¿Y los monopolios?
Alberto Barranco
Anunciada, a vuelo de fanfarrias, por el presidente Felipe Calderón la presentación de una iniciativa de ley que según ello combatiría frontalmente las prácticas monopólicas, dos meses después ésta no termina de aterrizar… ante las presiones de los afectados
La cargada habla de escenarios apocalípticos en los que prácticamente se convocaría al linchamiento de los grandes consorcios, a cuyos directivos y funcionarios se les infamaría con la cárcel y el descrédito.
Casi el infierno.
La paradoja del caso es que, fieles apóstoles de la globalización, las firmas soslayan que la pretensión de dotar de uñas verdaderas a la Comisión Federal de Competencia sería, simple y llanamente, un alineamiento con el entorno.
A quienes les espanta el amago de llevar al plano penal las prácticas monopólicas absolutas, habría que recordarles que en Estados Unidos y Australia existe la posibilidad de cárcel de hasta 10 años para los infractores.
Más aún, en el Reino Unido la amenaza habla de cinco años, en tanto que en Brasil la penalidad se ubica entre dos y cinco años.
El menú, pues, habla de más dureza en naciones con tendencia abierta al capital como figura central, que en aquellas que tienen gobiernos de inclinación social.
En México la alternativa se pierde entre una maraña de contradicciones del Código Penal, para no hablar del lenguaje anacrónico en que fue redactado, en cuyo diccionario no figuran las palabras desplazamiento indebido, subsidio cruzado, cárteles de precios, acuerdos de colusión…
Más allá, el primer intento de apretar las tuercas se estrelló ante la aparición en la propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica de la figura de testigo protegido, es decir, la posibilidad de que una firma integrada a un cártel se “raje” ante la autoridad… y ofrezca su testimonio a cambio de inmunidad.
Se está recurriendo a prácticas policiacas para el combate de la mafia, revolviendo buenos con malos, diría el desgarramiento de vestiduras, soslayando los efectos inhibitorios de la medida, que por lo demás ha sido adoptada por la mayoría de los países que están afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instituto al que pertenece México.
La alternativa juega en cuatro pistas: cuando las empresas hegemónicas se coluden para la concertación de precios; cuando se acuerdan restricciones a la oferta, en afán de subir el costo de la mercancía; cuando se dividen los mercados, o cuando se coordinan posturas para participar en licitaciones. Todas ellas apuntan a prácticas monopólicas absolutas.
Desde otro ángulo, la posibilidad de dotar de mayor fuerza a la Comisión Federal de Competencia la frenó la exigencia de elevar las penas pecuniarias, en un escenario en que quien cometa el delito máximo previsto se hace acreedor a una multa equivalente a 1.2 millones de salarios mínimos. Estamos hablando de 82.2 millones de pesos, para consorcios cuyas ganancias trimestrales se miden con 10 dígitos.
La práctica común de los países es tasar el castigo sobre la base del monto de las ventas de los conglomerados. Así, en Sudáfrica como en la India y la Unión Europea, la multa equivale a 10% de la facturación anual, con la novedad de que en esta última se incluyen no sólo ventas locales, sino las globales.
De ahí, para no ir lejos, los 7 mil millones de euros con que se castigó a Microsoft.
En Brasil, ¡válgame Dios!, el monto alcanza a 30% de las ventas.
El escándalo, pues, resultó berrinche.
Por lo pronto, tal como está planteada la ley, resulta más negocio arriesgarse a violarla que a respetarla. Vamos, los ingresos que recibe una empresa por realizar cualquiera de las prácticas previstas en el abanico le resultan más redituables que asumir las consecuencias.
Más todavía, existe la probabilidad de que no se les sancione, o que a la larga, como está ocurriendo con las plantas de Coca-Cola y con las empresas Ferromex e Inbursa, el Poder Judicial derribe las multas. El escenario, pues, está preparado para que los actores le pinten un violín al gobierno.
Lo cierto es que la falta de competencia plena en el país apunta a exacerbar la desigualdad del ingreso; frena la competitividad del país; inhibe las inversiones, es decir, posibilidades de empleo, y rompe el equilibrio en materia de precios. ¿Nos esperamos otros 20 años para que no se enojen los magnates?
Balance general
La noticia es que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le concedió un amparo al grupo Pro San Luis Ecológico, lo que anula en automático el permiso otorgado a la empresa canadiense Minera San Xavier para explotar una veta de oro y plata en el cerro de San Pedro, ubicado en un municipio cercano a San Luis Potosí.
La exposición de motivos señala que la compañía usa métodos poco ortodoxos para extraer los minerales, es decir, explosiones con dinamita, además de diversos ácidos para limpiarlos, que se van al subsuelo. La fecha para paralizar las tareas, a menos, claro, que la empresa obtenga un amparo, es el 13 de noviembre.
Pagó Santos
La noticia es que tras una larga temporada de rebeldía, finalmente el grupo azucarero Santos le pagó a los cañeros un adeudo derivado del sobreprecio que impuso el gobierno a la materia prima. El monto fue de 350 millones de pesos.
El arreglo llegó tras la negativa de la Unión Nacional de Productores de Caña de iniciar la zafra 2009-2010.
El diferendo se inició cuando la Secretaría de Agricultura le asignó, con base en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, un sobreprecio a ésta, extrapolando el costo a que se estaba vendiendo el dulce. El grupo Santos rechazó la alternativa, al punto de desconocer a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera que la habían avalado.
Todos coludos…
En lo que pareciera su signo distintivo, hete aquí que hace unas semanas se le presentó al presidente Felipe Calderón un reporte en el que se hablaba de “fuertes ataques al gobierno” en una publicación denominada aregional.com, en cuya propiedad, se dijo, participa el senador Manlio Fabio Beltrones. El punto fino apuntaba a que la revista tenía varias páginas de publicidad oficial, lo que provocó una orden tajante de cerrar la llave.
El caso es que la instrucción se extendería más tarde a todas las publicaciones similares, haciendo tabla rasa con hebdomadarios, quincenarios, mensuales o bimestrales.
He dicho.
Gran ausente
El gran ausente en el toma y daca entre el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente Felipe Calderón es el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que encabeza Claudio X. González, en cuyo seno caben las 40 empresas más importantes del país. Dado que la pedrada le pegaba en el centro de la cabeza, debió ser éste quien encabezara la gritería.