Pena de muerte asunto delicado
Muerte en vida
Cultura de la impunidad
Raúl Eduardo Bonifaz*
La idea de reinstaurar la pena de muerte, sea a nivel estatal o nacional, tiene muy pocas posibilidades de éxito. La oposición, especialmente al nivel federal, es casi absoluta y el rechazo ha sido casi unánime. Resultaría saludable para todo el país un debate nacional, con especialistas del tema, sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución para aprobar o no la pena de muerte. La imparable escalada de violencia del crimen organizado, que este año ha dejado más de cinco mil asesinatos, casi el doble que en 2007, así como las crecientes denuncias de secuestros, han llevado de nuevo la cuestión a la palestra pública.
Nadie puede negar que es entendible la reacción social que reclama la pena de muerte para los secuestradores, sobre todo ante los crímenes más recientes. “Pero también es cierto que resulta inútil la pena de muerte de los criminales de ese y otros delitos, sobre todo ante un Estado mexicano cuyos actores son incapaces de entender que no asistimos a un problema de penas mayores, sino de ineficacia y mediocridad en el ejercicio del poder, en los tres órdenes de gobierno.
La pena de muerte es llamada “la pena máxima”. Quizás por eso la mayoría apela a su legalización como castigo a asesinos y secuestradores. Pero se olvida que existe algo peor que la muerte, y es “la muerte en vida” y otros llaman “no dejar vivir”. Sólo los padres, hijos, esposos, hermanos de quienes son víctimas de secuestro y asesinato saben de la muerte en vida o lo que significa no dejar vivir.
Esas personas viven un sufrimiento que va más allá de la muerte; viven la muerte en vida, una tragedia que no los deja vivir. En cualquier caso, por impunidad, complicidad o gracias a una eventual legalización de la pena de muerte, los secuestradores y criminales nunca purgarán sus atrocidades con un dolor igual al que de por vida viven los familiares de sus víctimas. Por eso la pena de muerte parece estar más cerca de una venganza social, por un lado, y por el otro, de un pasaporte casi divino para que los infractores terminen su vida casi en calidad de mártires.
En México en 2005 se derogó la pena de muerte vía la Cámara de Senadores. Se eliminó el cuarto párrafo del artículo 22 que decía: “queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves de orden militar…” Sin embargo, no se aplicaba en el país desde 1961, cuando fue ejecutado un soldado en Saltillo, precisamente la capital de Coahuila. (La pena de muerte, no está en los códigos penales de ninguno de los 32 estados).
Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que no es estéril el debate sobre la pena de muerte cuando hay encuestas que revelan que 8 de cada 10 mexicanos están a favor de su implantación. Por su parte, Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, rechazó la posibilidad de llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la pena de muerte. De la misma manera, “sería una irresponsabilidad legislativa plantearse una reforma constitucional para abrir la pena de muerte en México”. Gustavo Madero, presidente del Senado, ha reiterado que la posición del PAN frente a la pena de muerte es de firme oposición. Manifestando que el tema se analiza, pero es “muy clara” la definición constitucional que tiene el país y las disposiciones firmadas en tratados internacionales. La Arquidiócesis Primada de México aseguró que los políticos que proponen la pena de muerte para los secuestradores sólo demuestran “irresponsabilidad y el oportunismo de un mal político que no ha sabido tomar su propia responsabilidad”.
En declaraciones de la dirigente nacional del PRI Beatriz Paredes, ha señalado que este tema se debe abordar con mucha madurez y sensatez, destaca que en el PRI hay posiciones diversas, pero que lo importante es que ya se puso en la mesa del debate un asunto muy delicado, muy complejo. “El país ha suscrito una serie de convenciones internacionales que prohíben la pena de muerte, recientemente se hicieron reformas constitucionales para ratificar esta prohibición. Hay en el PRI posiciones diversas y estamos dando causa a un debate respetuoso en el que se van a valorar opiniones distintas”.
La Presidenta del PRI Beatriz Paredes, ha expresado que la sociedad mexicana está indignada y que el nivel de crecimiento de la inseguridad “ha sido gravísimo”, pero estimó que la propuesta se debe contrastar con las convenciones de derecho internacional firmados por el país, con un conjunto de valores, con el esfuerzo de rehabilitación y readaptación en un ambiente tan crispado es muy difícil que esos conceptos prevalezcan. Declara que es un momento muy delicado y quienes asumen responsabilidades en el orden público tienen que ser muy maduros y muy sensatos
La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, atizó el debate nacional sobre la pena capital a secuestradores, al manifestarse a título personal a favor de este castigo ejemplar contra plagiarios que asesinen a sus víctimas. Así, la mandataria priísta se sumó a las posturas que en ese mismo sentido han manifestado los gobernadores Humberto Moreira Valdés, de Coahuila y promotor de la iniciativa que aprobó su congreso, así como Jesús Alberto Aguilar Padilla, de Sinaloa.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) ha criticado a los sectores que justifican el restablecimiento de la pena de muerte en México. Amnistía Internacional recordó que “la reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países y contextos”.
Además, ha pedido a las autoridades que no olviden que “el Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena de muerte a su sistema judicial”.
Y ante la irritación social por el secuestro, se propone la cadena perpetua pero es una parte del todo que debe ser reformado, no el todo, como lo pretende el Presidente Calderón. Se equivoca el Presidente, porque igual que la pena de muerte, la cadena perpetua no servirá de nada frente a un Estado y una clase política permeadas por la cultura de la impunidad, el culto a la complicidad y la feria de la negociación política de la ley. Junto con la cadena perpetua deben cambiar impunidad, complicidad y negociación política de la ley.
Transitar por la espinosa ruta de la pena de muerte en tiempos electorales es lo más cercano a pretender usar con fines políticos el drama y el dolor que para miles de víctimas significa el secuestro, flagelo que se convierte en tragedia ante la incapacidad. Las soluciones a los problemas de seguridad pública pueden encontrase atacando la impunidad. Si 98% de los criminales está impune de sus delitos, es evidente que la población se sienta herida, y busque apoyar la pena capital”.
¿Pero eso será posible? No mientras que el conjunto de las instituciones del Estado, los partidos, legisladores, juzgadores y gobernantes no rompan la cultura de la impunidad. Las posturas son sin duda expresiones políticas que responden tanto a una sensación de indefensión ante una delincuencia creciente como otra vez, a aparentar que se hace algo, sea contra el crimen o en torno al respeto a los derechos humanos.
El problema en gran medida es que los mexicanos desconfían sobradamente de los encargados de aplicar y administrar la justicia. La pregunta clave sería ¿podría confiarse en la solidez de un juicio que desembocase en una sentencia de muerte o exonerase a alguien de ella?. Para muchos mexicanos la respuesta es no.
Es difícil olvidar que los cuerpos policiales del país parecen incapaces para enfrentar una oleada delictiva de la que frecuentemente son parte; que la percepción pública es de desconfianza hacia ellos y sus métodos; que los organismos judiciales son más conocidos por su presunta o real corrupción y politización.
*Presidente del ICADEP, AC
bonifaz49@hotmail.com