Diego Valadés
El año próximo la Constitución francesa cumplirá 50 años, a lo largo de los cuales ha ejercido una profunda influencia en los sistemas constitucionales de numerosos países. El modelo francés puede ser visto desde dos perspectivas: la construcción de un nuevo sistema presidencial o la corrección de un añejo sistema parlamentario. Pero, además del modelo, también se puede hablar del método francés, que se enuncia de una manera muy sencilla: atreverse a innovar. Ahora los franceses se disponen a renovar, otra vez, el mundo de las instituciones.
Incluso antes de que algunos sistemas presidenciales se modernicen tomando como referencia los avances que Francia consiguió hace medio siglo, Francia ya estará en otra dimensión. El presidente francés integró una comisión plural, en la que intervienen varios socialistas, para que, en el curso de las próximas semanas, presente un proyecto de renovación constitucional.
Los franceses, que no tienen problemas en cuanto a la solidez de su democracia, quieren ir aún más adelante. El presidente dijo, al anunciar esa comisión, que 21 millones votaron por él, pero que 17 lo hicieron por su oponente, y que aun gobernando para todos no se consideraba con el derecho de imponer su criterio a quienes piensan diferente. Por eso, abundó, las instituciones deben ser reformadas, para hacerse más receptivas a las demandas de una sociedad nueva y vital.
La primera recomendación que el señor Sarkozy dirigió a los comisionados, consistió en reafirmar la naturaleza laica del Estado francés. Enseguida abordó las cuestiones estructurales y funcionales del poder, y reconoció que la fortaleza de un presidente, en una democracia, está asociada a su sometimiento a la responsabilidad política. “No hay poder fuerte sin responsabilidad fuerte”, dijo.
Por ende, el presidente no tiene por qué ser intangible. Además, debe someter sus decisiones al Parlamento. Se busca robustecer la autoridad presidencial (“que el presidente gobierne”), para lo cual es indispensable que la Asamblea disponga de mayores atribuciones. Se propiciará así una sinergia entre los órganos del poder político, para que estén en aptitud de cooperar y de construir decisiones compartidas, eficaces.
Sarkozy sugiere que la Asamblea tenga más facultades para aprobar los nombramientos presidenciales, y que el ejercicio del presupuesto sea transparente. Propone, incluso, que se revise uno de los mayores instrumentos del poder presidencial sobre la Asamblea: las iniciativas acerca de las cuales los legisladores sólo pueden pronunciarse a favor o en contra, pero no pueden modificar. A la oposición, agrega, deben reconocérsele nuevos derechos mediante un estatuto que le permita desempeñar mejor sus tareas en una democracia estable, constructiva y madura. Todo, para “salir de la república de la connivencia y entrar en la república de la competencia”.
El catálogo de reflexiones doctrinarias y de recomendaciones reformadoras es muy amplio. Lo más relevante es que Sarkozy exhortó a los comisionados, y a la sociedad francesa en general, a discutir todos los problemas sin temor. Con este espíritu, Francia se dispone a dar otro paso adelante en la renovación de las instituciones. Lo obtenido hace media centuria se considera insuficiente. La Constitución de 1958, ejemplar en más de un sentido, es la base para una nueva reforma del Estado, como dijo el presidente francés de manera textual.
No es prudente comparar los procesos en diferentes países, porque cada uno responde a su propia velocidad de cambio y obedece a la trayectoria de su cultura. Lo que sí se puede es contrastar las actitudes. La disposición a actuar con celeridad o la de ralentizar los cambios es lo que cuenta. Nosotros tenemos una Constitución que cumplía cuatro décadas cuando los franceses escribieron la que ahora modificarán. Para ellos, la que tienen ya es vieja; para nosotros, lo que concierne a un sistema presidencial personalista permanece intangible.
A diferencia de Francia, aquí luchamos para abatir la resistencia hecha indiferencia. El impulso renovador entre nosotros todavía lucha por abrirse paso. Sin embargo, algo hay que resulta alentador: la iniciativa de los cambios la asumió el Congreso, y ha mostrado que sí tiene capacidad para tomar decisiones innovadoras, valerosas e inteligentes.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM