Pensiones: la crisis que viene
Alberto Barranco
El colosal boquete, ajeno a las cuentas oficiales, ajeno a los gabinetes de análisis, ajeno a las discusiones sobre el futuro del país, alcanza más de 100% del Producto Interno Bruto, es decir, tres veces la deuda pública interna y externa, o si lo prefiere más de 10 veces la base fiscal del país.
Estamos hablando, exactamente de 104% del PIB… que se tenía en 2010, es decir, sin considerar que la bola de nieve siguió corriendo como alud en los siguientes dos años.
El escenario, con perfil de apocalipsis, por más que se ofrece lateralmente una salida, se plantea en un libro de título explícito: “Pensiones en México: la próxima crisis”.
Bajo la autoría de Pedro Vázquez Colmenares, un funcionario público que ha vivido de cerca el problema a su paso por el ISSSTE, el volumen plantea un escenario de incuria al no plantearse valuaciones actuariales integrales del problema, que alcanza a 105 planes pensionarios.
La cauda, con peligro de generar un grave conflicto social en el país, alcanza al propio ISSSTE, al Instituto Mexicano del Seguro Social de cara a sus afiliados y a sus propios trabajadores, y a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; a los bancos de desarrollo, a las universidades públicas y a los gobiernos estatales.
Se creó el escenario, pero no el fondeo, salvo media docena de casos específicos. De hecho, los gobiernos estatales están cubriendo las pensiones con gasto corriente, olvidándose del escenario de reparto, o de “beneficio definido”, es decir, el que permite que las pensiones sean financiadas por los patrones y trabajadores en activo, esquema que, sin embargo, lo rebasan las circunstancias.
De entrada, hete aquí que no se previó la portabilidad, es decir, que si un trabajador se cambia de empleo pierde el beneficio, con la novedad además, desde otro ángulo, de que la nueva esperanza de vida ha alargado los beneficios de los pensionados.
El caso es que en este momento existen 4.1 millones de ellos, cuyo fondeo se debió triplicar con recursos públicos entre 2001 y el 2010, con excepciones como la de Pemex, que se sextuplicó.
El caso es que cada vez hay más trabajadores públicos veteranos que novatos, dado el estancamiento de contrataciones en las últimas tres décadas.
El caso es que, ante la escasa posibilidad de incrementar salarios ante las crisis, las revisiones salariales se resolvían con un incremento a prestaciones, con énfasis en jubilaciones y pensiones. Menos años para jubilación. Cero incremento en las cuotas.
Ante ello, la inmensa mayoría de los sistemas pensionarios públicos del país viven de la esperanza de que el destino no les alcance, o bien de que el gobierno emprenda, ante la brutalidad de las circunstancias, su rescate.
El volumen, bajo el sello de Siglo XXI, advierte letra por letra: “O se reforman urgentemente los planes públicos de pensiones de ‘beneficio definido’ o los arreglos pensionarios del sector paraestatal, o muy pronto no habrá recursos públicos para cubrir dichas obligaciones”.
Y más: “La presión puede explotar en el sexenio 2012-2018, lo que llevaría a un incumplimiento de pago de pensiones y a una severa crisis social y política”.
A 2010 el pasivo más oneroso lo plantea la transición entre el ISSSTE asegurador y el del Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, los trabajadores públicos que solicitarán al organismo su retiro, al no acumular los años requeridos para el nuevo esquema.
Estamos hablando, ¡válgame Dios!, de 4 billones 377 mil 206 millones de pesos, equivalentes a 31.4% del PIB.
En orden descendiente está el del IMSS en las mismas circunstancias, es decir, el puente entre el viejo y el nuevo esquema, con 4 billones 179 mil 900 millones, 30.3 del PIB.
Ahora que el IMSS como patrón, es decir, de cara a sus responsabilidades con sus trabajadores, enfrenta un faltante de 2 billones 504 mil 700 millones, 18.7 del PIB.
Las entidades federativas en su conjunto alcanzan un billón 791 mil 500 millones, en tanto el faltante de reservas laborales de Pemex se eleva a 661 mil 310 millones…
La crisis que viene.
Balance general
Cerrada su posibilidad de ofrecer servicios de banda ancha vía el espectro que detenta en la banda de los 700 gigahercios, la cadena MVS se lanzó contra la Comisión Federal de Competencia a quien acusa de no aprovechar la coyuntura de la aprobación de la alianza entre Televisa y Iusacell para imponer condiciones que equilibren el mercado de televisión.
De entrada, le recrimina a la instancia encabezada por Eduardo Pérez Motta, el consentir que Televisa y Televisión Azteca cobren por la señal de sus canales abiertos entre 1.70 y 50 centavos de dólar a las empresas de televisión restringida.
Citando a la página 578 del documento de 600 en que se plasma la resolución, MVS señala que por segunda ocasión se le impide a su firma de televisión satelital Dish poder llevar las señales de televisión abierta, al señalar que “cualquier empresa que haya iniciado juicios en contra de una televisora no tiene derecho a llevar las señales de televisión abierta a su sistema”.
Napoleón quiere todo
A la callada, durante su última asamblea el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia modificó sus estatutos para extender su ámbito de acción.
La idea es captar trabajadores que tengan alguna relación con la transformación de metales, por ejemplo los de la industria automotriz y los de maquiladoras.
El gancho para jalar adeptos a su causa es la ventajosa negociación de revisiones de contratos colectivos que ha realizado, alcanzándose incrementos salariales de hasta 16%.
La meta es incrementar el número de afiliados en 10 mil durante lo que resta del año.
La Secretaría del Trabajo debe aprobar a su vez las modificaciones estatutarias.
Ni con el pétalo…
Acusado de alertar en lugar de sancionar a las empresas Nestlé y Costco por violar la Norma Oficial Mexicana 051 en materia de lácteos. Acusado de faltas administrativas por aceptar la presencia de funcionarios menores sin derecho a voto en la aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización, hasta hoy la Secretaría de la Función Pública mantiene en la impunidad al director general de Normas de la Secretaría de Economía, Christian Turégano Roldán.
El funcionario no ha sido tocado ni con el pétalo de un citatorio.
La protección tiene nombre y apellido: José Antonio Torres, subsecretario de la dependencia.
Y háganle como quieran.