Protección de empleos pilar de recurso del sindicato siderúrgico en amparo definitivo y precedente para otros vs Economía
Alberto Aguilar
AUNQUE LA DECISIÓN se esperaba el lunes, fue hasta ayer cuando el juez encargado del expediente concedió el amparo definitivo al sindicato siderúrgico para detener la desgravación arancelaria del acero que el gobierno federal pretendía implementar este año.
La noticia corrió en la tarde como reguero de pólvora, puesto que las expectativas no eran muy altas dada la enorme presión que ejerció Economía.
El Sindicato Nacional de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedora de Autopartes que encabeza Tereso Medina Ramírez, ya había obtenido el 9 de febrero la suspensión provisional por parte del Juez Primero de Distrito en Coahuila José Daniel Nogueira Ruiz.
El nuevo logro constituye un hecho sin precedente porque por primera vez un gremio sindical decide ampararse para proteger a las empresas de una decisión de política pública que podría afectar la plantilla laboral, dada la eventual llegada de importaciones de países con los que no se tienen acuerdos comerciales como Brasil y China.
Además porque pocas veces se logra la asociación entre los trabajadores y la empresa para un objetivo común, ya que ambos factores de la producción normalmente son antagónicos.
La eliminación de aranceles al acero se detendrá quizá por lo que resta del año, puesto que en el juicio ahora se discutirá el fondo, y ambas partes deberán documentar sus posiciones.
Economía vía la subsecretaría de Industria a cargo de Lorenza Martínez, ha sostenido que con la baja arancelaria pretende acrecentar la competitividad en el rubro y con ello mejores condiciones para el consumidor.
La tesis podría ser discutible puesto que en el mercado mexicano no necesariamente hay condiciones de libre equidad, por los monopolios.
En la parte energética a la siderurgia le afectan las condiciones que imponen Pemex de Juan José Suárez Coppel y CFE a cargo de Antonio Vivanco, lo cual la industria alegó por meses.
El pilar del alegado del sindicato estuvo en la defensa del empleo de unos 550 mil trabajadores.
De ahí que el juez decidiera salvaguardar el interés general, ya que además con la medida el gobierno está obligado a volver a cobrar los aranceles a las importaciones que hayan llegado en los 60 días que han corrido de este 2012 más lo que se sume en las próximas semanas.
Economía de Bruno Ferrari deberá acatar la resolución o de lo contrario incurrirá en desacato.
En lo particular para el también diputado del PRI y presidente de la Comisión de Trabajo, en este caso Medina Ramírez, el logro refuerza las posiciones que ha esbozado en torno al “sindicalismo responsable”.
La medida además sentará precedente, máxime que diversos rubros industriales no están del todo conformes con la indiscriminada política de apertura que mantiene el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Apenas este martes el controvertido fallo para la mezclilla en la investigación por dumping contra China terminó sin cuotas compensatorias, volvió a levantar ámpula en la LXXV Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).
El presidente saliente Rodolfo García Muriel Martínez, y quien fue sustituido Moisés Rafael Kalach Bolas, no pudo evitar el llanto al narrar el naufragio de Parras y con ello el fin de seis generaciones de su familia dedicadas a este producto, por las prácticas desleales que se han permitido.
Junto con el recurso del sindicato siderúrgico la misma Canacero que preside Raúl Gutiérrez Muguerza interpuso otro amparo, al igual que Ternium y otras acereras del país.
Más allá de su evolución, los trabajadores llevan la vanguardia en un juicio que seguramente va para largo.
***
DADO EL FUERTE incremento de sucesos delictivos en diversas minas del país, la Cámara Minera de México (Camimex) que comanda Sergio Almazán ya ha realizado gestiones ante Segob de Alejandro Poiré y la SSP de Genaro García Luna para lograr una mayor coordinación de los tres niveles de gobierno y detener robos de minerales preciosos —oro y plata—, exigencias de derechos de paso e incluso secuestros. También se han implementado esfuerzos de coordinación entre las compañías para cerrar la brecha al accionar del crimen organizado. Como le platicaba, diversas empresas extranjeras, algunas de Canadá, ya evalúan sus inversiones por la inseguridad. Una de ellas es Goldcorp que lleva Salvador García que ha recibido fuertes golpes en Peñasquito Zacatecas y Los Filos en Guerrero. Vale señalar que entre 2011 y 2012 el negocio minero habrá invertido unos 9 mil millones de dólares. Hay actividad en 24 de las 32 entidades del país y se generan un millón 600 mil empleos. En captación de divisas este rubro ya incluso superó al turismo. Entre los estados con mayor incidencia criminal en detrimento de las minas están Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas e incluso Chihuahua.
***
TODO INDICA QUE la sofol Vértice de Samuel Suchowiecky sí se acogerá al concurso mercantil que solicitó desde finales del 2011. El visitador del IFECOM a cargo de Gricelda Nieblas prácticamente está por concluir su labor. Se espera que en 15 o 20 días a lo sumo se pueda tener ya una resolución del juez. Aunque la institución financiera realizó gestiones con algunos de sus acreedores, entre ellos la SHF de Javier Gavito, la reestructura que se busca se lograría en una mejor circunstancia bajo la protección de esta figura jurídica. Vértice tiene una pasivo de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales 90% se vincula a la SHF.
***
RIDÍCULO LO QUE ha propiciado el controvertido juez Felipe Consuelo Soto en Mexicana. Como era de esperar no hay dinero del ente jurídico Med Atlántica del hispano Christian Cadena. Por ello aún no se suscribe el convenio de acreedores para formarlos y pagarles. En consecuencia ayer SCT vía el subsecretario Felipe Duarte puntualizó que en tanto eso no se dé, no habrá certificado de operador aéreo, como injustificadamente los pilotos vía Fernando Perfecto, lo reclaman. Además queda por ver quiénes son los supuestos socios mexicanos, necesarios para cumplir el tope de 25% a la IED en aviación. También habrá que ver si 300 millones de dólares son suficientes para echar a andar una aerolínea. Sólo la liquidación de trabajadores anda en 80 millones de dólares y al fisco 70 millones de dólares. Están también los adeudos de turbosina, TUA con AICM y los otros grupos aeroportuarios, la compra de la marca al abogado Jorge Gastélum en algo así como 4 millones de dólares. Realmente quedaría muy poco para capital de trabajo, cuando algún día los dineros realmente se aporten.