Enrique del Val Blanco
Uno de los grandes problemas que enfrenta el combate a la corrupción en el mundo es el que ocasionan las grandes, medianas y hasta pequeñas empresas privadas, que con tal de ganar los mercados hacen triquiñuela y media. Y si se descubre dicha corrupción, al final les sale más barato vía las componendas que realizan con las autoridades correspondientes.
Hasta ahora los países más desarrollados que cuentan con sistemas de detección de casos de corrupción no han podido eliminarlos y, por lo que se ve, parece que así va a continuar, pues la máxima fundamental del actual sistema económico que rige globalmente es obtener los mercados y el mayor beneficio a cualquier costo.
En sólo una semana hemos conocido hechos relevantes en cuanto a la corrupción que generan las compañías privadas en el mundo. Destaca sobre todo el caso europeo, especialmente porque en la Unión Europea existe una comisión, a cargo de la señora Neelie Kroes, que está demostrando una enorme capacidad para exhibir a los grandes corruptores.
Las empresas españolas Repsol y Cepsa han sido multadas con más de 160 millones de euros en conjunto, pues se descubrió que durante 12 años se han repartido el mercado en la venta de asfalto en ese continente. Este descubrimiento ha sido posible gracias a la traición de otra empresa, la British Petroleum de Inglaterra, que ante el conocimiento de las investigaciones en curso, prefirió denunciar a los otros participantes en la componenda en la que, aparte de las empresas españolas e inglesa, también se encontraban la sueca Nynâs y la portuguesa Galp.
También esta semana la empresa alemana Siemens ha aceptado pagar 201 millones de euros, al descubrirse que para vender sus productos pagaba sobornos en todo el mundo. Y están pendientes otras investigaciones en tribunales alemanes y estadounidenses que podrían acarrearle multas adicionales por más de mil millones de euros. Aunque la multa que ha aceptado pagar la empresa es ínfima, en relación a los beneficios que, después de impuestos, ha reportado y que en el último ejercicio ascienden a más de 3 mil millones de euros.
Al mismo tiempo, el supervisor bursátil francés ha denunciado un fraude masivo de los directivos de la empresa multinacional EADS, fabricante de los aviones Airbus, quienes conociendo del retraso en la fabricación del nuevo aparato vendieron sus acciones antes de que la noticia se hiciera pública.
En sólo una semana han sucedido y se han difundido todos estos casos, y si se analiza cada uno con cuidado, se puede saber que al final logran salirse con la suya, ya que las multas no se equiparan con las utilidades obtenidas. Peor aún, muchos de estos casos se llegan a conocer porque alguno de los participantes en las transas, al saber de investigaciones en marcha, prefiere denunciar y así ver reducidas las sanciones que les corresponderían, ya que la Comisión Europea ha creado un programa denominado ridículamente “programa de indulgencias”, mediante el cual los “arrepentidos” pueden llegar de todos modos al cielo del neoliberalismo. Aquí parece haber una clara confusión entre los deberes con la Iglesia y las obligaciones de las empresas privadas frente a sus compradores y las autoridades en la materia.
En la época reciente han sido multadas, con cerca de 500 millones de euros, la empresa estadounidense Microsoft propiedad, entre otros, del señor Gates, gran benefactor de muchos proyectos; la española Telefónica, famosa en nuestro país por su pleito con Telmex, con 150 millones de euros; la sueca Treta Pak con otros 75 millones de euros; la alemana Deutsche Post con 25 millones de euros, y así podríamos continuar la lista; todas ellas condenadas por abusar de su posición dominante en el mercado europeo.
Es claro que estos son sólo algunos ejemplos de cómo se desarrollan los negocios en el sistema capitalista y que, por lo visto, a pesar de los esfuerzos que se hacen por detener estas prácticas incorrectas, son el pan de cada día. Ojalá que la Comisión Europea revise sus procedimientos, en vista de que el de las multas no asusta a nadie. Se deberían imponer multas más altas, que incluso llegaran a multiplicar el monto de las sanciones actuales y quizás sería conveniente llegar hasta imponer la sanción penal.
También deberían eliminar este “programa de indulgencias”, ya que incluso la Iglesia ya desapareció el limbo, con lo cual sólo quedan dos caminos: el que se porta bien que vaya al cielo y el que se porta mal, al infierno. A lo mejor con esta amenaza los empresarios, muchos de ellos tan religiosos, lo pensarían mejor.
En nuestro país, aunque tenemos una Comisión Federal de Competencia, poco se sabe de investigaciones que haya realizado o, mejor dicho, las haya hecho públicas, sobre actos de la naturaleza comentada líneas arriba. Lo que sí ocurre, y el Sistema de Administración Tributaria lo denuncia nuevamente esta semana, es la terrible plaga de facturas falsas que presentan miles de empresas privadas de cualquier tamaño para evadir el pago de los impuestos.
Por estas prácticas indebidas, el fisco deja de percibir más de 7 mil millones de pesos anuales. Supuestamente el gobierno ya detectó cuáles son las empresas que venden facturas apócrifas; son más de 150 y más de mil los compradores de las mismas. Todo esto origina una pérdida de 25% de la recaudación por la evasión impositiva.
El problema radica una vez más en que las sanciones son muy débiles. Y aunque supuestamente los evasores enfrenten la posibilidad de que les imputen delitos penales, sabemos que casi siempre salen victoriosos.
Porque aquí también opera un sistema parecido al de “indulgencias”, ya que pagando se pueden arreglar con el fisco. Y los gobiernos lo justifican aduciendo que es más costoso seguir largos juicios donde muchas veces no se tiene la certeza de ganar y es mejor llegar a acuerdos extrajudiciales. Desde el punto de vista ético es una muy mala señal para la ciudadanía. Por eso la corrupción privada no se reducirá, pues al final siempre salen ganado más de lo que pagan por multas.
Analista político y economista