Reunión ayer en Economía e insisten IP y sindicatos en ensanchar al tamaño de la crisis programa de paros técnicos.
Alberto Aguilar
Licitaría en mayo Conagua la recicladora de agua más grande por 600 mdd; en problemas “megaproyecto” de Fonatur en Sinaloa; Roche y Astra precio único a medicinas y alerta CFC; en 30 días árbitros de Canacar vs EU
La semana pasada se dio a conocer por parte del INEGI que encabeza Eduardo Sojo, el dato de la producción industrial de febrero, que como se preveía cayó 13.2 por ciento. Tan sólo las manufacturas se desplomaron 16 por ciento.
La cifra revela la profundidad del impacto que la recesión mundial ha tenido en México y que el gobierno vía la SHCP que encabeza Agustín Carstens intenta matizar al reiterar pronósticos desfasados de lo que caerá la economía.
Para marzo se estima que la industria volverá a decrecer, con lo que serán 8 meses consecutivos a la baja, considerando que en enero la producción disminuyó 11 por ciento, en diciembre 5.9 por ciento, noviembre 4.7 por ciento, octubre 2.1 por ciento y así sucesivamente hasta mayo del año pasado. Incluso marzo del 2008 con 5 por ciento.
Es en ese contexto al arrancar el año el gobierno de Felipe Calderón anunció una serie de medidas para preservar el empleo, en su conjunto insuficientes para hacer frente al tamaño de la coyuntura que se vive y considerando una economía que se contraerá alrededor del 4 por ciento.
Uno de los puntos es el programa de paros técnicos con apoyos de apenas 2 mil millones de pesos, que casi de botepronto la IP estimó limitados.
De entonces acá, se sabe, son muy pocas las compañías que se han beneficiado de dicha ayuda, no sólo porque el monto establecido es pequeño, sino porque las reglas preestablecidas son poco flexibles.
Ya Economía que lleva Gerardo Ruiz Mateos, modificó a principios del mes el programa de apoyo a paros técnicos e incluso se amplió el número de rubros susceptibles a empresas proveedoras de primera mano de la industria automotriz, maquinaria y eléctrica.
En la parte de procedimientos se eliminó el registro y aprobación previo de la Junta de Conciliación y Arbitraje para determinar que se está en paro técnico, y se ampliaron los beneficios hasta el 75 por ciento de la planta laboral de cada empresa, y no sólo a trabajadores que ganen entre 1 y 10 salarios mínimos.
Obviamente en la perspectiva de la IP, las modificaciones tampoco fueron suficientes y la presión se ha mantenido incluso por algunos sindicatos que dadas las circunstancias ven la posibilidad de un crecimiento fuerte del desempleo para los próximos meses, en el contexto del grave deterioro de la planta productiva.
Simplemente en EU ayer se daba por un hecho que Chrysler que lleva aquí Joseph A. Chamasrour se pueda declarar en quiebra de un momento a otro, en tanto que GM que comanda Grace Lieblien oficializó que parará temporalmente 14 plantas incluida la de Silao.
De ahí que no se descartan nuevos ajustes e incluso un incremento en los montos a los programas de paros técnicos.
Ayer por la tarde había agendada una reunión para tal efecto con la subsecretaria de Industria, Lorenza Martínez, miembros del CCE que preside Armando Paredes y representantes de los sindicatos.
El sector laboral no ha quitado el dedo del renglón para que el programa se ensanche de manera más enfática y también ha sostenido reuniones con el titular de Trabajo, Javier Lozano.
La petición de la IP y los sindicatos es abrir el acceso de los apoyos no sólo a las grandes empresas exportadoras, sino incluso a compañías nacionales altamente generadoras de empleos, y que hoy atraviesan por dificultades para salvaguardar su plantilla.
Obviamente será necesario aumentar el escuálido monto establecido de arranque, aunque uno de los desafíos será el presupuesto.
Así que en una de esas el programa de apoyo a paros técnicos vuelve a enmendarse para estar más en la tesitura de una recesión que es todo, menos un “catarrito”.
Una obra que habrá que poner en la mira es la planta de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que lleva José Luis Luege y que se anunció desde principios del 2008. Estará en Atotonilco Hidalgo y procesará 23 metros cúbicos de agua por segundo, con lo que será la tercera más grande del orbe. La idea es que sea capaz de tratar la mitad de todas las aguas residuales del Valle de México. Hoy sólo se recicla el 6 por ciento. Estaría lista para el 2012 e implicará una inversión de 600 millones de dólares. La licitación podría ahora sí arrancar en el transcurso de mayo. Ya lleva casi 6 meses de retraso del plan original. Más de una constructora se frota las manos. De entrada participarían ICA que comanda José Luis Guerrero, IDEAL de Carlos Slim y OHL de José Andrés de Oteyza, entre otras.
En cambio una obra que en definitiva se va a desfasar por la crisis, y en una de esas quedará como otro buen propósito de Fonatur que lleva Miguel Gómez Mont, es el “megaproyecto” Costa Pacífico en Escuinapa Sinaloa. La inversión es de 7 mil millones de dólares, que como está el financiamiento se ve inalcanzable. Claro que en una primera fase se contempla edificar 2 mil cuartos con una inversión de 400 millones de dólares. El problema es que uno de los rubros más afectados en lo inmobiliario es el turístico, dada la pausa por la crisis de inversionistas de EU, Europa y entre ellos los españoles, muy afectados. La propia Fonatur ha tenido que recortar obras previstas en Cancún, principal foco de atracción de divisas. “Costa Pacífico” sería el polo turístico del sexenio de Felipe Calderón. Ya ve que a Fonatur todo el que llega trae sus propios planes.
Trascendió en el ámbito farmacéutico un nuevo esquema de distribución de medicinas que empujarían, cada quien por su lado, Roche de Miguel Múnera y AstraZeneca comandada por Ricardo Álvarez Tostado. Tal cual la mecánica que se sigue hoy para los libros “con el precio único”, que vaya que ha encarecido esos productos, los laboratorios fijarían un costo inamovible en el mercado, con lo que el consumidor dejaría de beneficiarse de los descuentos de distribuidores y farmacias. Parece que el procedimiento no favorece mucho la competencia. Le adelanto que la CFC que encabeza Eduardo Pérez Motta no ha sido notificada.
La formación del juicio arbitral que inició Canacar que preside Jorge Cárdenas Romo, tardará unos 30 días y después se iniciarán las discusiones entre los expertos designados por los transportistas mexicanos y los del gobierno de Barack Obama. Es una especie de panel arbitral en el contexto del TLCAN, aunque no de gobierno a gobierno. Este proceso se inició hace un año y es otro esfuerzo en forma de esa cámara para validar sus derechos.