Ex trabajador de SAPAM de Berriozábal gana juicio y le niegan la indemnización

Augusto Solórzano López /ASICh

La Presidenta de la Junta Especial No. 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, Yulia Jazmín Sánchez, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se niega a entregar la correspondiente indemnización que después de cinco años ganó Rigoberto Cortez Zenteno, quien fuera director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Berriozábal.
El caso es muy probable que no sea del conocimiento de la Secretaria del Trabajo, Esther Almazán Torres y menos que sepa que cuando así conviene, la referida Licenciada resuelve casos en un “abrir y cerrar los ojos”, por razones de dudosa claridad.
El caso es que después de 5 años Rigoberto Cortez Zenteno no le entregan un cheque por 803 mil 135 pesos que tiene en su poder la Presidenta de la Junta Especial No 3 y que se niega a entregar porque “no le da la gana”.
“Y que ni abogados, ni autoridades del rango que sean lo obligarán a pagar, a pesar de que –reconoce- que obra en su poder el referido cheque”.
El agraviado que demandó en el 2006 al Ayuntamiento de Berriozábal por haberlo corrido de su trabajo como director del Sistema Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Berriozábal SAPAM y a raíz del cambio de gobierno.
Tras la denuncia y luego de prolongado litigio por fin la resolución le llegó a su favor y en contra del Ayuntamiento de Berriozábal.
Sin embargo, aún cuando existe un cheque por la cantidad antes anotada la referida funcionaria se niega entregar el cheque argumentando una suspensión por amparo por “cuentas congeladas” del Ayuntamiento de Berriozábal.
Situación anómala, pues, en ningún momento las cuentas del H. Ayuntamiento en cuestión están congeladas, tan es así que el cheque fue emitido por Banamex en su momento.
Todo está contenido en el juicio laboral 205/2006 que se puede apreciar en la gráfica adjunta. Los abogados han solicitado la intervención de la Secretaria Esther Almazán Torres, así como de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Lo raro del caso es que ni una instancia ni la otra han dado respuesta guardando cerrado hermetismo, mientras las funcionaria en cuestión les ha dicho que nadie podrá obligarla a entregar la correspondiente indemnización que tiene ganada, el quejoso, Rigoberto Cortez Zenteno. ASICh

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