México, peligro para EU
Alberto Barranco
El volumen (“Los próximos 100 años, pronósticos para el siglo XXI”), coloca a los países al borde de una confrontación militar… más de 200 años después de la guerra de 1847 en que el país perdió más de la mitad de su territorio, tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo.
“Doscientos años después de aquella guerra, México estará en condiciones de desafiar la integridad territorial de Estados Unidos y todo el equilibrio de poder en América del Norte”, señala letra por letra el texto.
El potencial del país, de acuerdo al autor, se iniciará a principios de la década del 2030, cuando Estados Unidos apruebe nuevas leyes migratorias para remediar la escasez de mano de obra.
Según ello, los migrantes mexicanos se comportarán de manera atípica “por una razón que no tiene nada que ver con la cultura y el carácter, sino con la geografía”, incorporándose a la corriente social dominante.
Pero, a diferencia de otros grupos, los mexicanos no estarán separados de su patria por océanos y miles de kilómetros.
Su concentración será justo hacia los territorios que hasta 1848 le pertenecían al país, con la novedad de que si antes algunas áreas tenían 50% de población mexicana, ahora llegarán al 100.
México, pues, habrá resuelto su última fase de crecimiento demográfico extendiendo sus fronteras no políticas… con el aliento de Estados Unidos.
Naturalmente, el aumento de la migración multiplicaría los flujos de remesas, proyectándose hacia las industrias y servicios de base tecnológica, en un escenario en que, con o sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el país será capaz de exportar de modo eficiente al mercado de los Estados Unidos, dejando muy lejos la tradicional dependencia del petróleo.
El país, señala, estará a la altura de Europa en ciertas medidas de su nivel de vida, por más que pasará por un periodo de turbulencia y crecimiento en su camino al orden y la estabilidad, para aterrizar como una economía madura y balanceada, con una población estable, colocándose entre las seis o siete mayores potencias económicas del mundo, con un creciente poder militar por ejercer.
El país será la potencia económica más importante de América Latina, aliándose laxamente con Brasil.
En el volumen, publicado como “bestseller del New York Times”, se hace un recuento de cómo el país ha sobrellevado su relación con el vecino del norte desde 1848, sin atreverse a revertir el resultado de la guerra, aún cuando los alemanes, durante la segunda guerra mundial, le ofrecieron una alianza cuyo premio sería, justo, la devolución de sus territorios… por más que las tensiones han sido permanentes.
Sin embargo, entre el 2040 y el 2050 el escenario se revertirá. El país, señala Friedman, dejará de ser un caso perdido y se transformará en una gran potencia regional… sin que Estados Unidos repare en ello.
El país de las barras y las estrellas vivirá la euforia de haber ganado una guerra expansionista en la mitad del siglo.
El desafío estará listo en el 2080, con tres factores que romperían el equilibrio:
—México, con una población de 100 millones de habitantes, será una potencia respetable, menos en la frontera sur de Estados Unidos.
—El país del norte enfrentará una crisis cíclica en la década de 2070, que culminará con las elecciones de 2080, reforzándose entonces la adopción de nuevas tecnologías que reducirán la necesidad de más migrantes, lo que aumentará la presión por devolverle a México a los trabajadores temporales, aún cuando hubieran vivido 50 años en Estados Unidos y sus hijos y nietos hayan nacido ahí.
—Sin embargo, el predominio de los mexicanos —ciudadanos estadounidenses o no— será permanente. Las partes de México ocupadas por Estados Unidos en 1848 volverán a ser mexicanas cultural, social y, en muchos sentidos, políticamente.
El augurio habla de manifestaciones antiestadounidenses en la ciudad de México, además de Los Ángeles, San Diego, Houston, San Antonio, Phoenix y otras ciudades de la zona fronteriza, las cuales se habrán vuelto predominantemente mexicanas.
México, peligro para Estados Unidos.
BALANCE GENERAL
En el insólito de la temporada, el Consejo Nacional Agropecuario, uno de los organismos integrados al Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Benjamín Grayeb, prepara dos demandas, una por la vía civil y otra por la penal, contra el secretario de Economía, Bruno Ferrari, a quien se culpa de la crisis que vive el país en la producción de huevo y papa.
A la querella se sumarán la Confederación Nacional de Productores de Papa encabezada por Bosco De la Vega, y al menos media docena de senadores priístas y perredistas, con un argumento adicional: la incapacidad del funcionario ha colocado en jaque la salud pública al permitir el ingreso de papa con 62 plagas de alto riesgo.
La posibilidad de contagio alcanza a otros productos como el tomate, chile, berenjena y tabaco, con riesgo de provocar daños al agro nacional por 100 mil millones de pesos.
La furia es incontenible.
MANO LAXA CON MEXICANA
A diferencia del trato que se le dio en su momento a Taesa, o el que sufrió Aerocalifornia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó correr el ruinoso estado financiero de Mexicana de Aviación, pese a que el escenario ponía en grave riesgo la seguridad de los usuarios.
La responsabilidad es de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que por ley está obligada a encender los focos rojos de una línea aérea cuando se lesionan aspectos técnicos, de seguridad o financieros.
De acuerdo al subsecretario de Transportes, Felipe Duarte, la dependencia conocía a plenitud la situación de la línea aérea antes de que su principal accionista, Gastón Azcárraga Andrade, la vendiera en un precio simbólico al Fondo Advent.
La compañía arrastraba para entonces deudas por ocho mil 500 millones de pesos.
SIGUE LA MATA…
A la callada, a principios del mes que corre la Administración General de Aeronáutica Civil designó a Francisco Quiroz Pulido como encargado de la seguridad del aeropuerto “Benito Juárez” de la ciudad de México, en sustitución de Ricardo Quintana Martínez.
El cambio, a escasas semanas de terminar el sexenio, se calificó como un signo de desconfianza a la gestión del administrador de la terminal aérea, Héctor Velázquez.
En la coyuntura, se habla de realizar una auditoría de desempeño a éste, quien ha tenido en sus manos el cargo desde hace ocho años.
El escenario habla de pagos de recursos a través de mercancías que no pasan las aduanas; de libre tránsito de personas en áreas restringidas, y de delitos graves en las inmediaciones del aeropuerto, como secuestros y robos a personas que salen de las casas de cambio.
Aclaración
Señor licenciado Juan Francisco Ealy
Director General del Periódico El Universal México.
Señor licenciado Alberto Barranco:
Columnista
P R E S E N T E S:
En referencia a su columna publicada el 6 de noviembre pasado, bajo el título “Crónica de una infamia”, en el que se involucra una de las decisiones jurisdiccionales asumidas en el desempeño de la función jurisdiccional por quien esta nota suscribe, cuando desempeñé la función de Juez de Distrito, me permito hacer la siguiente aclaración:
Es verdad que en su momento, y en los términos que al efecto prevén las disposiciones legales aplicables, se emitió una sentencia en el juicio de amparo indirecto promovido por la persona jurídica de derecho privado a que alude usted en su interesante columna, en la que se asumió la determinación que en derecho correspondió, que fue recurrida y en el caso, revocada por la superioridad, concediendo mediante el recurso de revisión a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de Amparo, la protección constitucional solicitada por la recurrente.
De igual forma, es necesario precisar que, en los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descansa la obligación de las autoridades de dar debido cumplimiento a la sentencia de amparo y la correlativa obligación del juzgador federal de velar porque ese cumplimiento se realice sin demora, pues el restablecimiento de los derechos que se consideraron vulnerados en el procedimiento constitucional, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión de la mayor trascendencia, de orden público y de interés general, que no puede ser aplazada o condicionada bajo ninguna circunstancia, so pena de obtener el cumplimiento en los términos que al efecto prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República.
De ahí que, la obligación que impone al juzgador federal la Constitución Política, de impeler hasta el borde de nuestros límites legales al cumplimiento de la sentencia de amparo, no puede ser considerado una amenaza para la autoridad obligada, tampoco un simple requerimiento para que asuma su responsabilidad; dado que es la fracción XVI del artículo 107 del Máximo Ordenamiento, donde la Carta Magna prevé el procedimiento para exigir el cumplimiento de la sentencia, incluso las hipótesis de separación del cargo del titular, esto es, del funcionario que ejerce la titularidad de la autoridad responsable, incluyendo a los superiores jerárquicos involucrados en el incumplimiento, y la de consignar ante el juez de distrito a los contumaces para que éste proceda a sancionar a la o las autoridades responsables que incurran en desobediencia de una ejecutoria emitida en el juicio constitucional.
Este procedimiento, sustentado en el texto constitucional, de ninguna forma puede configurar persecución, como llega a calificarse en el texto cuya aclaración motiva las presentes líneas, pues el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también faculta al juez de distrito a emitir las órdenes necesarias a fin de lograr el cumplimiento, entre las que obviamente puede estar la de citar a las personas que fungieron como autoridades a fin de que defiendan el interés que consideren afectado con dicho procedimiento.
No debe olvidarse que la función de los jueces federales está sustentada entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, valores que obligan al juzgador a evitar la concesión de ventajas o privilegios a cualquiera de las partes, que pudieran configurar influencias extrañas al Derecho, y a no atender a presiones o intereses extraños a aquél; razones por las que la interpretación constitucional no subyace a particularidades.
Agradezco de antemano la publicación de la presente y me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Licenciado Benjamín Soto Sánchez
Réplica
Buenas tardes, le envío la contrarréplica del Lic. Barranco:
“El columnista no califica ni la justeza ni la calidad con que se le conminó al exdirector del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, sólo asentó que ante el amago de destituírsele del cargo y llevarlo a un proceso penal, el funcionario debió atender el requerimiento… que luego provocó su castigo”.
Muchas gracias. Quedo a sus órdenes.