Monopolio en contenedores
Alberto Barranco
Si hasta hace unos meses el escenario se metía a la cerveza, el cemento, la televisión, la telefonía, la tortilla, el vidrio… hoy está también en el mercado de los contenedores.
Hete aquí que tres empresas concentran ya el 64% de éste en los dos litorales del país, es decir el Golfo de México y el Océano Pacífico.
Estamos hablando de la firma china Hutchison Port Holdings, IPM, y la empresa constructora Tribasa, alguna vez la segunda del país en materia de construcción de carreteras y ATP.
En su conjunto las compañías, de acuerdo a los reportes oficiales de los puertos, acapararon el manejo de 2 millones 361 mil 255.5 contenedores durante el año pasado.
El movimiento total en el país alcanza 3 millones 704 mil 765.
Naturalmente, la concentración anula la posibilidad de competencia abierta, al impactar las tarifas y, lo que es peor, objetar sistemáticamente la posibilidad de ingreso de nuevos jugadores.
El caso más patético es el de la china Hutchison Port Holdings, encabezada por Jorge Magno Lecona, quien domina el 100 por ciento de las actividades en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El movimiento es de 796 mil 11 contenedores en patios públicos.
La firma acaba de obtener una concesión de 100 hectáreas para ampliar su horizonte.
Ahora que el númerito se repite a la letra en Ensenada, Baja California, donde la empresa de la muralla es reina en el movimiento de 135 mil 600 contenedores.
Y aunque Manzanillo apenas acapara el 21%, el pastel de mercancías que llegan o salen hacia el Extremo Oriente es de un millón 569 mil 378 contenedores.
Sin embargo, en la costa opuesta, es decir el Golfo de México, la compañía del país de la muralla acapara el 95 por ciento de un mercado de 662 mil 532 contenedores, es decir mueve 579 mil 142 unidades.
En el 2009 su participación era 25.9 por ciento menor.
Ahora que en Altamira, Tamaulipas, existe un duopolio integrado por las firmas IPM de Tribasa y ATP, dueñas de un mercado de 473 mil 152 contenedores.
El mercado del Golfo de México representa una facturación de 200 millones de dólares.
El caso es que, dueñas de sus parcelas, las firmas le ponen una y otra zancadilla a la posibilidad de competencia.
Así, por ejemplo, la empresa IPM de Tribasa ha colocado en la mesa uno y otro recursos jurídicos para evitar sacar adelante una licitación suspendida hace un año, para una terminal de contenedores en Tuxpan, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.
La intensión es vetar a uno de los postores, la firma SSA México que encabeza Francisco Kassián, quien está dispuesta a arriesgar 400 millones de dólares en el proyecto.
Y, naturalmente, el puerto de Lázaro Cárdenas se ha vuelto cota infranqueable para cualquier competidor.
Mientras tanto, la posibilidad de una reforma profunda en la legislación antimonopolios pareciera estar supeditada a los caprichos del PRI, a quien no le gustó que se haya descartado en el dictamen final del Senado, que se turnó a la Cámara Baja, la exigencia de destituir al pleno de la Comisión Federal de Competencia para un supuesto borrón y cuenta nueva.
Naturalmente, los funcionarios al relevo tendrían que ser aprobados por el Senado, lo que le daría cancha a un comisionado de Televisa, otro de Cemex, otro de Telmex y uno más de Femsa.
Por lo pronto, lo que parecía una multa justa para los culpables de prácticas monopólicas absolutas, es decir el 10 por ciento de sus ventas de un año a nivel nacional, se diluyó en un churro.
Ahora resulta que sí se impondría la sanción, sólo que con base apenas al mercado relevante… y eso tomando en cuenta sólo la facturación de la filial que realice la infracción.
Pura vacilada.
Balance general
Congelada hasta hoy la denuncia planteada ante la Procuraduría General de la República por el diputado Mario Di Costanzo contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por su presunta responsabilidad en el escenario que provocó el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, cuya virulencia le costó la vida a 49 niños, el legislador está planteando nuevos cargos contra el ex funcionario.
La ampliación de la querella habla de que éste, a su paso de chivo en cristalería como director general del Seguro Social, permitió, a contrapelo de la normatividad imperante, que éste invirtiera parte de sus fondos para financiar a empresas como América Móvil del magnate Carlos Slim; Cementos Mexicanos de Lorenzo Zambrano; Almacenes Coppel, Hipotecaria Su Casita, Hipotecaria Fincasa, Ixeauto y Telefónica Finanzas.
La inversión en riesgo, vía la adquisición de papeles de deuda, fue superior a los 10 mil millones de pesos.
De pasadita, la denuncia habla de fincarle responsabilidades a Molinar en el quebranto al Estado de 4 mil 700 millones de pesos provocado por la forma en que se desahogó la licitación 21 de espectro de telefonía móvil, al permitir que el binomio integrado por Televisa-Nextel compitiera sin rival por una red nacional.
En paralelo, se habla de una serie de negligencias en el caso de Mexicana de Aviación y de comprar bonos emitidos por la Metrofinanciera en la Bolsa Mexicana de Valores.
Rosario, pues, de acusaciones.
Ferrari en el banquillo
Desoídos hasta hoy los argumentos de los productores rurales en objeción de la posibilidad de negociar un Acuerdo de Colaboración Ampliado con Brasil, un Tratado de Libre Comercio con Perú y ampliar al capítulo agropecuario el existente con Colombia, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, tendrá una jornada de pesadilla en su comparecencia de esta semana ante comisiones del Senado.
Los obuses los preparan el propio coordinador de la bancada priísta, Manlio Fabio Beltrones, su colega María de los Ángeles Moreno, y el perredista Jaime Castrejón Fonseca.
De pasadita, la andanada apuntará a clarificar a quiénes benefician los acuerdos de equivalencia de normas firmados con Estados Unidos y Canadá, que en el terreno práctico implican el aceptar como válidas las revisiones sobre la calidad de productos electrónicos e insumos médicos que llegan al país procedentes de éstos.
Naturalmente, el beneficio no es recíproco.
Oferta mixta
Finalmente la venta del paquete accionario que mantiene el Grupo Maseca en Banorte se colocará no sólo al interior del país, sino en el mercado internacional.
El 36.5% de los títulos se rematarán vía el piso de remates, y el resto en Estados Unidos, Europa y Asia.
La recaudación esperada es de 9 mil 232.4 millones de pesos.
El precio base de colocación será de 52 pesos.