Lo que falta de la reforma

Alberto Aziz Nassif

Los tiempos de la reforma siguen su ruta. Después de haber sido aprobada la fase constitucional de la reforma electoral, que cambió nueve artículos, siguen las modificaciones a las leyes secundarias. Es la hora de los asuntos concretos y de la traducción a procedimientos, la aplicación de fórmulas, el diseño de estructuras de operación; es la fase en donde los concretos pueden darle el perfil definitivo a los grandes agregados que se hicieron en la parte constitucional. Y también, hay que anotarlo, las especificaciones pueden suplir huecos o incluso corregir errores. En suma, se trata de un momento muy importante de la reforma.
1.— Sobre el sistema de partidos políticos se establece que se trata de organizaciones formadas por ciudadanos, por lo cual quedan prohibidas las intervenciones gremiales. Es una lástima esta disposición tardía porque ya se le dio registro al Partido Nueva Alianza, quizá el último representante de lo que podría denominarse un partido plenamente corporativo. La otra anotación de la reforma sobre los partidos tiene la intención de bajarle la densidad a la “judicialización de la política”, y por ello se somete a los ciudadanos y militantes a las nuevas condiciones autorregulación que hagan los propios partidos, lo cual se expresa en el mandato de agotar primero las instancias internas, antes que un militante pueda recurrir a la autoridad administrativa o jurisdiccional. Estos lineamientos afectarán la vida interna de los partidos, la aparición de nuevos partidos y los procedimientos que regularán los bienes de los partidos que pierdan el registro. Cada parte de este conjunto tendrá que ser reglamentada en lo que será el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

2.— En materia de financiamiento la ley secundaria, el Cofipe, establecerá los mecanismos de aplicación de las nuevas fórmulas (el padrón electoral por 65% del salario mínimo vigente en el DF). Se tendrán que fijar los criterios específicos para el reparto de dinero, los porcentajes, niveles y, sobre todo, establecer con claridad los montos de las aportaciones privadas, que supuestamente bajarán 85%. Llama la atención que el único gasto público en la Constitución será el gasto público para los partidos. El gasto político está por encima, en términos constitucionales, del gasto social, educativo y de salud. Aunque esta reforma se ha vendido por su austeridad en el financiamiento público, las proyecciones financieras presentan todavía un financiamiento público demasiado costoso, en el que el ahorro real no pasa de 12%.

3.— El asunto más relevante esta reforma electoral es el nuevo modelo de acceso a medios y el perfil que tendrá la propaganda gubernamental. La prohibición de tiempo en medios y el uso de los tiempos estatales son la característica más destacada. El IFE será la autoridad encargada de administrar los tiempos y su reparto. El tipo de campañas permitidas y prohibidas ya era parte del Cofipe, pero ahora tendrán rango constitucional, tanto en la prohibición de compra a terceros en materia electoral como en la prohibición de la guerra sucia. Dos de los asuntos que mayor conflicto generaron durante las elecciones de 2006. El IFE tendrá nuevas atribuciones para sancionar directamente y para suspender propaganda. De igual forma la relación con los estados para el manejo de los medios y los tiempos. Un asunto que llama la atención es la salvaguarda constitucional que dejaron los legisladores sobre la posibilidad de que el IFE pueda comprar tiempos si se consideran insuficientes los espacios oficiales, lo cual puede abrir de nuevo las compuertas del gasto. Todos estos puntos deberán establecerse en el Cofipe.

4.— Vinculado a los medios vienen los cambios para las campañas y precampañas que se regulan por primera vez. El Cofipe también deberá especificar tiempos y calendarios para implementar estas medidas, así como la sincronización con los comicios concurrentes. De ahora en adelante sólo habrá una fecha al año para que haya elecciones, lo cual simplificará y reducirá el costo de las campañas, pero, sobre todo, permitirá que fuera de esos meses, el país se pueda ocupar de los problemas importantes.

5.— El IFE mismo será otro de los puntos destacados en la legislación secundaria. La institución tendrá una extraña combinación de fortalezas y apuestas dudosas. Por una parte, tendrá una ampliación de capacidades, desde la administración de los tiempos en medios, pasando por las facultades para sancionar y suspender propaganda, hasta una fiscalización sin los tres secretos: bancario, fiduciario y fiscal. La integración de sus consejeros se hará de forma escalonada, aunque sólo se sabe cuántos se van y en qué fechas, todavía no se sabe quiénes serán (consejero presidente electo por seis años y con posibilidad de una reelección, y los otros ocho consejeros por nueve años y sin reelección); los trabajadores del IFE serán responsables como cualquier otro funcionario de la administración pública. Habrá que tener mucho cuidado en cómo se van a concretar las dos nuevas instancias que tendrán el IFE, la contraloría interna y la fiscalía. El Cofipe establecerá los perfiles y requisitos para los consejeros, el auditor y el fiscalizador; de igual forma determinará los mecanismos para hacer las consultas públicas sobre los nombramientos. Además del Cofipe, también cambiarán las reglas específicas que regulan la fiscalización.

6.— Hay que hacer diversas adecuaciones en materia del Tribunal Electoral y su compatibilidad con la Suprema Corte de Justicia. Además, se tendrán que hacer modificaciones a los medios de impugnación, nulidad y validación de las elecciones. Desaparece la causal abstracta de nulidad. También tendrá que adecuarse la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación.

Quedan pendientes importantes. Señaló sólo dos: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual podría formar parte de la reforma al Poder Judicial; y el otro hueco necesario de llenar que es la protección de los derechos de los ciudadanos que se benefician con los programas sociales.

Con estas nuevas reglas veremos de qué forma cambia la política y se empieza a cerrar el conflicto que abrió la pasada sucesión presidencial.

Investigador del CIESAS

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