Alberto Begné Guerra
El debate sobre la reforma electoral en curso no se agota con los cambios constitucionales aprobados ya por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados. Si bien esas reformas significan un avance sustancial frente a muchas de las graves distorsiones derivadas del círculo vicioso que ha generado la relación entre el dinero, los medios de comunicación masiva y la política, quedan por atender asignaturas imprescindibles para la pluralidad y la consolidación de nuestra democracia.
Las reglas electorales, es decir, los principios que rigen la competencia y la integración de los órganos de representación popular, tienen un efecto directo sobre la conformación del sistema de partidos y, por lo tanto, sobre la pluralidad misma. La cuestión es básica, y la ciencia política se ha ocupado de ella de manera exhaustiva: ¿bajo qué condiciones deben competir los partidos y los candidatos?
El principio de equidad en la competencia ha sido, con especial énfasis desde la reforma electoral de 1996, uno de los ejes rectores para la construcción del entramado normativo e institucional en materia electoral en nuestro país. No obstante, a la luz de su ineficacia en los hechos, ha sido también el más retórico de los principios que, por disposición constitucional, rigen las elecciones en México.
Su ineficacia no sólo es producto del contenido, más declarativo que normativo, de dicho principio en la legislación secundaria, sino también de la falta de instrumentos para asegurar una fiscalización completa y efectiva sobre el uso de recursos en las campañas electorales, así como de la ausencia de un sistema de sanciones específicas relacionadas con causales de nulidad de las elecciones cuando los límites legales a los gastos de los partidos son rebasados.
En otros términos, el problema radica en que la utilización de recursos no permitidos o el exceso en los gastos autorizados no han tenido hasta ahora más consecuencia que la imposición de sanciones económicas (multas que, al final de cuentas, se cubren con el mismo financiamiento público). Si se observa con detenimiento, lo que ocurre es que los términos de la legislación actual colocan los incentivos del lado de la violación de ese principio fundamental para una genuina competencia democrática, produciendo un gravísimo efecto sobre el sistema de partidos y la pluralidad. Quienes tienen acceso a grandes cantidades de recursos prefieren violar las normas en esta materia, ya que ello no impide su arribo al poder público.
La cantidad de casos en los que la autoridad ha documentado el origen ilícito de los recursos utilizados en las campañas o violaciones a los topes de gastos establecidos para las mismas, sin que ello tenga efectos sobre el resultado de la elección, resulta verdaderamente escandalosa. Eso sin considerar la utilización de recursos ilícitos que resulta todavía más difícil fiscalizar, en particular el dinero en efectivo destinado a la “promoción del voto”, bajo la lógica clientelar aún dominante entre los segmentos más pobres de la sociedad. El principio de equidad, en estas condiciones, resulta una mera expresión retórica.
Por eso ahora que, a raíz de la reforma constitucional, ha iniciado la discusión sobre las reformas a la legislación electoral secundaria (códigos y leyes electorales federales y estatales), es indispensable la incorporación de nuevos mecanismos y procedimientos para la fiscalización de los recursos y los gastos de campaña, así como soluciones normativas que permitan sancionar con eficacia la violación del principio de equidad, lo que supondría la anulación de las elecciones cuando dicho principio sea vulnerado.
De otro modo, la posibilidad de ampliar y consolidar la pluralidad quedaría cancelada, y con ella se anularían también los efectos deseables de la reforma constitucional sobre las distorsiones generadas por la relación entre el dinero, los medios y la política, pues seguirían siendo el dinero y, en consecuencia, los partidos con más recursos y con estructuras corporativas y clintelares los que determinarían la conformación del poder público. La competencia democrática y la equidad serían así expresiones imaginarias, sometidas, una vez más, a la ley del más fuerte. Nada más lejano a la fuerza democrática de las ideas, las propuestas y los acuerdos para cambiar las cosas.
Presidente de Alternativa Socialdemócrata