobiernos; se trata de mecanismos de manipulación sobre las reglas laborales; y por la otra, hay una gran opacidad en la vida interna de las asociaciones gremiales para manejar de forma discrecional los recursos y liderazgos sindicales.
Seguir con estos lastres no les conviene a los trabajadores que demandan transparencia y rendición de cuentas, como parte de sus derechos más elementales. Los beneficiarios del control y la opacidad son los diversos gobiernos, que suelen manejar las reglas laborales de acuerdo con sus intereses políticos: a discreción se otorga o se niega el reconocimiento de liderazgos y sindicatos. Por otra parte, la opacidad es el reino del sindicalismo corporativo y de los contratos de protección. No son lo mismo, pero se manejan de forma similar; ambos son una expresión de un autoritarismo que ha generado impunidad, privilegios y un manejo discrecional de recursos millonarios que son de los trabajadores. No es extraño que líderes tan emblemáticos de la opacidad como Elba Esther Gordillo, Joel Ayala, Gamboa Pascoe, Romero Deschamps o Víctor Flores sean enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas.
Hay otro actor interesado en mantener el statu quo, los grupos empresariales, porque para ellos es más conveniente entenderse con un líder “charro” que con un líder auténtico. Es mucho más sencillo firmar un contrato y depositarlo ante la autoridad laboral, completamente a espaldas de los involucrados, y con ello comprar una franquicia sindical de protección —simular un contrato— y no enfrentar una negociación real sobre las condiciones de trabajo. Esta figura ha llegado a ser tan dominante en el mundo laboral que actualmente se calcula que nueve de cada 10 contratos son de este tipo.
La transparencia en materia laboral forma parte de los muchos pendientes que existen sobre una nula rendición de cuentas. El sindicalismo no forma parte de la transparencia, no es un sujeto obligado y sólo de forma parcial, en algunas leyes de transparencia estatales, se le considera como tal.
De parte de los trabajadores existe un gran desconocimiento sobre sus condiciones de trabajo, no se conoce a los líderes, mucho menos se sabe el destino de las cuotas que pagan. Este complejo problema necesita atención desde diversos ángulos: una parte se refiere a la discreción de las autoridades en los mecanismos de registro y validación de las organizaciones; otra apunta hacia el problema de cómo hacer para que la contratación colectiva, el corazón de la vida laboral, sea una actividad real y no simulada o simplemente corporativizada; es necesario terminar con los obstáculos que tienen los juicios de titularidad, para que los recuentos sindicales se hagan de forma democrática, mediante el voto secreto.
El argumento de la autonomía sindical, que han puesto sobre la mesa varios líderes sindicales, es pura retórica. La autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas son plenamente compatibles. La supuesta afectación a la autonomía es un pretexto de líderes no democráticos para mantener sus posiciones de poder, para lo cual necesitan seguir con la secrecía en el manejo de los recursos. La vida interna de un sindicato no tiene por qué ser opaca; al contrario, la transparencia y la rendición de cuentas son piezas indispensables para que los trabajadores puedan saber y decidir el destino de los recursos de su organización; además, se trata de instrumentos para combatir la corrupción. La autonomía de las instituciones en los sistemas democráticos es la capacidad para autogobernarse; un sindicalismo fuerte pasa por la democracia y la legitimidad que le da la rendición de cuentas. Sólo de esa forma se podrán enfrentar las presiones de la empresa y del gobierno.
La transparencia forma parte de una agenda de democratización del mundo laboral. Algunos pasos se han empezado a dar para terminar con la secrecía que ronda al trabajo. Es correcta la propuesta de adicionar al artículo 371 de la LFT para establecer el derecho a la información sobre el patrimonio y los recursos sindicales; para que exista el derecho a votar y ser votados, así como garantía de audiencia y defensa en los derechos internos. En este punto es muy importante añadir el voto secreto, que ha sido una vieja demanda democratizadora.
También es una medida correcta establecer que toda la información que los sindicatos proporcionan a la autoridad laboral tenga un carácter público, y deje de considerarse como un secreto de Estado. Lo que resulta una exageración es que cualquier ciudadano pueda solicitar por escrito información a las organizaciones sindicales. Lo correcto sería establecer la creación de un registro público autónomo de sindicatos y contratos, como el instrumento para facilitar la transparencia.
La lucha por la transparencia del mundo laboral ha empezado a dar sus primeros pasos con algunas resoluciones del IFAI en la materia; así como con las primeras páginas de transparencia en el DF y en la Secretaría del Trabajo. Estos esfuerzos iniciales se enfrentan a un poderoso mundo de control y opacidad que se resiste ferozmente a cambiar. Esta iniciativa puede fortalecer la democratización de un espacio que sigue sometido al control y la opacidad.
Investigador del CIESAS