Angel Mario Ksheratto
Absolución presidencial
Para el presidente Felipe Calderón, es la delincuencia organizada la que lesiona los derechos de los migrantes centro y sudamericanos en suelo nacional; no le faltan argumentos y razones, pero sí, honestidad al salvar de tales tropelías a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes, al menos en Chiapas, siguen cometiendo cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos, pese al esfuerzo del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por los gobiernos al sur del país.
Es común que al viajar por autobús de Tapachula a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los agentes migratorios realicen registros en los seis ó siete retenes oficialmente establecidos a lo largo de la carretera. En todos, el trato a los viajeros es por demás déspota y amenazante; la última vez que tomé un autobús, en dos de las garitas bajaron a las mismas dos personas que no llevaban consigo una identificación oficial mexicana. Pese a que éstas (una pareja de entre 50 y 60 años de edad) respondieron correctamente las estúpidas preguntas de los oficiales, fueron obligados a descender, casi a rastras para ser interrogados en las oficinas migratorias.
Ambos, como quedó plenamente demostrado en las dos casetas, eran originarios del municipio de Jiquipilas y regresaban de visitar a una hija suya, residente en Cacahoatán. Para empezar, los empleados de la Secretaría de Gobernación, violan un principio constitucional que ordena que nadie puede ser molestado en sus bienes; éstos vaciaron en pleno autobús las pertenencias de los agraviados; la Constitución también ordena que no se puede obstaculizar el libre tránsito de los ciudadanos y sin embargo, todos los que viajamos, debimos esperar más de una hora en cada garita hasta que liberasen a los presuntos “ilegales”, cuyo única argumentación para ser vilipendiados, fue haber olvidado sus documentos.
Cuando uno de los pasajeros, molesto por la pérdida de tiempo y los abusos cometidos contra dos ancianos protestó, el agente migratorio le gritó, amenazándole con ser acusado de “obstrucción a la justicia” y “tráfico de ilegales”. Así de sencillo, así de violentos. Ese es solo un caso. ¿Cuántos más sucederán a lo largo del día?
Un hombre al que conocí en la cárcel, me contó que se dedicaba al tráfico de ilegales centroamericanos; dijo que el jefe del grupo de traficantes, mantenía constante comunicación con los agentes de migración, a quien daban pelos y señales de los viajantes, a fin de no ser molestados durante su tránsito por el territorio nacional. Claro, previo remuneradísimo pago por adelantado a los oficiales. Cuando un inmigrante ya no contaba con recursos para pagar su libre paso, era denunciado y bajado en la primer garita para ser deportado. En algunas ocasiones, era cruelmente golpeado por los agentes, obviamente, por sugerencia de los jefes de traficantes.
Eso es lo que se le olvidó al presidente Calderón denunciar ayer en su discurso. Absolvió a sus empleados del maltrato, de las vejaciones y de los crímenes que se cometen contra la gente del sur que, ingenuamente, cree que en el país de los gringos va a encontrar mejor vida. Calderón debe, si tiene voluntad, ordenar que en los retenes migratorios, se deje la criminalidad institucional como método para frenar la migración ilegal.
Criticamos el abuso de los gringos, pero acá, a veces hay más brutalidad. El gobierno de Juan Sabines ha hecho esfuerzos plausibles para acabar con ese mal y por ello es reconocido, pero falta que el gobierno calderonista, ponga en práctica lo que dice en el discurso, reconozca las fallas, errores y abusos y ponga un fin a éstos. Mientras, todo habrá de quedar en palabrería hueca.
Tarjetero
*** Buena, la medida de cerrar la mina en Chicomuselo, propiedad de la empresa Black Fire, principal sospechosa del asesinato de Mariano Abarca, quien se opuso sistemáticamente al funcionamiento de ésta, luego que se comprobó que lastimaba el medio ambiente. Lo que debe venir ahora es que la medida se extienda a todas las explotaciones que ésta hace en territorio nacional. Pero sobre todo, que se lleve a los Tribunales a los directivos que, se presume, ordenaron el asesinato de Abarca. Ojalá y no nos salgan con que a Mariano, lo mató un marido ofendido o con cualquier otra mafufada, con tal de proteger a los canadienses involucrados. *** Hablando de protección e influencias, hay el temor que en el caso de la demanda penal por acoso contra el alcalde de Tonalá, Hilario González Vázquez, ésta no avance. La razón: Hilario y Raciel Salazar, son amigos desde la infancia de tal manera que el último, ha ofrecido respaldo al edil para que la demanda no proceda. Tan es así que, trascendió, ya sostuvieron una reunión ahí mismo en Tonalá. Otra vez, las influencias terminan con la intención del gobernador Sabines de terminar con la impunidad, la corrupción y los abusos. *** Exitosa resultó la intervención de la subsecretaría de gobierno en Huixtla en el conflicto de Tuxtla Chico, donde un grupo de gente había bloqueado la carretera internacional. Rosalinda Orozco, titular de esa dependencia, tuvo tacto y capacidad, logrando un acuerdo a las tres de la mañana de ayer. Así deben hacer las cosas: con eficacia, no con fanfarronerías y torpezas que más ahondan los problemas. *** Luego nos leemos.
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