Augusto Solórzano López /ASICh
El Sistema Penitenciario de Chiapas desde que puedo dar cuenta, unos siete sexenios, siempre ha sido un tema espinoso, difícil, duro y muy riesgoso. La etiqueta más visible es la corrupción aunada al tráfico de drogas, autogobiernos, prostitución, extorsión y más que no ha sido posible erradicar, ni será abatida; lamentablemente con resultados funestos.
Lo he escuchado muchas veces a lo largo de cuatro décadas; cuando se suscitan constantes hechos violentos y ya no se diga de muertos al interior de los penales, reclusorios o centros de reinserción social como se les dice ahora. Algo no está marchando bien.
No voy a evaluar el sexenio, pero, el 27 de junio 2011, alrededor de las 3 de la tarde en el penal El Amate, se produce una riña que produce la muerte del interno, Miguel Ángel Gutiérrez, de 37 años a manos de otro preso, Amín Vázquez López, de 29 años.
El martes 19 de julio 2011, al desatarse otra gresca también en El Amate, resultan muertos, los hermanos Alejandro y Ricardo Puga López y quedan heridos 7 más, uno de ellos muy grave por “las acciones de extorsión al interior (del centro de reinserción social 14”, anotó boletín oficial de la PGJE.
De los abominables “autogobiernos” que los gobiernos constitucionales cuantas veces los han querido disolver, en esa medida han fracasado y de qué manera. Lo intentaron, Patrocinio González Garrido, Roberto Albores Guillén y Pablo Salazar Mendiguchía. No pudieron.
Bersaín Palacios de León, es el ejemplo reciente. Está confinado en la Cárcel Distrital de Motozintla desde el 14 de abril 2011 y desde esa fecha por no disponer de mil pesos, le han pisoteado la dignidad y sus derechos fundamentales.
El “autogobierno” de el “cabo” lo ha obligado a realizar “servicios voluntarios”; asear los baños, lavar la ropa de los demás internos e incluso los domingos es obligado a bailar en el patio durante tres horas para “divertir a los demás presos”.
Bersaín cuenta que una vez olvidó realizar una orden y el “cabo” estableció como castigo que fuera sumergido en varias ocasiones y de cabeza a un tambo con agua y pagar 10 bolsas de jabón amenazándole de que si volvía a desobedecer sería nuevamente castigado.
La desobediencia, indisciplina, hechos violentos y demás normalmente obedecen a irregularidades que parten de las propias autoridades y por eso viene el descontrol. Para evitar más violencia, se impone una revisión de la conducta general de sus autoridades y determinar drásticamente lo necesario.
El diagnóstico de autoridades del estado, acepta que la población penitenciaria ofrece un 41% o más de sobrepoblación, además del deterioro en la mayoría de las instalaciones penitenciarias. Lo que también invita a una seria revisión.
Las mismas autoridades reconocen problemas y hechos violentos por: tráfico de drogas, prostitución, corrupción de internos y autoridades lo que, dice el estudio: “limita que las autoridades, cumplan con el precepto constitucional de una reinserción social efectiva”.
Efectivamente el problema es complejo, pero, como se observa el sexenio, llegó, pasó y ya estar por irse y no aparecieron los acotamientos para evitar este y otros fenómenos que pueden suceder a menos que dentro del escaso tiempo que falta se haga algo. Lo que se antoja muy difícil. ASICh