Jorge Emilio González M.
Para finales del sexenio pasado, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro país se encontraba ante un problema ambiental grave, el cual incluía una elevada tasa de deforestación; una baja productividad del uso agrícola del agua; un alto porcentaje de terrenos con presión sobre los cuerpos de agua; un alto índice de tragedias ecológicas; una insuficiencia de áreas naturales protegidas; y muy pocas empresas limpias.
Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (PEF), presentado a la Cámara de Diputados, se establecen como prioridades nacionales en materia de sustentabilidad ambiental tres ejes de acción: la protección y restauración del medio ambiente; la promoción y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y el impulso a la educación y al conocimiento en materia ambiental.
Para ello, el Ejecutivo federal propone destinar al desarrollo sustentable 72 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de que en el propio PEF 2008 el Ejecutivo federal menciona que la evaluación de los programas de gobierno a partir del 2008 estará basada en los resultados alcanzados y no en el ejercicio financiero, la realidad es que la propuesta de Presupuesto presentada carece de indicadores de desempeño útiles que permitan verificar, efectivamente, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de las políticas y los programas ambientales.
Actualmente, hay un debate sobre la naturaleza de los indicadores, partiendo de la definición misma de éstos, así como de la verdadera utilidad con respecto a la necesidad de contar con una herramienta técnica para la toma de decisiones políticas y, sobre todo, presupuestarias.
Según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP, por sus siglas en inglés), institución líder en la creación de indicadores para la evaluación de políticas en materia ambiental y en específico en recursos hídricos, los indicadores son herramientas que nos permiten “observar, describir y evaluar los distintos aspectos de una situación determinada, formular situaciones deseadas o comparar una situación común con relación a una situación deseada”. Los indicadores deben construirse de tal forma que sean de gran utilidad para el proceso de seguimiento y evaluación de políticas y programas, y representen una fuente de información confiable, tanto para los políticos que deben tomar decisiones como para la sociedad.
Por ejemplo, el Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), con un presupuesto de 884 millones 900 mil pesos y en el que la unidad responsable es la Comisión Nacional Forestal, tiene como objetivo reducir la degradación, fragmentación y pérdida de los recursos forestales. El programa posee un indicador denominado “Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales con relación a la meta del Presupuesto de Egresos de la Federación” y contempla como mecanismo de medición: superficie plantada en el año entre superficie programada por 100. Evidentemente, este indicador sólo es de eficiencia, pero claramente no nos permite conocer de forma alguna si, efectivamente, el plantar el número de árboles establecido contribuye a cumplir con el objetivo y si, en efecto, dicha estrategia es la más adecuada para ello.
Por lo tanto, al Ejecutivo federal se le dificultará saber si efectivamente el programa está alcanzando el objetivo esperado, si se requiere una reorientación, una redefinición de los propios objetivos, o si debe eliminarse.
Los legisladores requieren saber si los recursos asignados a dicho programa están generando los resultados esperados en términos ambientales y en términos sociales y, por tanto, si deben o no reorientar los recursos presupuestales
La sociedad en general tiene que saber si sus impuestos están siendo invertidos en una política que verdaderamente generará un impacto social y ambiental, o si deben solicitar tanto a los legisladores como a los funcionarios federales, un mejor uso de sus impuestos.
Presidente nacional del PVEM