Guanajuato, Guanajuato.- Con el objetivo de analizar, entre otros temas, las Reformas legales en Materia de Narcomenudeo, La Reforma al Sistema de Justicia Penal en México y el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio, el primero y dos de octubre se llevó a cabo en la capital del estado de Guanajuato, el IX Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del País; con la participación del Procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Gabriel Coutiño Gómez.
En ese marco, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, destacó que el respeto a la dignidad del individuo no puede quedar supeditado al interés de la colectividad, por ello, la manera idónea de romper el círculo en que la inseguridad y la impunidad se reproducen, es la coordinación eficaz entre instituciones, sin distinciones partidistas, por encima de cualquier interés de grupo y con mecanismos, criterios y procedimientos convergentes.
“La lucha contra la delincuencia organizada, ha puesto a prueba la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y de la sociedad en su conjunto, ante lo que el Estado mexicano ha respondido con acciones resueltas y contundentes, para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la población en todas las regiones”, puntualizó.
Chávez Chávez, dijo que la fuerza del Estado siempre será superior a la fuerza de la delincuencia; “es importante subrayar que el respeto a la dignidad del individuo no puede quedar supeditado al interés de la colectividad”.
“El ciudadano no distingue entre fueros ni ámbitos de competencia, sino que exige con razón que el Estado cumpla con su obligación primigenia de darle seguridad. Cuando es víctima de un delito anhela el amparo y protección de la ley para que le sean resarcidos sus derechos” enfatizó el Fiscal Federal.
Finalmente exhortó a la suma de esfuerzos entre jueces y Ministerios Públicos para combatir con eficacia a escala nacional dos de los delitos que más ofenden y dañan a la sociedad: el secuestro y el narcomenudeo.
En este importante encuentro, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los Procuradores del país ratificaron su compromiso de intensificar la colaboración y el trabajo conjunto para avanzar en la transformación del sistema de procuración e impartición de justicia y responder así, al reclamo nacional de afianzar el Estado de Derecho y brindar una justicia integral, efectiva y expedita.
Consideraron indispensable trabajar de manera estrecha en la adecuación de la legislación secundaria, en las entidades federativas, a partir del Código Modelo en Materia de juicios orales que sustenta el Sistema Procesal Penal Acusatorio.
De igual manera, acordaron la integración de una comisión para la Preparación de un Plan General de Acción que permita instrumentar las recientes reformas aprobadas en materia de narcomenudeo, cuya tarea será determinar los recursos financieros que implicará la aplicación de la Ley.
Con relación a los Centros de Operación Estratégica previstos en la Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, coincidieron en conformar grupos interinstitucionales de trabajo en cada estado, con personal judicial y ministerial especializado para establecer criterios homogéneos de actuación ministerial y judicial en materia de narcomenudeo.
Así también, coincidieron en preparar un exhorto al Congreso de la Unión, para que expida la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para lo cual se formaría una comisión para el estudio y análisis que desarrolló las propuestas de adecuación del Modelo del Sistema de Justicia para Adolescentes.
Se pronunciaron asimismo por impulsar una propuesta de idea legislativa para combatir el lavado de dinero que considere adecuaciones a los Códigos Civiles, las Leyes del Notariado Público de los Estados y otros cuerpos aplicables.
Durante los trabajos se expusieron los balances que se han tenido en las Estrategias Nacionales Contra el Delito de Secuestro y Narcomenudeo, en las que se busca la participación de los Poderes Judiciales en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que se emprendan acciones convenientes para que juntos puedan ganar la batalla contra estos delitos que tanto lastiman y afectan a la sociedad. ASICh
