Natalia Saltalamacchia
A lo largo de los últimos meses la Cancillería ha trabajado intensamente para delinear la agenda de política exterior del presente sexenio. Uno de los asuntos que suscita discusión y hasta controversia se refiere a los méritos de continuar o no con la promoción de los derechos humanos como uno de los ejes organizadores de la actividad internacional del país.
Una de las objeciones que se escucha frecuentemente en círculos académicos y políticos y que, desde mi punto de vista, no sólo es errada sino que confunde los términos del debate, es el asociar la política exterior en materia de derechos humanos con el gobierno panista anterior. Desde esta perspectiva entonces equivaldría a una política de gobierno con tintes ideológicos y no a una política de Estado que responde al interés superior de la nación.
Este planteamiento tiene al menos dos problemas. Primero, convierte a la política de derechos humanos en rehén de disputas político-partidistas, y ya se sabe que en ese terreno frecuentemente no son los méritos del asunto los que mandan, sino los pequeños intereses de (a veces pequeños) políticos.
Segundo, tiende implícitamente a conceder a una fuerza política -el PAN o la derecha- el monopolio del tema de los derechos humanos en México, lo cual no sólo es inaceptable sino que no corresponde con la construcción histórica de la agenda de derechos humanos en este país.
El tema no llegó a la Cancillería por obra y gracia de individuos inspirados, ya sea Vicente Fox o Jorge Castañeda. Es el producto del desarrollo histórico de las ideas políticas en México y de las luchas enarboladas desde muy diversas trincheras en favor de la democratización del país.
Cuando los derechos humanos desembocaron en la política exterior es porque ya se había pasado previamente por todo un proceso de maduración de dicha idea en el seno de la sociedad mexicana.
En un breve recuento encontramos numerosos ejemplos. A la izquierda está la gesta (de alguna manera fundacional) de la senadora Rosario Ibarra y el Comité ¡Eureka! así como la afanosa actividad de numerosas organizaciones de la sociedad civil que se reconocen en una cultura política de izquierda. A la derecha habría que recordar que el PAN abrió la brecha en el uso de mecanismos internacionales de protección presentando la primera demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos políticos de sus militantes en las elecciones de Chihuahua en 1986. Asimismo, varios priístas “ilustrados” participaron en la creación de la Academia Mexicana de Derechos Humanos -primera ONG nacional en autoidentificarse con dicha agenda-, cuya labor fue tan importante para impulsar la constitución de la CNDH en 1990.
Si se recobra la perspectiva histórica se concluye que los derechos humanos y el lugar prominente que hoy se les concede en el discurso político y social son patrimonio de todos los mexicanos. Los derechos humanos no son de derecha, ni de izquierda. A diferencia de otros países de América Latina su alumbramiento y desarrollo no son imputables de manera predominante a una sola fuerza política.
Mal harían los partidos políticos de oposición y mal haríamos los ciudadanos que no le dimos nuestro voto al actual gobierno, en descalificar a priori la política exterior de promoción de los derechos humanos, argumentando que es azul e ideológica. Quizá existan otros buenos motivos de crítica pero no ése.
Primero, puesta en esos términos, la objeción es tan ideológica como lo que se critica. Segundo, se renuncia a una conquista que es de todos y no sólo de los panistas, aunque también suya; es como si los no panistas se metieran un autogol. Tercero, se entorpece el desarrollo ulterior de la agenda de derechos humanos en el país.
Me explico: muchas inercias políticas e institucionales gravitan en contra de dicha agenda por lo que mientras mayores sean los espacios donde la misma pueda anclarse tanto mejor. La política exterior es uno de esos espacios y es uno importante porque le dice al mundo cómo somos y qué queremos los mexicanos.
La identidad política de un país no sólo se construye a través de factores internos, sino también por medio de las interacciones internacionales. Todos nos definimos en parte a través de la mirada de los otros. Si México se coloca en el campo de aquellos Estados comprometidos con los derechos humanos, se generan expectativas que nos empujan a mantener el rumbo correcto y a combatir las inercias en contrario.
Discutamos entonces las modalidades a través de las cuales se ejecuta la política exterior de derechos humanos en la práctica, pero no cortemos las alas al avance de los derechos fundamentales en todas las esferas del quehacer político y social de nuestro país.
Analista internacional