Manuel Bartlett Díaz
Sin reforma electoral no habrá reforma del Estado. Todos lo reconocen. Tema prioritario que hoy se ofrece como “el primer resultado trascendente de la Ley para la Reforma del Estado”, según la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral presentada el 31 de agosto en el Senado de la República.
“Queremos corregir lo que no funcionó”, se afirma, y se destaca en la Exposición de Motivos la contundente afirmación de que la reforma “debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero y el uso y abuso de los medios de comunicación”.
“La iniciativa avanza —dicen— en la atención… al riesgo de que intereses ilegítimos, a través del dinero, puedan influenciar… las campañas electorales”. También se sostiene que es “urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación”.
Lo que sorprende ante tanta enjundia expositiva es que el articulado no atiende dichas urgencias. Nos explican que en materia de acceso a los medios de comunicación “la iniciativa deja establecida la base para que el Constituyente Permanente… determine lo conducente”. Olvidan los iniciadores que ellos son integrantes del Constituyente Permanente y que no establecen ninguna base. Para completar la paradoja, J. Alcocer, enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, escribe hoy en un periódico que “en materia de medios lo importante está en la exposición de motivos”, cuando la exposición es para explicar el articulado que en este caso no existe.
Este escamoteo me recuerda lo ocurrido en la pasada Legislatura, cuando la frustrada reforma electoral, entre el miedo y el interés, se topó con los medios electrónicos, con sus personeros habilitados en senadores y diputados, con la habilidad de los medios para destruir y construir imágenes, para transmutar a mediocres en estadistas y, más aún, la magia para desaparecer personalidades incómodas.
Corregir lo que no funcionó es fácil, está descrito en la insólita resolución del Tribunal Electoral que calificó la elección. Desde las impunes violaciones del presidente Fox y de empresarios, calificadas como delitos por el propio Tribunal, hasta las cam-pañas negras televisivas. Todo eso tendrá que corregirse o se repetirá para desgracia del país.
El dinero se ha apoderado de la política mexicana. El debilitamiento del Estado, la gobernanza neoliberal privatizadora del poder público y los intereses enquistados dejan al dinero sin contrapeso institucional.
En México, con una brutal concentración de la riqueza es evidente la ventaja de candidatos a modo de las élites económicas y la desventaja de candidatos favorables a la justicia social.
La influencia del dinero en los procesos electorales destruye la democracia y somete a las instituciones a políticas obligadas. Todo agravado por el peso de las transnacionales y del crimen organizado. Limitar al dinero como poder electoral es ineludible. Debe prohibirse el financiamiento privado.
La conjunción de dinero y medios es determinante. La contratación de publicidad electoral es costosa. La desigualdad se agrava: quien no tiene ese dinero o padrinos adecuados no existe. Con dinero se fabrican precandidatos, se convierte a personas ordinarias en personalidades epónimas a gusto del público. Prohibir la compra de todo tipo de publicidad, spot o noticias disfrazadas es indispensable. Hoy aún no encuentran quién pago miles de spots; sí se sabe quién los cobró y nada pasa.
La prohibición no es una medida desusada, extremista; existe en los países considerados democráticos: Francia, Alemania, España, Inglaterra.
No significa privar a la opinión pública de la televisión para conocer y juzgar a los candidatos. Debe establecerse la difusión gratuita, en tiempos del Estado, equitativa, regulada por una autoridad electoral con facultades y rigurosamente imparcial. Los medios son instrumentos públicos, disfrutan de espacios de la nación y deben servir a la nación. Actualmente, se calcula acaparan cerca de 70% del gasto electoral de origen público.
Vivimos una regresión política. Insisto, lo afirma el Tribunal Electoral, lo reconoce el presidente del IFE, quien trata de explicar a destiempo que los abusos de autoridades, dineros ocultos y televisoras desenfrenadas estaban fuera de sus facultades. No es momento para “negociar”. Es momento de abocarse todos a reformar “lo que no funcionó” sin regateos vergonzosos. El primer interesado, digamos, obligado, debe ser el PAN, el inocente beneficiario.
Ex secretario de Estado