Corrupción en usode fondos Pyme
Alberto Barranco
Estamos hablando de 3 mil 400 millones de pesos que se entregan a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de Economía, que encabeza el ex presidente de Canacintra, Miguel Marón.
Entre los involucrados en el “dictamen negativo” del órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, encabezado por Juan Manuel Portal, está un organismo denominado “Círculo Emprendedor” a quien se le entregaron 200 millones de pesos… en menos de cuatro meses.
Según ello, los recursos financiarían ocho proyectos para apuntalar las tareas de los centros denominados “México Emprendedor”.
El caso es que de acuerdo con la ASF existe un desvío de 109 millones de pesos, en tanto no se ha entregado la comprobación correspondiente de otros 75.
La revisión realizada por el organismo apunta a la Cuenta Pública, es decir, el presupuesto de gasto del 2010.
La paradoja del caso es que el organismo en entredicho se integró, justo, en febrero de 2011 como asociación civil.
De acuerdo con la escritura pública 2912, firmada por la notaria pública 223 del Distrito Federal, Rosa María López Lugo, los integrantes del “Círculo Emprendedor” son Mario Sánchez Ruiz, Samuel José Luis Canal Álvarez, Alfredo Arenas Guerra y Humberto Manuel Jaramillo Rodríguez.
El primero, quien asegura no haber asistido a ninguna reunión, era hasta hace unas semanas presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cargo al que renunció ante la posibilidad de reelección, al ser nombrado por el Partido Acción Nacional como candidato a una diputación de partido por Sonora.
Los tres restantes están ligados a la Canacintra. De hecho, el primero es director de Relaciones Públicas y el segundo tesorero.
El último es el presidente de “Círculo Emprendedor”.
Según el artículo segundo de sus estatutos, la instancia tiene como objeto “promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, así como crear, administrar, operar y asistir programas de emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, de incubadoras de franquicias y en general de formación empresarial”.
Además, se habla de “brindar todo tipo de servicios profesionales y técnicos a organismos públicos o privados relacionados con su objeto”, y “solicitar y obtener los subsidios, apoyos y estímulos públicos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada”.
De los ocho proyectos aprobados por el ex presidente de Canacintra en su rol de subsecretario de Economía, sólo uno está consolidado. Se trata de un programa de capacitación para asesores financieros.
El resto habla de estandarización de servicios para la operación de los Centros y Módulos México Emprende; de su instalación y equipamiento en una primera etapa, y de servicio integral de un centro de datos y soporte a aplicaciones WEB.
El proyecto más costoso, 100 millones de pesos, es el segundo.
El hecho es que a espaldas de la Secretaría de Economía, la firma subcontrató a su vez para realizar la tarea al Grupo Yaamall, a quien le pagarán 92 millones de pesos.
Naturalmente, no hubo licitación de por medio.
Lo inaudito del caso es que la compañía no estaba legalmente constituida al momento de la entrega del contrato.
Este se firmó en diciembre de 2010 y la empresa nació formalmente el dos de febrero de 2011.
Lo grave del asunto es que la subcontratada se comprometió a entregar 15 Centros México Emprende… de los cuales sólo se han terminado tres, ubicados en el Estado de México, Jalisco y Durango.
Desde otro ángulo, el Círculo Emprendedor le entregó a su vez 69.9 millones de pesos, el total del monto recibido para el proyecto de estandarización de servicios de los módulos, a la firma Feher & Feher, sin que se haya comprometido la exigencia de emitir comprobantes fiscales. El escándalo alcanza el máximo de decibeles.
Balance general
Curioso, por usar un calificativo, que los mayores escándalos de corrupción en el país se descubran en Estados Unidos, por más que desatada la gritería, el gobierno salga con que el asunto lo tenía bajo la lupa.
Ahí está el caso del ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, cuyas prácticas de soborno a cambio de contratos públicos se desnudaron al procesarse en el vecino país a la empresa que los otorgó.
Ahí está, ahora, el caso de la empresa de aeronáutica civil Bizjet International Sales & Support, a quien se procesa por otorgar sobornos a cambio de contratos a funcionarios de la Presidencia de la República y jefes del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno foxista y el actual, además de funcionarios de Sinaloa.
Las transacciones se hicieron vía una empresa fantasma radicada en California.
La pregunta es para qué rayos sirve la Secretaría de la Función Pública.
Acciones colectivas ya
A la callada, el último día de febrero pasado entró en vigor la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles que permite la posibilidad de acciones colectivas para delitos en el sector financiero, ambiental y de consumo, es decir, bienes y servicios.
Dicho con todas las letras, cuando un banco, una aerolínea, una televisora de paga, una aseguradora o una telefónica incumple con lo pactado con su clientela o imponga comisiones injustificadas, se abre la posibilidad de que la querella la planteen en conjunto los afectados.
La denuncia se podría colocar no sólo ante la Procuraduría Federal del Consumidor, sino ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, o en su caso la Comisión Federal de Competencia.
La alternativa se abre no sólo a los particulares como tales, sino a las asociaciones civiles constituidas por al menos 30 miembros.
Tráfico de influencias
La Delegación Miguel Hidalgo, encabezada por Demetrio Sodi de la Tijera, está alcanzando niveles de inquina en las revisiones que realiza a restaurantes de Polanco, con la excepción, haga de cuenta una isla, del Joy City ubicado en la Plaza Antara.
Este es propiedad de Eduardo Solórzano y Alberto Cinta, quien fuera candidato del Partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno capitalino. El primero es novio de la coordinadora de la bancada panista en la Asamblea Legislativa, Mariana Gómez Del Campo.
La ofensiva apunta con mayor énfasis a los establecimientos que compiten con el de los influyentes.
Gómez del Campo, aspirante a senadora por la capital, como usted sabe, es prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.