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Itzel Silva, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó ante Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y relator para México y sobre Personas Privadas de la Libertad, en su visita oficial a México. la situación Carcelaria, el Arraigo y la Tortura en Chiapas, como focos alarmantes de la violación a derechos fundamentales en el estado. Relató al comisionado que en Chiapas, los Centros de Detención oficiales constituyen un espacio en donde las personas detenidas dan testimonio de la violación a los derechos humanos como una práctica sistemática que, además de ejercer control irrestricto sobre las personas internas, busca silenciar las voces y acciones que se oponen a las redes de corrupción consentidas por las autoridades penitenciarias.
En cada Centro de Detención son constantes el sometimiento y humillación a la dignidad humana, además de la extorsión. En la mayoría de casos, y de manera paradójica, son los directores a cargo quienes violentan los derechos humanos de las personas bajo su custodia.
Por otra parte, el ejercicio de derechos por parte de personas presas pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas, políticas y sociales, como La Voz del Amate en el CERESO 14 y la Voz de Los Llanos en el CERESO 5, han denunciado de manera constante los abusos y violencia institucional ejecutada por autoridades penitenciarias en respuesta a la criminalización de la protesta social.
El sistema penitenciario en Chiapas muestra indicadores claros de la complicidad que mantienen las autoridades para que se continúen violentando los derechos fundamentales de las personas detenidas y bajo custodia. El desprecio a la dignidad humana y los casos de criminalidad dentro de las cárceles son posibles solamente con el contubernio de los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley.
Por otro lado, hizo hincapié en que el uso de la figura procedimental del Arraigo no sólo viola derechos básicos al debido proceso y la presunción de inocencia, garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además es inconstitucional como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el estado de Chiapas las víctimas son trasladadas a la llamada “Quinta Pitiquitos”, en el municipio de Chiapa de Corzo. La Fiscalía General del Estado exige a los familiares requisitos innecesarios para visitar a los detenidos y obstruye el trabajo de la defensa, ya que impide la entrada a organismos civiles de derechos humanos para verificar la situación en que se encuentran los detenidos o bien para asumir la representación legal de las personas arraigadas.
En cuanto a la Tortura Itzel Silva mencionó que subsiste como método privilegiado de investigación policíaca, utilizada sobre todo por miembros de la Agencia Estatal de Investigación, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado. La intencionalidad de la Tortura es la de obtener información o una confesión firmada de parte de la víctima. Así mismo los funcionarios o servidores públicos involucrados por acción u omisión en actos de Tortura y/o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, son quienes proponen a las víctimas negociar o conciliar con los perpetradores.
La abogada del Frayba detalló varios ejemplos de violaciones a derechos humanos en Centros de Detención, casos de Arraigo y de Tortura que en su momento se han presentado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Dr. Florentín Meléndez mostró interés y preocupación por la situación explicada, que estudiará con detenimiento a fin de definir las acciones pertinentes a realizar, de acuerdo al mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su mandato particular como relator para México y de Personas Privadas de su Libertad. ASICh