Amalia D. García Medina
Los inmigrantes son uno de los principales creadores de riqueza. Esta conclusión se desprende de una gran cantidad de estudios que se proponen investigar el impacto de la migración tanto en sus países de procedencia como en aquéllos a los que llegan.
El asunto no es tan lineal, desde luego; contiene una gran variedad de retos de diferente complejidad que abarcan aspectos culturales —en algunos casos la xenofobia—, una mayor demanda de servicios o la dolorosa separación de las familias de migrantes, que provoca, también, un resquebrajamiento en las comunidades de origen; ello aun sin mencionar los riesgos que implica trasladarse al país de destino.
Sin embargo, diversos estudios de la ONU y de otras instituciones multilaterales y académicas confirman que la aportación de los migrantes dinamiza las economías al proporcionar mano de obra suficiente para cubrir las demandas de los países industrializados, al mismo tiempo que consumen y pagan impuestos. De acuerdo con estas investigaciones sólo 16% de la población en condiciones de trabajar vive en países desarrollados; es por ello que atraen 60% de la migración. En los últimos 30 años, a nivel mundial el número de inmigrantes casi se ha triplicado al pasar de 72 a 200 millones de personas, y se prevé que esta tendencia se incremente debido a que las desigualdades se agudizan.
Es decir, es cierto que la migración se debe a la falta de oportunidades en las naciones expulsoras, pero está claro que también responde a necesidades específicas en los países industrializados; es, por lo tanto, un asunto bilateral y como tal deberíamos establecer condiciones mutuamente benéficas que evitaran y persiguieran las violaciones a los derechos humanos de que son objeto los migrantes, el trato discriminatorio, las deportaciones masivas y las medidas persecutorias e intimidatorias que padecen.
Es un tema complejo porque en muchos países la criminalización provoca la exclusión; lo cual beneficia sólo a quienes, valiéndose de ello, les niegan derechos laborales y condiciones dignas de trabajo.
En nuestro caso, debemos continuar insistiendo en tratar a éste como un asunto de la agenda binacional entre Estados Unidos y México, y no como un asunto interno. Sobre todo ahora, cuando el incremento de las medidas de seguridad nacional por la amenaza del terrorismo debería conducir a la documentación de quienes no dañan, sino que está demostrado que contribuyen a la fortaleza económica de ese país.
La falta de acuerdos en torno a una reforma migratoria integral con Estados Unidos hace todavía más difícil el transcurrir de la vida cotidiana de nuestros migrantes. Ya lo estamos viendo con la continuación del muro en la frontera común, el retiro de licencias de manejo y la intensificación de las deportaciones.
Hoy, estamos obligados a ir más allá. Es urgente que las autoridades mexicanas respondan a nuestros paisanos ampliando los recursos y la cobertura que ofrecen los consulados mexicanos, para que se les pueda brindar la asesoría y el apoyo oportuno en la defensa de sus derechos humanos. Es necesario que estas representaciones del gobierno mexicano brinden asesoría a las familias de los migrantes que han sido deportados, con el fin de procurar la protección de sus propiedades, empresas, ahorros, así como para asegurar la educación de sus hijos.
Ahora que se discute el presupuesto en la Cámara de Diputados, es indispensable destinar recursos suficientes para que la atención sea efectiva y accesible. Es momento, también, de conformar un programa interinstitucional emergente en materia de educación, salud, vivienda y empleo para atender las necesidades de las y los migrantes que son deportados.
Y al mismo tiempo, tenemos que fortalecer los lazos con nuestras comunidades en Estados Unidos, acompañarlos con toda energía en la defensa de sus derechos, y apoyarlos en las iniciativas que quieran emprender en nuestro país; especialmente, fortaleciendo programas como el Tres por Uno.
Todo ello son, también, temas que deben contemplarse en el presupuesto federal 2008, para echar a andar políticas públicas y programas que ellos están demandando.
Gobernadora de Zacatecas