Detona arbitraje Comercializadora La Junta contra SCT y denuncias en SFP para defender su registro en Puerto de Manzanillo
Alberto Aguilar
EN EL CONTEXTO del esfuerzo que realizará la SCT que encabeza Gerardo Ruiz Esparza para empujar infraestructura, los puertos serán otro flanco importante, máxime la orientación hacia el exterior que tiene México.
El Puerto de Lázaro Cárdenas debe ser de clase mundial y se visualizan también fuertes inversiones en el de Veracruz, tan tradicional en ese rubro.
Además será prioridad el desarrollar el Puerto de Matamoros que de entrada tendrá un énfasis petrolero para recibir buena parte de la exploración de aguas profundas que eventualmente tendrá Pemex que dirige Emilio Lozoya.
Como es previsible, también en esa área el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que superar obstáculos de diversos intereses que buscan preservar el estatus quo y que aprovecharon la debilidad del gobierno de Felipe Calderón.
Un caso palpable respecto a esto último se dio en la terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas en donde la firma asiática Hutchison Port Holding (HPH) que dirige Jorge Lecona interpuso recursos legales para detener la llegada de la holandesa Maersk vía su subsidiaria APM Terminal que comanda aquí Jorgen D. Nielsen.
Apenas unos días antes de que concluyera el sexenio se logró sacar el asunto para que este otro actor opere una segunda terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas a partir del 2015.
En ese contexto hay otro asunto ligado al Puerto de Manzanillo del que vale la pena platicarle y que podría poner en predicamentos a la Coordinación General de Puertos de SCT que encabeza Alejandro Chacón.
El expediente se remonta a la gestión de Luis Téllez como titular de SCT y se vincula a la Comercializadora La Junta S.A. que ha operado en Manzanillo desde principios de los 90’s a través de una concesión y luego vía una sesión de derechos que le otorgó la API de ese puerto a mediados de esa década.
Resulta que desde principios del sexenio pasado la API de Manzanillo a cargo de José Luis Dip Leos, con Alejandro Hernández Cervantes en la dirección de Puertos, el propio Chacón y con el aval de Téllez se inició la cancelación del registro a la Comercializadora La Junta.
El tema ha seguido en todo este tiempo litigándose, pero hace unos días volvió a cobrar bríos.
La argumentación de SCT fue que esa empresa incumplió la entrega de información estipulada en el contrato, incluido lo relativo a seguros.
La afectada que encabeza Julio Gómez Fernández arrancó su defensa a través de diversas vías, para evitar que SCT le arrebatara los derechos de Manzanillo, que es su única fuente de ingresos.
Se denuncia que el accionar de SCT “ha sido sospechoso”, puesto que otras firmas con concesiones similares presentan comúnmente ese tipo de fallas.
Además se asegura que antes de proceder a cancelar el registro se debió requerir la información o bien detonar un mecanismo de arbitraje contemplado contractualmente.
Justo la semana pasada y ya en la agonía de la administración de Calderón se presentaron denuncias ante la SFP, por la supuesta irregularidad en la actuación de los funcionarios involucrados.
Por si fuera poco y también muy de la mano con los tiempos políticos, en la última semana se noviembre se solicitó el arbitraje al que deberá comparecer la SCT.
Se cree que el asunto va para largo, no obstante que en todos estos años el margen de acción para la Comercializadora La Junta se estrechó.
De tener con su terminal de granos el 20% de participación del mercado del Puerto de Manzanillo, ya sólo tiene el 7% dado que SCT le fue restando la posibilidad de ampliarse, no obstante su voluntad de invertir.
Este es otro expediente que hereda el actual equipo de SCT. Habrá que ver su derrotero.
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AYER POR LA noche el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que encabeza Benjamín Grayeb se reunió, como le adelanté, con el titular de Economía Ildefonso Guajardo para analizar el tema de la desgravación arancelaria de última hora del sexenio pasado, que afecta a cantidad de productos primarios como el pollo, papa, cárnicos, chile, frijol y alimentos del mar. El CNA entregó un documento a Guajardo y a su equipo y a partir de hoy se iniciará una revisión a fondo del tema dados los diversos impactos que se prevén. Por lo pronto esta semana ya comenzaron los amparos de las empresas fabricantes de triplay tropical agrupadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera (ANAFATA) que comanda Jorge Fernández de Castro y que fue otro de los rubros sorprendidos por la medida que implementó la subsecretaría de Industria de Economía que encabeza Lorenza Martínez. Se conoce que igualmente algunos productores cárnicos ya iniciaron su defensa legal. A estos seguramente se sumarán fabricantes industriales, en este caso con todo el apoyo de Concamín que comanda Francisco Funtanet.
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TRAS DE QUE hace unos días la CFC que encabeza Eduardo Pérez Motta aprobó la operación de compra del 100% de Modelo por parte de AB InBev que encabeza Carlos Alves Brito, parece que la Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras ya habría hecho lo propio, esto apenas la semana pasada. De ser así la millonaria operación por 21 mil 100 millones de dólares habría librado otro filtro para cerrarse en el primer trimestre del 2013.
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EN EL BOOM de ofertas de bienes raíces, otra firma inmobiliaria que se prepararía para colocar ya sea CKDs o una FIBRA en el mercado bursátil es la especialista regiomontana en centros comerciales Acosta Verde que comanda Jesús Acosta Verde. La operación está a cargo de BBVA Bancomer que comanda el español Vicente Rodero. Esta firma tiene unos 30 centros comerciales de su propiedad en BC, Chihuahua, NL, Coahuila, Tamaulipas, SLP, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Edomex y Yucatán. También tiene en administración una docena de plazas. Así que considérela, puesto que ya se apresta.
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LA SEMANA PASADA la PGR ahora a cargo de Jesús Murillo Karam y la Procuraduría Fiscal que lleva Javier Laynez desecharon por improcedente el ejercicio de cualquier acción penal por supuesta evasión fiscal derivada de una denuncia que presentaron en BC contra Carlos Ruiz Sacristán como presidente de Sempra Energy y Luis Téllez como consejero de esa firma, un grupo de ciudadanos encabezados por Felipe Ruanova. El recurso deriva de la invasión de un terreno en Ensenada, propiedad de la estadounidense. Sus impulsores lo arrancaron como una especie de chantaje. En este asunto que ya es público, está también involucrado Eugenio Sánchez Ritchie, quien alguna vez estuvo ligado a aquel fraude de la Caja de Ahorro El Arbolito.