Gilberto Díaz López /ASICh
Jesús Ruiz Gómez, director general de Abogados en red (ABOGARED) en Chiapas, manifestó que la libertad de presos indígenas de Acteal, involucrados en la matanza de 45 de sus compañeros y puestos en libertad hace unas días, es un hecho de derecho constitucional, una garantía consagrada que todos los mexicanos tienen; en tanto, indicó que la justicia federal es una justicia transparente y confiable, y estos son los resultados.
Sin embargo, dijo que a pesar de su transparencia y su confiabilidad en este caso hubo negligencia de las autoridades que tuvieron conocimiento del proceso, así como de los abogados que tenían la defensa jurídica de los procesados.
Para que una autoridad se pronuncie dentro de un proceso, explicó, tiene que ver mucho el pulso procesal que el abogado le otorgue a su defendido, tiene que ser constante en sus promociones, constante para poder obtener una resolución favorable o en contra.
Agregó que a este asunto se le dio tiente político en donde en ocasiones los expedientes están para su estudio o están en otras áreas donde los abogados no tienen acceso, por esta razón en ocasiones se entorpece los procedimientos, así como también dijo que el expendiente se puede abrir y fincar responsabilidades para los servidores públicos tanto del ámbito federal como del ámbito del estado, ya que primeramente las investigaciones estuvieron a cargo del estado y posteriormente se declino a la competencia.
Indicó que tanto los ministerios públicos del fuero común que fueron los primeros en tener conocimiento del hecho punible, como los ministerios públicos del orden federal en cuanto a su investigación, no investigaron, se fueron con los documentos y las constancias que la policía les ponía a su disposición y esta no es la función del ministerio público, sino que es investigar.
Manifestó que en cuanto a los jueces consintieron este atropello y que considera que se les debe de fincar responsabilidades tanto a los ministerios públicos como a los jueces que mantuvieron privados de su libertad a estas personas y que como sanción mínima se les debe cesar del puesto o fincarles responsabilidad para que no ocupe cargos públicos, ya que los jueces tienen la responsabilidad que en los momentos en que se den cuenta de que no existen los elementos para procesar a un individuo, debe ponerlo en inmediata libertad.
Señaló que la Constitución dice que todo proceso debe ser sentenciado cuando mucho durante un año, donde el procesado debe recibir sentencia y en esto transcurrieron once años, donde se dio una gran violación a la constitución y a una serie de normas jurídicas que no aplicaron para este caso.
Por último, externó que para evitar un posible conflicto es sana la idea del gobierno del estado para que estos sean reubicados en otro lugar y no en su lugar de origen, por el temor de que pudieran ser agredidos por los familiares de las personas que fueron muertos. ASICh