De acuerdo a la política de diálogo y conciliación que el Gobernador Juan Sabines Guerrero ha instruido para el tratamiento de la problemática interreligiosa de las comunidades indígenas, autoridades del municipio de San Andrés Larráinzar y representantes evangélicos de diversas comunidades de ese municipio llegaron ayer a un acuerdo armonioso y pacifico para dar por concluidas a la serie de denuncias presentadas por miembros de la iglesia evangélica, en el sentido de que eran privados de algunos programas de gobierno, tales como el Programa “Oportunidades”, Procampo y Programa de Desayunos Escolares.
Con la oportuna intervención de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos que encabeza el profesor Enrique Ramírez Coronado y luego de una serie de reuniones con intensos diálogos entre las partes involucradas, ayer se logró el acuerdo para que los grupos evangélicos no fueran obligados a cooperaciones de carácter religioso, en un marco de respeto a la libertad de cultos y que únicamente lo harán voluntariamente para la creación de un Fondo para Servicios Civiles que servirá para la evolución de diversas actividades culturales, tales como música tradicional, concursos deportivos, danzas, poesías, cantos y oratoria, entre otros.
Con la presencia del presidente y síndico municipal, Alfonso Díaz Pérez y Manuel Díaz Hernández, respectivamente, así como los miembros del cabildo y del citado municipio, las autoridades municipales signaron dicho compromiso y se comprometieron a garantizar que a ninguna persona se le exigirá cooperar para las festividades religiosas y no se obligará a nadie a aceptar cargos de este mismo carácter, tales como mayordomo, alferez, capitán y otros de tipo religioso católico o tradicional, de acuerdo a las creencias y convicciones personales, de conformidad con lo que establece el artículo 2, inciso D, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Asimismo ratificaron en el acuerdo que el municipio de Larráinzar es y será respetuoso de las personas que profesen una creencia religiosa, o que no profesen religión alguna y que no discrimina a nadie por su origen, edad, condición social o por cuestiones de credo, pues se busca al mismo tiempo, preservar el aspecto cultural de los pueblos indígenas, sin que por ello, se violenten las garantías de los gobernados.
También acordaron que ordenaran de inmediato a los Comités comunales que correspondan que sean nuevamente integradas a las listas correspondientes las familias que hayan sido borradas de las mismas con el fin de que continúen recibiendo los apoyos que los gobiernos federal, estatal y municipal otorgan y así enlistarlos nuevamente como miembros de las asambleas para que puedan continuar con sus derechos intocables, siempre y cuando cumplan con el pago de sus aportaciones anuales pendientes, que servirán para el Fondo del orden civil y no religioso.
El Ayuntamiento realizará un censo de las personas que fueron excluidas de los programas a fin de valorar y en su oportunidad gestionar entre las instancias correspondientes el otorgamiento de apoyos y beneficios de los programas oficiales y con ello se les reintegren sus derechos plenos de acceso a sellos, firmas, y documentación de carácter civil, que al efecto expiden las autoridades municipales y comunitarias.
Por otro lado, el grupo evangélico representado por Hortensio Vázquez Vásquez, director de Asuntos Legales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, zona Altos, así como de Pedro Joaquín Nolasco Matus, representante legal de la Iglesia “Torre Fuerte”, del pastor Esdras Alonso González, del grupo “Alas de Águila”, Sebastián López López, de la Iglesia Nacional Presbisteriana, Lorenzo González Ruiz, de la Iglesia de Cristo, entre otros, manifestaron en el acuerdo su voluntad de trabajar a favor del pueblo de Larráinzar y se comprometieron a colaborar con las autoridades municipales en todos y cada uno de los cargos comunitarios, que no tengan que ver con convicciones religiosas, así como ponerse al corriente de las cooperaciones de carácter civil, por lo que se entiende que son exentos de los Comités de festejos católicos tradicionales.
De igual manera, se comprometieron a conducirse con respeto a las autoridades legalmente constituidas, dentro del marco legal y que sus diferencias las seguirán resolviendo a través del diálogo y la conciliación, en consideración a que éstas son responsables de salvaguardar la paz social y la integridad de los gobernados. ASICh