Raúl Eduardo Bonifaz*
_Municipios en quiebra
_Política de desarrollo social sin rumbo
_Policías con mejores seguros y vivienda
Resultado de la situación económica que enfrenta el país, los 2 mil 440 municipios de México están en riesgo de un colapso económico; los recursos que se les reparten están en función de la recaudación federal participable y ésta ha caído. Las presidencias municipales se perfilan hacía la ruta de la quiebra por la caída superior al 20 por ciento del fondo general de participaciones (más de 20 mil millones de pesos).
Esta disminución de las transferencias federales a los municipios, sin duda significará que se cancelen proyectos y programas que en materia de obras y servicios públicos ejecutan, y que están relacionados con la seguridad pública, la dotación de agua y el saneamiento, la recolecta y tratamiento de basura, el alumbrado público, el apoyo al mantenimiento de instalaciones de educación básica y salud, los programas de asistencia social y apoyo a grupos marginados y vulnerables; corren además el riesgo de despedir paulatinamente al personal de confianza.
La situación es especialmente grave, cuando por otro lado existe evidencia de que los recursos limitados con que aún dispone el gobierno federal, no se están aplicando de manera prioritaria y eficiente, como se desprende del análisis del Informe de Avance Financiero de Programas Aprobados Enero-Mayo de 2009, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Este informe señala que en el primer trimestre de este año existen subejercicios en las áreas de infraestructura, salud y desarrollo social en montos que superan el déficit que están registrando los gobiernos municipales.
El titular de la SHCP, Agustín Carstens aceptó que no conoce a fondo la información en torno a la posible quiebra de la mayoría de los municipios; “los recursos que se les reparten están en función de la recaudación federal participable y ésta ha caído”.
Ante esto, la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), a través de Jesús Vizcarra, presidente municipal de Culiacán, Sinaloa; demandó a la SHCP y al Congreso de la Unión, un programa emergente especial a fin de subsanar los gastos de operación dado que los recortes presupuestales inciden de manera directa en la operación de los municipios. La Fenamm, que concentra a mil 600 alcaldes del país, en su mayoría priistas, planteó a los diputados federales electos, trabajar conjuntamente con los gobiernos locales para rescatar de la difícil situación en que se encuentran la mayoría de los municipios del país, principalmente el 50 por ciento que depende de los recursos federales y que no generan recursos propios. Los presidentes municipales alertaron que la situación en las localidades podría empeorar en el último cuatrimestre del año, principalmente porque no tienen para pagar la nómina que representa hasta un 70 por ciento de los presupuestos locales.
Algunas de las propuestas hechas por los alcaldes del PRI son: planes de reducción de gastos, entre los cuales no descartan la reducción de salarios de los alcaldes y evitar compras innecesarias, como vehículos y combustible. Proponen que el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) sea un fondo y no un subsidio y se establezca de carácter permanente, al tiempo de que tenga un incremento de 50% y se convierta en un plan de acción para la prevención del delito.
Los presidentes municipales priístas, resaltaron la necesidad de un fondo de prestaciones para los policías y mejorar los seguros y vivienda, y señalaron que requieren más recursos para indemnizar a elementos policíacos que tienen que dejar sus puestos al no lograr acreditarse en el marco del proceso de control de confianza establecido en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los presidentes municipales también quieren que se devuelva a los ayuntamientos el IVA y que se les pague el Impuesto Sobre la Renta a estas instancias.
Por su parte, alcaldes electos del Partido Acción Nacional (PAN) incorporados a la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC) exigieron a la SHCP, que ejerza el Fondo de Estabilización hacia los municipios y, de manera paralela, que los gobernadores apoyen su rescate financiero para evitar un colapso en el ámbito nacional.
El expresidente municipal de Ecatepec de Morelos, José Luis Gutiérrez Coureño, quien presidia la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) del PRD, dijo que la cancelación del gasto público en las comunidades, la obra social detenida, el incumplimiento de compromisos con los proveedores y con los propios trabajadores de los municipios y la suspensión de programas sociales vienen a constituir el antecedente de un estallido social. “Esto apunta a un escenario de descomposición social peor que el que se vivió hace 100 años en vísperas de la Revolución”.
También la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm), que integra a todas las asociaciones de municipios del país envió una carta a la Secretaría de Hacienda para solicitarle ejerza el fondo de estabilización hacia los municipios.
Estudios de analistas pronostican que el crecimiento de la marginación urbana aumentará y muchos de los gobiernos municipales enfrentarán una presión mayor de la delincuencia organizada, que verá en la crisis su oportunidad de capturar ciudades enteras. “Lo que puede llegar a suceder es que los alcaldes se decidan por la ilegalidad de los narcotraficantes para que puedan salvar sus gobiernos”, advierte Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
Ante esta crisis, los gobiernos municipales deben asumir mayores funciones y responsabilidades, y atender de manera conjunta, los problemas comunes que no pueden superar de manera aislada y dispersa; por ello, la Asociación de Ayuntamientos por el Municipio Libre (AMMAC) del PAN; la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) donde se agrupan los Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática; y la Federación Nacional de Municipios de México, (FENAMM) que agrupa las tres asociaciones regionales de presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional, tienen que realizar un intento de mayor coordinación entre ellas, y el gobierno federal debe incluir a la Conamm en los acuerdos nacionales, de los que ahora está excluida, pues sólo han tomado en cuenta la presencia de la Conago.
Aún cuando estas tres asociaciones comparten intereses a favor de la autonomía el fortalecimiento y el desarrollo municipal, han venido trabajando de forma independiente con limitados espacios comunes; dificultándose con esto la interlocución única de los municipios mexicanos ante organismos federales e internacionales, y debilitando la expresión del municipio para intervenir con fuerza en la agenda pública nacional. Teniendo así que asuntos medulares de la vida municipal como son las reformas constitucionales, se han hecho en gran medida sin la opinión de los municipios.
Sumado a todo lo anterior, en México hay un gran número y dispersión de programas sociales; falta reforzar las evaluaciones externas en estados y municipios; la calidad de algunos servicios públicos es insuficiente; falta mayor coordinación entre los programas sociales, la política de seguridad social y la política laboral para un mejor cumplimiento de los derechos sociales.
Es público, que el objeto de la política social está parcialmente fragmentado y disperso, por lo que es necesario reforzar los sistemas de evaluación en el país, especialmente en los estados y municipios. Además, no se mencionan explícitamente los derechos sociales en los planes y programas de los gobiernos, y es insuficiente tanto la coordinación al interior y entre instituciones que tienen a su cargo programas y políticas de desarrollo social, como la coordinación entre la federación, los estados y municipios en materia de desarrollo social.
El panorama 2009 para los municipios en México es desalentador y oscuro. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció que la recesión incrementará la pobreza alimentaria. La dependencia federal acepta que especialistas estiman un incremento de hasta ocho millones de mexicanos en este sector de marginalidad; es decir, la pobreza más “terrible”, que se traduce en no tener dinero para la compra de alimentos, impactaría a más de 22 millones de personas en el presente año.
Y lo peor, la mayor incidencia de pobreza se concentra en municipios del Sur y Sureste del país, con poblaciones indígenas, en zonas montañosas y de difícil acceso. Ahí se encuentra el nivel más alto de miseria y el mayor costo para llevar ayuda.
Se reitera que los municipios como los estados, tienen que hacer algo por sí mismos, los ayuntamientos tienen que activar sus propias fuentes de ingreso (predial). Los diputados federales y estatales tienen que aprobar leyes que permitan fortalecer los ingresos de las presidencias municipales.
El municipio es una institución fundamental porque representa el primer contacto de la ciudadanía con sus autoridades. Lamentablemente, este es un asunto que no se resuelve de la noche a la mañana y las condiciones de quebranto financiero en las presidencias municipales no vislumbran mejores condiciones para 2010.
*Presidente del ICADEP,A.C., Chiapas
bonifaz49@hotmail.com