Fórmula mágica anticrisis
Alberto Barranco
Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hace bolas para eliminar proyectos de infraestructura previstos para este año, al fragor de la poda presupuestal, el gobierno capitalino mantiene viva la construcción de la línea 12 del Metro
Qué le hace si el gasto de inversión creció este año en 18.8%, para llegar a 31 mil millonesde pesos en un presupuesto global de 122 mil millones, frente a los 114 mil ejercidos durante 2008.
Mientras 90% de los ayuntamientos del país navega hacia una inminente quiebra ante la dramática caída de las participaciones federales, el gobierno capitalino mantiene intactos sus programas sociales, por más que éstos representan 30.3% del gasto total.
Naturalmente, la metrópoli no quedó al margen de la caída en las participaciones federales, sufriendo una merma que hasta hoy alcanza 4 mil 500 millones de pesos. Ahora que, a diferencia del gobierno federal, el capitalino no incrementó ninguna tasa impositiva ni creó nuevos gravámenes. Peor aún, se ensanchó el descuento por pago anticipado del impuesto predial.
¿Cómo rayos entonces se explica el aparente milagro? La respuesta es simple: austeridad extrema y adelgazamiento del aparato público.
A diferencia del gobierno federal, que ha duplicado en nueve años de panismo en el poder el gasto corriente, al punto de ubicarlo en 78% del ingreso total, el de la ciudad de México lo ha desinflado.
En enero, por ejemplo, se redujo 10% el salario del jefe de Gobierno y de la totalidad de los altos funcionarios, en paralelo a una caída de 20% en el gasto corriente asociado a la operación de vehículos, servicios de telefonía, fotocopiado y mobiliario para oficinas.
Más allá, en abril, agravada la crisis, hubo un segundo ajuste al presupuesto corriente, disminuyéndose éste en 4.4%, en tanto en agosto, cuando la situación se agudizó aún más, se dio un tercer recorte presupuestal que implicó reajuste a los salarios y al personal contratado bajo el esquema de honorarios.
La paradoja es que en paralelo se plantearon diversos beneficios fiscales para incentivar la actividad económica, por ejemplo la devolución de 100% del impuesto sobre nómina pagado en 2008 por microempresas de hasta 60 empleados. En el camino se crearon incentivos fiscales a la inversión, además de constituirse un fondo de apoyo emergente para los trabajadores de la industria restaurantera afectados por la contingencia sanitaria de mayo.
En paralelo, se ofrecieron descuentos en el pago de predial para adultos mayores y grupos vulnerables, en predial y tenencia por pronto pago, condonación de multas y recargos en predial, agua e impuesto sobre hospedaje…
Más allá, se concedió un subsidio al Impuesto sobre Espectáculos Públicos y se abrió una oficina de apertura rápida de negocios, además de ofrecer un paquete de reformas a diversos ordenamientos para impulsar y facilitar la actividad económica.
Desde otro ángulo, el gobierno capitalino invirtió 3 mil 569 millones de pesos en la modernización del Circuito Interior, incluida su pavimentación con concreto hidráulico, además del mantenimiento de áreas verdes y la realización de obras complementarias.
Hasta hoy, en paralelo, se mantienen los trabajos de construcción de la línea 12 del Metro, cuyo costo total será de 7 mil millones de pesos.
En total, la inversión en obra pública creció 47% en el primer semestre de 2008 en relación al mismo periodo del año anterior.
Ahora que a partir de 2007 se han apoyado 33 proyectos y se han otorgado 74 incentivos por más de 734 millones de pesos, en cuyo horizonte se logró atraer inversiones por 28 mil millones de pesos, que generaron 83 mil empleos.
La más reciente apuesta es la construcción de las oficinas administrativas del grupo BBVA-Bancomer en Paseo de la Reforma y Lieja, cuya inversión araña los 3 mil millones de pesos. En el camino se generarán 10 mil 700 empleos.
Como usted lee, pues, sí se puede a contrapelo del fragor de la crisis… cuando el aparato público se aprieta de verdad el cinturón.
Balance General
A contrapelo de la prudencia exigida por los analistas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteará para el año próximo un tope de endeudamiento equivalente a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), bajo la perspectiva de abatir el monto acumulado conforme la economía vaya mejorando.
La alternativa, por lo pronto, prendió los focos de alerta de las cúpulas empresariales, dado que los pagos de intereses podrían provocar una merma en los recursos disponibles para infraestructura.
Por lo pronto, integrada en un solo bloque la deuda del país, incluida la llamada contingente, que incluye el boquete para atender pensiones en curso, alcanza el equivalente a 130% del Producto Interno Bruto.
Jaque al rey del cobre
Soslayados tres citatorios previos, la noticia es que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal solicitó el 14 de agosto pasado la presentación con uso de la fuerza pública del presidente del grupo Minera México, Germán Larrea Mota Velasco.
La diligencia se efectuará mañana a las 11:30 en un juzgado del Reclusorio Norte de la ciudad de México.
La orden a la autoridad judicial habla de comisionar a personal adiestrado y capacitado, a fin de presentar “sin excusa ni pretexto” al empresario y a su hermano Genaro.
La actuación, agrega la orden, “deberá llevarse a cabo con base en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, y en coordinación con cualquier policía de los estados o de los municipios”.
El asunto, lo adivinó usted, tiene que ver con la denuncia por el presunto desvío a favor de Gómez Urrutia de 58 millones de dólares que colocó la empresa de Larrea en un fideicomiso para prorratearse entre los trabajadores de Minera de Cananea y Mexicana de Cobre.
El problema es que Larrea no planteó la querella, ni tampoco es parte de la litis, dado que el compromiso adquirido se cerró con la apertura del fideicomiso.
Lo demás es otro cuento.
Segunda llamada
Derrotado hace dos años, el vicepresidente de la Cámara Nacional para el Autotransporte de Carga (Canacar), Noé Paredes Meza, está lanzando nuevamente su candidatura por la presidencia del organismo.
De hecho ya presentó su plataforma electoral.
De ser elegido, su primer reto será cabildear en la Cámara de Diputados frente a la posibilidad de que se supriman los regímenes especiales para el Impuesto sobre la Renta (ISR) que favorecen al gremio de los transportistas y a los productores de alimentos.
Más allá, está viva la demanda planteada por los transportistas mexicanos para obtener una indemnización del gobierno de Estados Unidos por la suspensión unilateral del programa piloto para la apertura del transporte de carga hacia uno y otro países.
El sector genera cuatro millones de empleos directos e indirectos, y participa con 4% del Producto Interno Bruto (PIB), transportando 80% de la carga en el país.