El PRI actuará con energía para evitar infiltración del narco
Negar registro a candidatos vinculados al crimen organizado
Raúl Eduardo Bonifaz*
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a través de su Presidenta, Beatriz Paredes, desde el 4 de marzo del 2008, invitó a los partidos políticos para que conjuntaran esfuerzos en la prevención de infiltraciones del crimen organizado en los procesos políticos electorales. Se dijo, en ese entonces, en un discurso ante miles de priístas, dirigentes, legisladores y gobernadores: “El PRI actuará con todo rigor para evitar que el narco se infiltre, financiando campañas. Convoco a todos los partidos políticos a presentar una iniciativa que permita sustituir a candidatos postulados, ante la evidencia de patrocinios oscuros. La recuperación de la tranquilidad de las familias y la erradicación de la inseguridad pública, está por encima de propósitos electorales. Es la primera función del Estado. Demandamos del gobierno de la República más eficacia y menos estridencia. Es una tarea en la que, si se actúa con firmeza y honradez, sin manipulaciones para afectar a los adversarios políticos, se podrían construir consensos”.
En días pasados, en la sede nacional del PRI, con la presencia de Beatriz Paredes, el representante de este partido ante el Instituto Federal Electoral, Sebastián Lerdo de Tejada, dio lectura a un documento relacionado con el tema en el cual señaló entre otras cosas : “Hemos dicho, reiteradas veces, que la lucha contra el crimen organizado es un asunto de tal trascendencia para el país, de tal relevancia para la sociedad, que tiene que encontrar a los mexicanos unidos; que no es válido sacar raja electoral del tema. Por eso ha sorprendido el juego peligroso del dirigente del PAN, quien, probablemente para distraer la atención sobre el Gobierno Federal, en el que reside la obligación de combatirlo y trasladarla a la arena de las instituciones electorales y los partidos políticos, ha pretendido confundir a la ciudadanía al señalar que el PRI no quiere asumir la decisión, y cito: “Urge y reclamamos de parte del PRI, de sus dirigencias y de sus gobernantes una muestra clara de voluntad política de este blindaje electoral de las campañas; los vemos dudando en este tema en el Consejo General del IFE. Emplazamos a la dirigencia nacional del PRI a manifestarse públicamente si está a favor de ese blindaje de las campañas”. (Milenio p. 6, lunes 24 de noviembre).
“La presunción de dudas por parte del PRI, es una aseveración categóricamente falsa. El PRI fue el partido que se refirió, en primera instancia a este tema y convocó a los partidos, como ha quedado acreditado. Por otro lado, después del planteamiento del PAN ante el IFE, hemos sostenido un diálogo directo y fructífero con el Presidente de la institución electoral, expresándole nuestra disposición a encontrar las mejores fórmulas de colaboración, para blindar las campañas cuidando prioritariamente que no se desnaturalice la función del Instituto Federal Electoral, que como todos sabemos, es la de organizar y vigilar las elecciones. El IFE no debe involucrarse en tareas que no le corresponden. Hasta ahora, el Instituto no tiene atribuciones investigadoras o persecutorias; me parecería muy grave que, además de la enorme tarea que significa organizar bien las elecciones, se pretenda involucrarlo en el combate al crimen organizado”.
Los mexicanos estamos muy indignados por el crecimiento de la inseguridad pública y la infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder público federal, como para que se pretenda, con fuegos de artificio, distraer a la opinión ciudadana y sobreestimar el papel que pueden jugar los partidos políticos en un tema tan delicado.
Reiteramos la decisión del PRI de colaborar con todos los medios a nuestro alcance para que los procesos políticos electorales no sean infiltrados por la delincuencia, sea del crimen organizado o del orden común; pero sostenemos, con energía, que la función de combatir la delincuencia corresponde al Gobierno de la República, a través de la Procuraduría General, y a los otros órdenes de gobierno, en su calidad de coadyuvantes. La responsabilidad del gobierno es indivisible, no queremos prohijar experiencias que generen figuras extralegales que puedan derivar en un caos mayor.
Posterior a estas declaraciones, la Presidenta del CEN del PRI Beatriz Paredes, entregó en las instalaciones del Instituto Federal Electoral, personalmente al Presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el documento que plantea la opinión lo siguiente: El Partido Revolucionario Institucional comparte y se solidariza con el reclamo popular por los altos índices de inseguridad que privan en el país.
Las actividades ilícitas, no sólo ponen en riesgo la convivencia pacífica, libre y ordenada de los mexicanos, sino que representan, también, un peligro para la normalidad democrática, el sistema de partidos y la participación política ciudadana.Bajo esta premisa nuestro Partido considera necesario que el Instituto Federal Electoral, los Partidos Políticos y, de manera señalada, el gobierno de la República, reconociendo el problema en el que está inmerso el país, suscribamos una declaración conjunta.
Coincidimos en expresar nuestra firme voluntad para contribuir, en el ámbito de los fines que la Constitución nos otorga, a fin de que los fenómenos y las redes vinculadas con actividades ilícitas no interfieran en el proceso federal electoral.En tanto entes de derecho público estamos obligados a acatar las normas constitucionales y legales que rigen el desarrollo de los procesos electorales.
Coincidimos en que se establezca la figura de declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, conforme al formato que acuerden el IFE y los partidos políticos, entendiendo que dicha hipótesis sólo podrá actualizarse en el ejercicio del cargo para el que se le postule. Sin embargo, debe ponderarse que este planteamiento puede, por analogía, asimilarse a un nuevo requisito de elegibilidad que la legislación vigente no considera e incluso prohíbe.
Al mismo tiempo, reiteramos nuestra plena disposición a entregar las listas de precandidatos y candidatos a elección popular, a fin de que estas se publiciten. Conforme lo establecen la Constitución, la ley y los reglamentos, el PRI acata y promueve la entrega puntual y oportuna al IFE de la información financiera que con motivo de las precampañas electorales se generen por los precandidatos.
Los topes de gastos de precampaña y campaña son fijados por la propia autoridad, quien tiene facultades de fiscalizar y sancionar su incumplimiento. El Instituto Federal Electoral, incluso, puede obviar en cualquier momento el secreto bancario en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
Todas estas atribuciones legales vigentes, clarifican el origen y el destino de los recursos en las campañas. Corresponde a los partidos políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; al Instituto Federal Electoral la función estatal de organizar las elecciones y al gobierno federal garantizar el combate efectivo a la delincuencia organizada y generar condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral.
Ratificamos nuestro compromiso de observar el marco constitucional, legal y reglamentario que rige el proceso electoral. Precisamos observaciones al documento entregado por la Presidencia del IFE, que por nuestra parte, establecen bases para un diálogo constructivo y la búsqueda de acuerdos para la formulación de una declaración conjunta y, para que cada entidad aplique las medidas que le correspondan.
Nos parece relevante, promover una iniciativa de ley que permita la sustitución de candidatos que por causas imputables a conductas ilícitas deriven en la suspensión de sus derechos políticos ciudadanos.
Al mismo tiempo se debe analizar con seriedad, la posibilidad de acordar que cuando un partido político niegue o cancele el registro a un precandidato o candidato por disponer de evidencias que lo vinculen con el crimen organizado, ningún otro partido político lo postule; el partido que por estas razones niegue o cancele el registro lo deberá notificar al Instituto Electoral Federal, éste tomará nota y procederá en consecuencia.
Debe garantizarse que, dentro de sus atribuciones constitucionales el gobierno federal provea, en las zonas de alto riesgo mecanismos de seguridad para que los precandidatos, candidatos, funcionarios electorales, representantes de partido, observadores electorales, medios de comunicación y ciudadanos en general participen libremente en el desarrollo del proceso electoral.
Proponemos que el IF E celebre acuerdos con las instancias competentes del gobierno federal para que en el marco de sus atribuciones informen a los partidos políticos de aquellos proveedores o prestadores de servicios que estén sujetos a investigación por irregularidades o presuntas violaciones a la ley, con objeto de no realizar ningún tipo de operación con ellos.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la suscripción de un instrumento, sea declaración, compromiso, o acuerdo, con los actores pertinentes. Por nuestra parte, avanzamos en el cumplimiento de la legislación electoral y en la transparencia que genere plena certidumbre a la ciudadanía y, desde luego, refrendamos nuestro pleno rechazo a la injerencia de la delincuencia en los procesos político – electorales.
*Presidente del ICADEP, Chiapas
bonifaz49@hotmail.com