Hank: la conexión DEA
Carlos Loret de Mola
El martes 7 de junio, apenas tres días después del operativo que resultó en la detención del polémico empresario priísta Jorge Hank Rhon, salieron por una puerta lateral de Los Pinos el embajador de facto de Estados Unidos en México, John D. Feeley, y el jefe de la MCCO (Mexico City Country Office, Oficina del País en la Ciudad de México) de la DEA. Se habían reunido en privado con el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el doctor Alejandro Poiré. Recibieron un mensaje directo del gobierno federal mexicano: “Si tienen algo contra Hank, es ahora”.
Los protocolos de cooperación México-Estados Unidos ya habían sido activados desde la PGR a través de sus contactos en la embajada. Sin embargo, hacía falta una comunicación del más alto nivel sobre el tema, particularmente porque el gobierno federal mexicano —de manera increíble para muchos— dice no tener nada contra Jorge Hank Rhon.
Poco después de que se reveló la operación del Ejército en la casa del ex alcalde de Tijuana, una de las versiones que más divulgaron fuentes bien informadas fue la de que la detención fue fruto de un “pitazo” de los agentes de la DEA que operan en Baja California hacia elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un tip a nivel de los contactos en el terreno de la siempre vigilada Baja California.
Ya se sabe del ridículo en que quedó el gobierno federal por la detención de Jorge Hank Rhon. Asombrosamente no fueron capaces de quitarle “una pluma a su gallo”. Pero el costo político de Hank en libertad, que sólo refuerza en el ideario colectivo la falta de credibilidad de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia en México, debe también salpicar al gobierno de Estados Unidos.
Primero, porque desde 2009 las autoridades del vecino norteño prohibieron a Hank y su familia el ingreso a territorio estadounidense, bajo la sospecha de que están vinculados con el crimen organizado. Segundo, porque las filtraciones de WikiLeaks exhibieron a la embajada de EU en México denunciando que el emporio de apuestas y caballos del priísta era puerto seguro para narcotraficantes y lavadores de dinero. Y tercero, porque el gobierno mexicano se los pidió al más alto nivel ese 7 de junio.
¿Estados Unidos tampoco tiene nada contra Hank? Entonces que lo dejen pasar, que le den la visa, que vaya de shopping a San Diego, lleve a sus nietos a Disneylandia y acompañe a su mujer a atenderse a los mejores hospitales de Houston.
Y, considerando el historial de Hank relatado hace un par de semanas en este mismo espacio, que los de EU compartan con sus colegas mexicanos el ridículo de tenerlo libre.
SACIAMORBOS
Lo que permanece en debate e investigación periodística es si el Presidente, imaginando un Quinazo que pudiera minar las preferencias electorales a favor del PRI, autorizó proceder con la operación. Dicho sea de paso, si éste fue el Quinazo del sexenio, francamente quedó bastante pobre… casi tanto como la “cargada” a favor de Cordero.