Alejandro Gertz Manero
Las autoridades hacendarias piensan, con cierta razón, que la inmensa mayoría de los mexicanos son defraudadores fiscales; y a la recíproca, un número abrumador de ciudadanos considera que muchos burócratas son una partida de corruptos irresponsables y derrochadores que solamente piensan en el botín y en sus privilegios; y con esa visión tan maniquea, año con año la sociedad mexicana se enfrenta a las reformas, adecuaciones y misceláneas fiscales que provocan los más duros enconos y airadas reclamaciones por ambas partes, mientras los diputados se convierten en las vírgenes vestales que habrán de dilucidar cuál de esos dos sectores tan opuestos obtendrá algún privilegio o será llevado al sacrificio fiscal.
Mientras todo esto ocurre, las partes en esta querella hacen lo suyo para mantener el desprestigio que se han ganado, ya que las grandes empresas beneficiarias del laberinto tributario prefieren callar y litigar sus privilegios desde las sombras, en tanto la burocracia señala con dedo flamígero sólo a unos defraudadores, mientras protege con el enorme manto de la complicidad a sus socios y a las huestes oficiales, dilapidadoras y corruptas; quedando sólo las mayorías “cautivas” integradas por trabajadores, profesionistas y medianos empresarios para “pagar el pato”, pues ellos no cuentan con alguien que “saque el pecho” en su favor.
A esta disputa reiterada y ancestral, con todo y sus chivos expiatorios cautivos, hay que agregarle un nuevo componente, que fue el regalo que nos trajeron la globalización y la modernidad bajo los auspicios de la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más toda clase de convenios bilaterales y multilaterales que partieron al país en dos fracciones: una pequeña, eficiente y transnacional que manda sus ganancias a las casas matrices, que vuelan de un paraíso fiscal a otro para eludir impuestos; y la otra porción, que es inmensa, y que primero sucumbió frente a la competencia internacional y la corrupción interna para luego resurgir convertida en el monstruo insaciable de la informalidad y el ambulantaje, que ha ido devorando al mercado interno nacional, al quedarse con la mayor parte de la comercialización, del contrabando y de la industria informal, pero que es intocable fiscalmente y que genera el “dinero negro” de políticos, redentores y burócratas corruptos.
En tales circunstancias, las autoridades hacendarias se rompen la cabeza para exprimir al sector formal que no manda sus ganancias al extranjero bajo el manto de las franquicias; y en ese contexto se da la nueva ley alternativa de ingresos tributarios, para que el sector cautivo pague los derroches de diputados, senadores y burócratas despilfarradores, a los que ningún dinero les alcanza, y que además a nadie le rinden cuentas.
A los ilegales, a los ambulantes y a los informales pretenden controlarlos a través de sus cuentas bancarias, lo cual es una aspiración verdaderamente conmovedora, de quienes seguramente nunca han ido a una central de abasto para ver cómo se mueven cientos de millones de pesos diarios en efectivo, en cheques de viajero y en toda clase de instrumentos que ni por asomo se acercan a una cuenta bancaria.
Ojalá y a esos informales mejor les cobraran como en el medioevo, con alcabalas por la entrada a cada tianguis y por el piso que ocupan, para que en lugar de que enriquezcan a líderes, burócratas corruptos y a los “fenicios” que los patrocinan, esos grandes “frutos” de nuestra fallida modernidad colaboraran en algo para el barril sin fondo del gasto público, la inmoralidad y el derroche.
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Doctor en Derecho