Dos jueces del fuero común (locales) reconocieron la inocencia de Miguel Gómez Gómez al dictar sentencia que lo absuelve de las acusaciones que le fueron imputadas, mismas que dejan en evidencia las irregularidades en el proceso penal instaurado en contra de campesinos e indígenas que son encarcelados por su militancia y participación política en las comunidades de Chiapas.
Miguel Gómez Gómez quién permaneció preso durante 6 años y 5 meses fue liberado el 17 de febrero, aproximadamente a las 6 de la tarde, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 El Amate ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
La última sentencia dictada lo absolvió de cuatro acusaciones falsas que derivaron en tres procesos penales: tres acusaciones por privación arbitraria de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro y una inculpación por robo con violencia, este último por un error de homonimia. El veredicto resolvió sentencia absolutoria al reconocer que se cometieron irregularidades en el proceso legal, delitos prefabricados y deficiencias graves en las investigaciones para la integración del expediente penal.
Estas irregularidades fueron denunciadas por Miguel Gómez Gómez quién, participó en acciones pacíficas de protesta como la realización de huelgas de hambre y ayunos al interior de la cárcel en distintos momentos, aunado a ello solicitó la asistencia legal e intervención de este Centro para conseguir una sentencia apegada a derecho; estas acciones obligaron a las autoridades estatales encargadas de procurar justicia poner la atención adecuada en el desahogo de pruebas presentadas durante su proceso.
Este Centro celebra que las personas que han sido privadas injustamente de su libertad se reúnan hoy con sus familias, ya que tras la permanente acción han demostrado su inocencia obligando al gobierno estatal a atender las exigencias de quiénes han protagonizado el movimiento de presos políticos y presos injustamente encarcelados en las distintas cárceles de Chiapas, no obstante insistimos en que aún son insuficientes estas acciones para establecer condiciones que demuestren actos de justicia verdadera.
Recordamos que es necesario hacer una revisión de los expedientes penales de todas las personas privadas de su libertad que así lo soliciten, dado que se ha evidenciado la alta probabilidad de que muchos de ellos están presos injustamente; consideramos importante que se legisle con el fin de armonizar la ley local con el derecho internacional, particularmente para garantizar el derecho humano a un juicio justo.
Es indispensable que abusos cometidos en contra de cualquier ciudadano, como el cometido en contra de Miguel Gómez, sean investigados de manera imparcial con el fin de determinar el tipo y grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los servidores públicos que intervinieron en el proceso penal que fue instruido, esto implica investigar y en su caso sancionar desde el jefe de grupo policial y sus agentes que rinden informes acusando a campesinos e indígenas de “secuestradores” basándose en supuestos “testimonios anónimos”.
En ese orden, es preciso investigar al Ministerio Público que, a partir de un informe carente de sustento legal, ordena la presentación de los señalados y permite arrancar confesiones mediante actos de tortura, sin garantizar la asistencia de un abogado defensor y un traductor con el idioma del detenido; al juez que, a pesar de la deficiente declaración ministerial, le da valor suficiente para dictar auto de formal prisión; a los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), de aquel entonces, por no evitar que estos abusos se cometieran.
Finalmente en el caso de Miguel Gómez Gómez, y los demás liberados anteriormente, queda pendiente la sanción a los responsables por actos de tortura, privación arbitraria de la libertad, entre otras violaciones; la reparación del daño por el error judicial y el establecimiento de medidas de no repetición. ASICh