Ramón Cota Meza
Gran expectación ha despertado la opinión de un juez de la Corte sobre la “acción de inconstitucionalidad” de 47 senadores contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es un legajo de 546 descomedidas páginas, las cuales hay que sobrellevar por la información valiosa que contienen en un mar de reiteraciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) delimita su autonomía y hace importantes consideraciones técnicas.
La acción de inconstitucionalidad contiene 21 impugnaciones, desde el procedimiento de aprobación de las reformas, hasta la rectoría del Estado en la materia, el estatus administrativo y facultades de la Cofetel, permisos, concesiones, licitaciones, quién las otorga, quién las cobra, competencia, aspectos técnicos, radios y televisoras de interés público y comunitarias, relaciones de la radio y la tv con las fuerzas políticas e instituciones, en fin.
Son demasiadas cosas, cada una vinculada a otros campos y leyes, más los cruzamientos resultantes. Esperar una “reforma integral” de las audiencias y la sabiduría de la Corte no es muy recomendable, ni necesario a fin de cuentas. Ante la velocidad del cambio en telecomunicaciones, es bueno conservar un margen de ambigüedad legal. Nada se pierde con una actitud expectante ante tendencias que terminarán imponiendo su propia regulación técnica.
Tomar este asunto como batalla definitiva por la soberanía nacional y la sociedad de la información y la democracia carece de contexto. Los grandes medios de comunicación no están conspirando contra el país; al contrario, son cada vez más receptivos a las necesidades de información pública, las cuales cumplen según su criterio, apegados a la agenda institucional, con animación vivaz e informada, reportajes, foros, entrevistas y programas novedosos.
Nadie razonablemente cuerdo diría que la teleaudiencia mexicana sufre oscurantismo en comparación con otros países. En cuanto a regulación, no hay un modelo. Gobiernos e instituciones globales no aciertan a encuadrar el desarrollo telemático en las leyes nacionales. La tecnología se ha desbordado, pero no hay que hacer aspavientos soberanos al respecto. Los mismos actores telemáticos necesitan protección estatal porque ellos también sufren incertidumbre.
Las leyes vigentes son adecuadas para dejar que el fenómeno fluya e ir haciendo ajustes sobre la marcha. La acción senatorial tiene el mérito de llamar la atención sobre temas de interés general, pero no urge tomar posición por ellos, salvo la relación de los partidos y campañas electorales con la televisión. Este problema se puede resolver con una ley que limite la propaganda partidista a un presupuesto determinado, autorizado por el órgano correspondiente.
Cada uno de los 21 asuntos de la acción senatorial requiere examen autónomo. Tomar posición por ellos en bloque podría resultar en una legislación rígida o inadecuada. Por otro lado, el alegato no aborda el video por internet, básico para balancear un poco el poder de los grandes medios. Pero hay que separar los asuntos para unirlos sin precipitación en lo que se pueda. No se puede tener una “reforma integral” para algo que está en revolución recurrente.
Piénsese también que la interconexión en México avanza. Por más rezagada que se le juzgue, su capacidad actual es un salto enorme en unos 15 años. Si la tv actual deja a otros en desventaja, la propia tecnología irá emparejando el terreno. Hoy una persona con medios mínimos puede comunicarse y organizarse por la red. El video por internet se perfila como herramienta eficaz y accesible a muchas personas y comunidades. Su beneficio para la educación, la cultura y la política será grande.
Si la acción de los senadores precisara que el futuro no está en juego en esta materia, sería un avance. Dado el amplio alcance de la Constitución, cualquier desviación sería corregida. No hay un poder espectral acechando nuestras debilidades. Lo que hay es una simbiosis de las telecomunicaciones y el Estado en equilibrio inestable. El temor de que esta simbiosis engendrará algo malo proviene de la imaginería novelesca del siglo XIX, que no corresponde a la sociedad actual, donde hay cada vez más gente informada capaz de actuar.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político