Jorge Chabat
La semana pasada el canciller del Vaticano, Dominique Mamberti, pidió modificar el marco jurídico de México a fin de garantizar una “plena garantía del derecho a la libertad religiosa”. Dicha declaración dio pie a que el cardenal Norberto Rivera pidiera que a los ministros de culto se les tratara con igualdad respecto al resto de los mexicanos y que todos los ciudadanos deberían tener derechos de expresión y reunión así como de ser votados.
Sobra decir que estas declaraciones han provocado una reacción en los medios y han aparecido voces que alertan sobre los peligros de abandonar un Estado laico. El tema obviamente nos remonta al siglo XIX y a las reformas para limitar el poder de la Iglesia realizadas por Benito Juárez.
Ahora bien, si bien es cierto que sobra la evidencia histórica sobre el poder de la Iglesia católica en México y la lucha del Estado por consolidarse frente a dicha institución, esta discusión no puede soslayarse en un Estado democrático. Durante décadas hemos tenido una legislación que, a fin de limitar el poder de la Iglesia, ha limitado los derechos de los ministros de culto. Estos no sólo no podían participar en política: ni siquiera podían votar. En la actualidad ya votan pero no pueden criticar las leyes o el gobierno, postularse a puestos de elección o ser funcionarios públicos. Estas restricciones convierten, ciertamente, a los ministros de culto en ciudadanos a medias, como si fueran extranjeros.
En este contexto, ¿debería tratarse a los ministros de culto como al resto de los ciudadanos? La verdad es que en un estado democrático así debería de ser. Limitar los derechos de los ministros de cualquier religión es, ciertamente, discriminatorio. El argumento utilizado históricamente para esta restricción es que si un sacerdote (siempre se piensa en un sacerdote católico) participa en política, va a inducir al gobierno a favorecer los intereses de la Iglesia (también se piensa siempre en la Iglesia católica) e incluso puede acabar imponiendo la religión católica como la religión oficial.
Pero, ¿es esta posibilidad real en la actualidad? ¿Es factible que si los ministros de culto participan en política, esto va a implicar la fusión entre Estado e Iglesia (católica)? La verdad es que esta especulación no tiene hoy mucha base. Los estados democráticos no imponen una religión a la población y suelen tener separados los asuntos del Estado de los religiosos.
Esta preocupación por la participación de religiosos en política tiene también otro componente: su gran poder sobre la opinión de las personas. Pero, ¿es este poder mayor que el que tienen algunos líderes de opinión o figuras populares como deportistas o artistas? ¿Habría entonces que prohibir participar en política a Ana Guevara, Giovani dos Santos o a los miembros del grupo RBD?
La verdad es que los temores acerca de la participación de ministros de culto en política no resultan muy fundados. Según la mayoría de las encuestas, los mexicanos rechazan la participación de religiosos en política. Alguien diría que esa es una buena razón para prohibir dicha participación. Pero más bien es lo contrario. De acuerdo con estas encuestas, no parece que hoy en día si los ministros de culto participan masiva y abiertamente en política vayan a ser más exitosos que cualquier otro ciudadano.
No lo fueron en la discusión sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en la cual, a pesar de todo, sí opinaron. No lo han sido en varios estados de la República donde han ganado candidatos que no son apoyados por la jerarquía católica. En otras palabras, es muy probable que si los religiosos participan en política corran la misma suerte que los deportistas y artistas: van a tener un éxito limitado. En ocasiones lograrán influir en la opinión pública, en otras no. Al final quienes decidirán serán los ciudadanos y de eso se trata la democracia.
Todo indica, pues, que los temores decimonónicos sobre la participación de los ministros de culto (de todos los cultos) en política no tienen base y sí implican una restricción de sus derechos ciudadanos. Claro, si se aceptara que participen abiertamente en política deberán tener las mismas obligaciones que el resto de los mexicanos, como pagar impuestos y ser procesados si cometen algún delito (como, por ejemplo, pederastia). Finalmente el ser ministro de culto debiera ser una chamba más. Darles plenos derechos y obligaciones a estos ministros no haría de México un Estado religioso. Lo haría democrático.
jorge.chabat@cide.edu
Analista político e investigador del CIDE