Leonardo Curzio
México es el enfermo del siglo XXI. Es un país enfermo de pasado que vive presa de un arreglo social y político que no lo deja respirar con amplitud. El diagnóstico no lo hace ninguna mente malévola, es producto de estudios realizados por la OCDE y el Banco Mundial. La OCDE ha señalado un conjunto de leyes de los tres órdenes de gobierno que impiden la competencia económica, es decir que están pensadas para promover intereses muy concretos, no el interés general. Además de esas rigideces pensadas para nutrir fortunas a expensas del consumidor, la naturaleza de nuestros males ha quedado claramente diagnosticada en el análisis institucional y de gobernabilidad sobre México elaborado por el BM, el banco que dejará de dirigir próximamente el “halcón enamorado”.
Es un documento sistemático que en resumen viene a decir dos cosas. La primera es que México debe emprender una reforma redistributiva de poder que permita favorecer el parto de un nuevo arreglo socioeconómico. La segunda es que la polarización social no debe seguir creciendo. El arreglo sociopolítico y económico que permitió la reproducción del sistema priísta durante décadas no ha sido tocado y los beneficiarios del mismo conservan (incluso incrementan) su poder de influir en las decisiones y la orientación de las políticas públicas.
Esta situación ha perpetuado las deficiencias del modelo económico que se basa en una extraña combinación de ideología de libre empresa con un afán de capturar al Estado para perpetuar privilegios. Somos un país con una deformación brutal pues una buena parte de los negocios se hacen con el Estado (hay que recordar que el presupuesto federal es de 2 billones de pesos, esto es más de 20% del PIB) de allí ese nefasto mestizaje del empresario politizado y el político con intereses empresariales que da como fruto una red de intereses éticamente sospechosa. Normalmente las transiciones traen consigo una revisión del poderío económico de ciertos grupos para provocar una nueva correlación de fuerzas. En nuestro caso sigue pendiente.
Por otro lado, el análisis del BM sugiere que la falta de avance en las reformas necesarias se debe a la influencia de ciertos grupos (los sindicatos por ejemplo) que impiden sanear el sistema de pensiones, emprender una sana reforma energética o replantear el sistema educativo. Las organizaciones que fueron las poleas de transmisión de la hegemonía PRI hoy se conservan intactas, algunas como el sindicato petrolero se mantienen leales a ese partido, pero otras con historial igualmente turbio, son aliadas del PAN y el PRD.
En el baile del poder no le han hecho ascos a nadie. Los partidos políticos, con sus divisiones y su pequeña y mezquina agendilla de poder, han sido hasta ahora incapaces de aliarse para dar mayor autonomía al estado frente a estos grupos de poder. La razón es muy simple, para ellos es más importante la alianza coyuntural que les garantice la primacía sobre el otro, que una alianza para reducir el poder a los captores del Estado. Los grandes intereses se benefician así de esa fragmentación de una clase política sin escrúpulos que igual sube a sus listas al líder de un sindicato corrupto, que vota bellacamente por una legislación de privilegio para un sector, a sabiendas de que en ambos casos se está debilitando el poder relativo del estado para fortalecer a esos grupos.
Analista político