Ramón Cota Meza
El consenso de la Corte para declarar inconstitucional el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) resultó trivial. En vez de suprimir la frase gratuita que originó la confusión, los ministros invalidan todo el artículo, exhibiendo ausencia de sentido práctico. La frase gratuita es que el concesionario “tendrá preferencia sobre terceros” al refrendar su concesión. Como es obvio, el refrendo sólo puede otorgarse al concesionario porque es titular. En tal caso no habría “terceros” .
El ministro Azuela observó este punto, pero extrañamente concluyó que el artículo es inconstitucional. Otros ministros fueron más allá al deducir que la “preferencia sobre terceros” y el refrendo “automático” atentan contra la libertad de expresión y crean una suerte de “concesión perpetua” sobre un bien público, obstruyendo así la libre competencia y poniendo en desventaja a postores potenciales. Nada de esto tiene sentido jurídico ni práctico.
La ministra Sánchez Cordero fue más desafortunada aún al argumentar que los concesionarios “no participaron en ninguna licitación pública”, como si eso hubiera sido posible en la ley anterior. Exigirles ahora licitar para explotar las concesiones que ya tienen sería kafkiano. Sólo pueden seguir explotándolas mediante refrendo. Si el Estado se las otorgó de manera “discrecional” es algo que no se puede borrar. La historia no puede ser abolida.
El único punto razonable de la Corte es que el refrendo resulta casi gratuito en la LFRT vigente. Sin embargo, su precio real sólo puede ser estimado en el contexto fiscal de las empresas interesadas. El criterio internacional estándar se basa en el valor y la tasa de crecimiento de la aplicación tecnológica líder al momento de la solicitud del refrendo o de la licitación. La aplicación líder es hoy la telefonía móvil, pero nadie sabe cuál será en 20 años. Los interesados estarán entonces retirados, si no muertos.
Un ejecutivo de telecomunicación absorto en calcular el ahorro por una concesión a renovar dentro de 20 años sería tomado como diletante, pues su obligación es solventar los costos fijos y de operación del próximo ejercicio. Es razonable suponer que las empresas interesadas obtuvieron un refrendo casi gratuito a cambio de reducir 10 años la duración de sus concesiones. De lo perdido lo que aparezca, habría sido su criterio. Business as usual.
Ahora bien, ¿a qué tanto aspaviento cuando hay espectro radioleléctrico en exceso para licitar? El espectro ocupado desde el valle de México (donde se concentran las emisoras abiertas) es apenas 4% del espacio disponible. Cualquiera con capital para poner una televisora abierta puede concursar y ganar, o puede comprar una concesión, como los canales 28 y 40, recién comprados y al aire, no digamos instituciones públicas, como el Gobierno del DF, que se adjudicará el canal 21 sin licitación.
El debate sobre concesiones de radio y tv es como una asamblea de calvos peleando por un peine. Pero el trasfondo es real. Una parte de la clase política está reaccionando ante su exposición a la arrogancia de los medios. Los políticos tienen razón en este punto. Hemos visto a muchos de ellos ser humillados por conductores de noticiarios en control de cámaras y micrófonos. Los políticos invitados a programas ya no saben si van a lucirse o a ser degollados.
El contragolpe político se justifica, pero está desenfocado y tiende a excederse. Si este exceso llegara a plasmarse en ley, la televisión daría otro contragolpe, esta vez relegando la información política a los foros de medianoche, algunos muy interesantes, punto de partida de una nueva forma de televisión política abierta que hasta ahora tiene poca audiencia, pero con potencial de crecimiento. Es un segmento abierto a la creatividad que podría colonizar los noticiarios convencionales.
Mientras tanto, la clase política está llamada a moderar sus aspiraciones mediáticas y sus pulsiones reguladoras. Necesita la televisión para comunicarse con el público, así que no puede imponerle requisitos draconianos. La televisión, por su parte, debe moderar su propensión a cebarse con los políticos, pero este tema es parte de las leyes de partidos políticos y civiles, no de radio y tv.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político