Miguel Carbonell
No es infrecuente que en el Distrito Federal se cierren calles y avenidas con motivo de alguna protesta contra la autoridad o por alguna reivindicación social, casi siempre de carácter económico.
Quienes vivimos en la capital de la República padecemos la expropiación de hecho que esos grupos sociales hacen de las vialidades que nos pertenecen a todos. A menudo las protestas conllevan el cierre por completo de una vía primaria como Periférico, Viaducto o calzada de Tlalpan.
La autoridad suele brillar por su ausencia, y cuando finalmente acude lo hace para evitar que los manifestantes sean molestados por quienes quieren hacer uso de su libertad de tránsito a bordo de algún vehículo.
Este tipo de abusos se ha vuelto tan frecuente que ya estamos resignados a soportarlos, pues los entendemos como parte del precio que debemos pagar por vivir en la ciudad más grande de América Latina.
Conviene sin embargo no permanecer cruzados de brazos, entregados al fácil arte de la resignación. Creo que es oportuno hacer un llamado a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF a fin de que tomen cartas en el asunto. El derecho de libre manifestación y reunión (que es un derecho protegido por la Constitución mexicana) debe llevarse a cabo sin impedir que sea ejercida también la libertad de tránsito. Sería importante, a efecto de compaginar la convivencia lo más armónica que sea posible entre ambos derechos, que nuestros legisladores locales emitieran una ley para regular las marchas.
En dicha ley debería quedar clara la diferencia entre marcha y bloqueo. Un bloqueo se da cuando los manifestantes cierran de forma completa una vialidad, sea primaria o secundaria. Los bloqueos no deberían permitirse. Las marchas sí, pero tomando las precauciones necesarias para afectar lo menos posible a todas las personas que tienen que llegar a la escuela o a su trabajo y que tienen derecho a hacerlo (también reconocido constitucionalmente, por cierto).
Los asambleístas se podrían guiar provechosamente por la experiencia de otros países. Por ejemplo, en España las manifestaciones en la vía pública deben comunicarse a la autoridad con antelación, a fin de que se pueda avisar a los automovilistas de las alternativas viales existentes. Junto con tal aviso se debe acompañar el diseño de la ruta que seguirá la marcha, de modo que las autoridades acompañen a los manifestantes para cerciorarse de que no agredan a las personas o destruyan mobiliario urbano, pero también para defenderlos de otros manifestantes opositores a su reclamo.
Nadie en su sano juicio pensaría que en España se viola la libertad de manifestación por haber regulado su ejercicio. Pues bien, eso es lo mismo que debemos hacer en México, y debemos hacerlo además sin miedo a parecer enemigos de las libertades. Por el contrario, quienes más defienden a las libertades son los que se preocupan de que todas puedan convivir armónicamente, en la medida en que sea posible.
Dejar que una libertad pueda anular a las demás es permitir la ley de la selva. Los derechos y libertades deben ser ejercidos teniendo en cuenta que las demás personas también los tienen y que, en esa virtud, merecen todo nuestro respeto. Las calles deben ser de todos, no de unos cuantos que un día sí y otro también deciden cerrarlas de forma arbitraria, convirtiéndolas de esa manera en un territorio privado, ajeno por completo al imperio de la ley y a la lógica del Estado constitucional de derecho.
Coordinador del área de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM