Desnuda MVS al gobierno
Alberto Barranco
Horas antes, en intento de desarticular el debate, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, había hablado, justo, de “cinco o seis años” de sesudos estudios para reordenar el uso pleno de la banda. No fue, pues, decía, una decisión irresponsable.
Más aún, se aludía, en un comunicado de la dependencia, que la decisión se tomó con base en una política pública inscrita en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes que provee los casos de rescates de frecuencias subutilizadas.
Y aunque reconoce que la cadena encabezada por Joaquín Vargas presentó alternativas para el uso pleno de la banda de la discordia, aduce que “no fue posible encontrar un esquema que resultara viable”.
Lo cierto es que jamás hubo respuesta a la solicitud de MVS de aprovechar el espectro para abrirlo a la banda ancha en un escenario en que habría espacio para cualquier solicitante, convertido el proyecto “Internet para Todos” en carrier de carriers.
Y lo cierto es que a decir del dueño de la cadena, el golpe de escritorio lo dio el presidente Felipe Calderón unilateralmente, al no exigirle MVS a la periodista Carmen Aristegui ofrecer una disculpa pública por haber utilizado los micrófonos en alusión a la supuesta afición etílica del propio jefe del Ejecutivo.
La historia surgió cuando el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, colocó una manta en el recinto legislativo de San Lázaro en cuyo centro estaba una fotografía del Presidente de la República en supuesto mal estado, aludiendo al tema con dos preguntas punzantes: “¿Lo dejarías manejar tu auto? ¿Entonces por qué permites que maneje el país?
La periodista comentó al día siguiente sobre la conveniencia de que la Presidencia de la República aclarara el asunto.
A partir de ahí, según Joaquín Vargas, suspendida la periodista por la supuesta violación al Código de Ética de la emisora, se inició una presión intensa primero para no levantarle el castigo y luego para que se disculpara públicamente.
La moneda de cambio sería el refrendo de las concesiones, condición indispensable para abrir la posibilidad de explotación de la banda ancha con el concurso de las empresas Clearwire, Alestra e Intel, cuya novedad sería el uso de la tecnología LTE.
La oferta la plantearían la responsable de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra de la Sota, y el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome.
Sin embargo, éste negó la especie, acusando a Vargas de haberlo amenazado justo con esparcirla ante el amago de quitarle las concesiones.
“Nosotros, dijo el funcionario, respetamos la libertad de expresión”.
La denuncia como quiera que sea, coloca en tela de juicio la seriedad de las autoridades frente al otorgamiento de concesiones del espectro propiedad de la Nación.
El paréntesis de MVS en responder al golpe de fuerza en la agonía del sexenio obedeció a la espera de ser notificada oficialmente.
En la fase previa al escándalo, Joaquín Vargas había pedido a los trabajadores cerrar filas ante a una larga batalla jurídica en puerta, frente a lo que calificó de decisión “arbitraria e injusta”.
La andanada contra MVS se inició tras acusarla de haber planteado extemporáneamente el refrendo de sus concesiones de la banda de 2.5 gigahercios, que luego de un largo litigio en que la cadena demostró la falsedad de la acusación, derivó en que el espectro estaba subutilizado.
Más tarde, se diría que era demasiado espectro para una sola concesionaria, por más que 42% en poder de MVS represente apenas 11% de las frecuencias que pueden utilizarse para ofrecer servicios de banda ancha.
¿Concesiones al capricho de los gobernantes? El escándalo está al rojo vivo.
Balance general
Impune aún la cadena de tiendas Walmart frente a las acusaciones de sobornos a las autoridades para acelerar su expansión, hete aquí que el castigo está llegando por la vía de los inversionistas.
Ayer su acción fue duramente golpeada ante las revelaciones desde el Capitolio de Estados Unidos de que pudiera estar involucrada, además, en evasión fiscal y lavado de dinero.
¿Se acuerda usted de las promesas del gobierno federal y del de la ciudad de México de llevar la investigación hasta las últimas consecuencias?
El caso es que ni siquiera se ha armado el expediente.
Los congresistas Elijah Cumming y Henry Waxman le enviaron ayer una carta al presidente mundial de la cadena, Michael T. Duke, acusando a sus subordinados de no cooperar en la investigación. La firma insiste en que no sabe nada del asunto.
Van sobre Monex
Finalmente, más de un mes después de colocadas las evidencias en la mesa, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), está iniciando una investigación sobre el Caso Monex.
Estamos hablando del banco que expidió centenares de monederos electrónicos para cubrir los salarios de los operadores electorales del PRI, con la novedad de que el financiamiento de éstos se trianguló, lo que permite sospechar de lavado de dinero.
El uso, pues, de intermediarias sobre intermediarias habría permitido perderle el rastro al origen de los recursos.
Tan fácil que habría sido hacer la operación por la vía directa de la tesorería del partido.
Deuda pública a las nubes
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la deuda neta del gobierno federal, incluidos pasivos de paraestatales y bancos de desarrollo, alcanza 5.1 billones de pesos, equivalentes al 33.5% del Producto Interno Bruto.
Al último año del sexenio foxista, el monto equivalía a 18% del propio PIB.
El crecimiento desmesurado, a decir de la dependencia, lo explica la incorporación a la contabilidad de Pemex de las facturas de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), es decir obras de infraestructura realizadas por los particulares a favor de la empresa púbica, que supuestamente se amortizarían con su explotación.
Además, se habla de los bonos de pensión que se otorgaron a los trabajadores del ISSSTE que se incorporaron a un nuevo esquema privado.
Sin embargo, el gobierno se niega aún a abrir los pasivos por concepto de faltante de reservas para atender pensiones del aparato público, lo que elevaría la cifra al menos a cuatro tantos más.