_Sueldos que ofenden
_Que nadie gane más que el Presidente
_Ministros de la Suprema Corte ¿casta dorada?
Raúl Eduardo Bonifaz*
La Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de Salarios Máximos, que pone fin a los excesos salariales de servidores públicos de alto nivel, quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República. Así, se modificará el Artículo 127 constitucional para precisar que esta ley se aplicará a todo servidor público federal, estatal y municipal, pues fija las bases para la designación de remuneraciones.El Presidente de la República gana al mes $152 mil 467; un diputado federal percibe $152 mil 446, mensuales; $125 mil 500 cobra en el mismo lapso un senador. En esta disposición se incluye regular las percepciones de gobernadores y presidentes municipales y, entre las modificaciones que se aplicaron, se acota la obligación de las dependencias de transparentar los tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos y que, anualmente, lo establezcan en los proyectos de presupuesto de las respectivas entidades y poderes. Ello, porque la Ley de Salarios Máximos establece tope a los salarios de los servidores públicos, con base a tabuladores que estipulan como máxima percepción la del Presidente de la República.
Del caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se argumentó que debió hacerse una concesión -para evitar un juicio de inconstitucionalidad-, de forma tal qué todos los nuevos ministros entrarán al sistema general contenido en esta reforma, respetándose el Artículo 94 constitucional que dice que a los ministros de la Corte no se les puede disminuir el salario.
¿Por qué cometer estafas fuera de la ley cuando se pueden cometer dentro de la ley? Las contrahechuras de nuestra incipiente democracia explican privilegios excesivos para una clase gobernante poco sensible a la realidad de la mayoría.
Se ha dicho -alguien lo cuestiona- que México es una de las naciones más desiguales del planeta. No es sólo el tema ancestral de la pobreza, sino el de monstruosas disparidades entre minorías privilegiadas y amplias franjas de la población que sobreviven con prácticamente nada. Uno de esos extremos es el de los ingresos que se han fijado para la cúpula del Poder Judicial: los ministros, los consejeros de la Judicatura y su alta burocracia. Sus responsabilidades son mayúsculas, es cierto. Pero comparados con la retribución que reciben los jefes de Estado (de México, Chile, Guatemala…), los salarios y prestaciones resultan inadmisibles.
En un intento vano por justificar lo bochornoso e injustificable no ha faltado quien refiera la dimensión y trascendencia de su labor. No obstante ello, el argumento pierde sentido cuando se sabe, por ejemplo, que un magistrado de la Audiencia Nacional de España, como el Juez Baltasar Garzón, quien promovió el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet y ha enjuiciado terroristas, gana 4 mil 500 euros: 89 mil 190 pesos, casi una cuarta parte de las remuneraciones de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿De qué pasta están hechos los señores ministros mexicanos? ¿La rectitud de un juez depende de la estabilidad de su cartera? ¿Para ejercer sus encargos con dignidad requieren detentar ventajas ciertamente lícitas pero inmorales en un país donde el salario mínimo es de mil 500 pesos? Periódicos, han publicado reportajes en torno a los gastos en restaurantes de lujo de ministros en activo y jubilados. Un solo ejemplo:6 mil pesos en una sola comida, es decir, el equivalente al ingreso de cuatro meses de un trabajador con salario mínimo con cargo a los contribuyentes.
¿Cuál es el sentido de justicia de quienes muestran semejante desprecio por la realidad de su país? Un país con millones de desempleados y subempleados, donde la mayoría tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, no puede admitir la existencia de una casta dorada. Tan solo, de enero de 2006 a agosto de 2008, los ministros generaron alrededor de 2 mil 700 facturas por concepto de gastos de alimentación que les son pagados con cargo al erario. 34 de los 35 ministros jubilados cargaron al erario casi medio millón de pesos, en 32 meses, por concepto de comidas en restaurantes de lujo, ubicados en lugares como Cancún, Cozumel e incluso en el extranjero. Senadores y diputados del Congreso de la Unión consideraron un “exceso” y una prestación “indignante” de la Suprema Corte cargar al erario las comidas en restaurantes de lujo que disfrutan los ex ministros, por lo que llamaron a regular cuanto antes ese rubro. Si bien, la autonomía de que goza la Corte, tiene su origen en evitar la injerencia de otros poderes en su toma de decisiones, y en su ejercicio dicha calidad debe de estar acompañada de “racionalidad y prudencia”.
Y quienes no se quedan atrás, como parte de su política de “austeridad económica”, durante este año, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) gastarán un millón 385 mil 100 pesos sólo en alimentos, de acuerdo al Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando para el Ejercicio Fiscal 2009. De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta suma será repartida a una decena de funcionarios, sin contar su salario y prestaciones, ya que los consejeros ciudadanos del IFE, dispondrán de 11 mil 970 pesos mensuales para comidas, rubro que no considera banquetes o servicios de restaurante por reuniones del Consejo, juntas y eventos. Esto, para el primer grupo jerárquico del IFE, en el que está considerado el consejero presidente, los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo, quienes tienen salarios mensuales de 141 mil 15 pesos a 172 mil 373, más prestaciones, como telefonía celular, de 3 mil 600 pesos, seguros etc.
Hay que reconocer que, en general, los diferenciales de percepciones salariales, por lo menos en el Ejecutivo federal, son razonables y comparables con las que se presentan en países de mayor igualdad social que en México. Por supuesto que hay que acotar los niveles abusivos e injustificados como son los casos de la Suprema Corte y de algunos de los gobernadores y presidentes municipales. De mayor complejidad , sin embargo, es que en el análisis de percepciones muchas veces habría que incluir una cantidad de prestaciones y apoyos que muchos funcionarios reciben y que son parte de su sueldo “extendido”; tal es el caso de bonos, choferes, ayudantes, guardaespaldas, automóviles, oficinas y gastos; con frecuencia los abusos están ahí, pero no se ven directamente.
Tenemos que exigir más transparencia y conocimiento público para que los niveles de sueldos y salarios en todo el país también sean objeto de escrutinio y discusión pública; finalmente, hay que recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de redistribuir recursos entre los más ricos y los más pobres, por lo que se debe volver a repensar en mecanismos impositivos más efectivos, que últimamente hemos dejado a un lado del debate nacional.
*Presidente del ICADEP, Chiapas
bonifaz49@hotmail.com