Saúl Galdámez /ASICh
Pichucalco, Chiapas.- Continúan las anomalías en el Juzgado Penal de Pichucalco, Chiapas, dio a conocer José Luís Torres Montejo conocido abogado del municipio de Tacotalpa, Tabasco. El inconforme, dijo en entrevista que luego de dar cientos de vueltas para realizar diversas diligencias jurídicas, la titular de dicha dependencia judicial Renata Cabrera Sánchez, continúa atropellando los derechos ciudadanos con su actuación corrupta y prepotente.
Agregó que un ejemplo de ello es que actualmente dicha funcionaria permite que en dicho juzgado participen en juicios coyotes de la profesión de abogado, como el caso del seudo licenciado Jacinto José Navarro, quien no cuenta con cedula profesional para el ejercicio de la profesión y encuentra como único mérito para que se le permita intervenir indebidamente con la anuencia de la titular del juzgado.
Torres Montejo dijo que se sabe que el dizque abogado le sirve de taxi particular a dicha funcionaria, toda vez que es a todas luces conocido, que dicho seudo profesionista diariamente y cada fin de semana transporta
a la titular del juzgado a su domicilio en Pichucalco, y Tapachula.
Lo anterior, dijo que constituye una conducta irregular e indebida, mas aun, cuando la titular del juzgado permite que la concubina del seudo licenciado labore en dicho juzgado como secretaria mecanógrafa de una secretaria de acuerdos, por ello se explica por que todas las ordenes de aprehensión que se dictan en dicho juzgado son conocidas desde antes de que sean ejecutadas por la Agencia Estatal de Investigaciones y casualmente son objeto de amparo por parte del seudo licenciado Jacinto José Navarro.
Pidió a nombre de otros litigantes y ciudadanía en general la directa intervención del Consejo de la Judicatura para poner un alto a la funcionaria quien ha retrasado el desarrollo del juzgado penal de Pichucalco, Chiapas, ya que en casi la totalidad de expedientes los acuerdos y promociones si no son extraviadas son acordadas hasta con quince días de retraso a su presentación, sin observar que el Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, establece que constituye una obligación de los juzgadores y secretarios de acuerdos el acordar las promociones presentadas por los litigantes dentro de los tres días posteriores a su promoción, so pena de cometer el delito de abuso de autoridad por retardar o entorpecer el despacho de un particular, concluyó. ASICh