La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar el registro como partido político nacional a Que Siga la Democracia parece haber colocado en jaque al sistema democrático nacional, al partido que hoy ostenta el poder hegemónico y a los propios tribunales especializados, que ahora tienen “una papa caliente” propensa a estallarle en las manos y confirmar lo que tanto han negado desde las controversiales reformas a las instituciones jurisdiccionales de México.
El caso ha comenzado a complicarse, y no es para menos. La negativa del INE a otorgar el registro como partido nacional ha desatado una serie de dudas y sospechas que apuntan a confirmar lo que ya se advertía: la posible injerencia de Morena para evitar la aparición en las boletas electorales de un nuevo partido obradorista, que se desmarque de las cuestionables prácticas y alianzas morenistas, provocando una inevitable división en sus votantes.
Lo que se ha puesto en juego no es únicamente la incorporación de un nuevo actor al sistema de partidos, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la pluralidad democrática. Y es que, el primer argumento utilizado por el INE para negar el registro ha resultado, por decir lo menos, difícil de entender.
La ley exigía poco más de 250 mil afiliaciones para acceder al registro. Que Siga la Democracia entregó alrededor de 330 mil, es decir, casi 80 mil más de las requeridas. Sin embargo, extrañamente la autoridad decidió centrar buena parte de su resolución en la invalidación de apenas 92 afiliaciones, observadas incluso varias semanas después de que el proceso de verificación prácticamente había concluido, por lo que aun suponiendo válidas esas observaciones, resulta complicado sostener que un número tan reducido pueda desechar un requisito que fue ampliamente superado.
El segundo razonamiento genera todavía mayores dudas. El INE recurrió a presuntas irregularidades relacionadas con la recolección de firmas para el ejercicio de revocación de mandato ocurrido ocho años atrás, cuando Que Siga la Democracia ni siquiera iniciaba el trámite para convertirse en partido político, sino que operaba como simple asociación civil. Es decir, la autoridad terminó utilizando antecedentes de una naturaleza completamente distinta, pertenecientes a otro momento jurídico y político.
La tercera objeción tampoco parece cerrar del todo. Se habla de supuestas inconsistencias en el financiamiento de las afiliaciones y de las asambleas constitutivas, pese a que la organización sostiene haber entregado toda la documentación comprobatoria de los gastos realizados. Al final, no hubo mayores explicaciones o precisiones sobre criterios que dejan más dudas que respuestas y no terminan por convencer.
Por eso el debate ya no se encuentra únicamente en los expedientes del INE. De fondo ha surgido una percepción política que merece atención. Dentro y fuera de la organización existe la sospecha de que el verdadero obstáculo para el registro no fue jurídico, sino electoral. La hipótesis apunta hacia Morena; un partido que parece haber visto en Que Siga la Democracia un riesgo real para conservar la cohesión del voto identificado con el obradorismo.
Y es que, Que Siga la Democracia no nace como una fuerza opositora al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Por el contrario, surge desde la misma corriente ideológica, aunque con una visión distinta sobre quiénes deben representarla. Su discurso apuesta por recuperar perfiles ciudadanos, deslindarse de liderazgos cuestionados y de personajes provenientes de otros partidos que, según sus simpatizantes, han debilitado la identidad original del movimiento. En otras palabras, pretende disputar la representación del obradorismo desde el propio obradorismo.
Ahí radica la verdadera dimensión política del caso. Un partido con esa identidad no necesariamente restaría votos a la oposición; podría dividir el respaldo electoral que hoy concentra Morena. Y pocas cosas preocupan más a un partido gobernante que la aparición de una competencia surgida desde sus propias bases ideológicas.
Ahora la responsabilidad recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La impugnación presentada representa mucho más que un recurso legal; constituye una prueba para las instituciones encargadas de impartir justicia electoral. Pues, si los magistrados encuentran que los argumentos del INE carecen de la solidez suficiente, estarán obligados a corregir la resolución y garantizar el derecho de una organización a participar en la vida política nacional.
Porque la verdadera prueba de una democracia no consiste en permitir únicamente la competencia entre adversarios ideológicos. También implica aceptar la pluralidad dentro de las propias corrientes políticas. Si el Tribunal confirma una resolución sustentada en argumentos que hoy generan tantas dudas, terminará alimentando una percepción que desde hace tiempo ronda en el debate público: la de instituciones judiciales sometidas a los intereses del nuevo poder político hegemónico… así las cosas.
Contacto: hectorestradaenlamira@gmail.com