Cadena de fraudes
Alberto Barranco
La decisión de Petróleos Mexicanos de recuperar el porcentaje mayoritario de su socio, Impulsora Jalisciense, en la propiedad de Mexicana de Lubricantes, pareciera el carpetazo a un colosal expediente de litigios cuyo desenlace desnudaría una red de complicidades
Se diría que la paraestatal solicitó la tregua para no dañar su propia imagen, en un escenario en que regresa el run run de profundizar la participación de los particulares.
A quién le importa si hace dos años la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por administración fraudulenta en la firma de capital mixto.
Marcada bajo la clave UEIDFF/FINI/2007/-2006, la querella planteaba transparentar complicidades al interior de la paraestatal con quienes asumieron una firma que, de ubicarse en el número 38 de las 500 mayores empresas de México, se le llevó a la ruina.
El sustento de la demanda, cuyo resultado se quedó en el limbo, era una auditoría realizada por el despacho Lebrija Contadores.
Más aún, en la fase previa se había realizado una revisión integral encargada al despacho KPMG Cárdenas Dosal.
Ésta abarcaba cuatro auditorías: financiera, para verificar la certeza en los números que exhibía la empresa; fiscal, legal, es decir la revisión de litigios, contratos escrituras públicas de bienes, gravámenes y posibles deudas laborales.
La última se cataloga como forense, implicando la revisión de la documentación y registro de operaciones con los bancos, deudores diversos, compras de bienes y servicios… cuya finalidad era identificar operaciones poco transparentes.
Dicho con todas las letras, comprobar si la administración de la empresa había sido fraudulenta.
Más allá, el despacho realizó una evaluación de mercado para conocer el valor real de la firma.
En paralelo, el expediente incluía una evaluación del órgano de control interno de Pemex Refinación, del comisario del Sector Energía de la Secretaría de la Función Pública y del abogado general de Pemex, en la que se identificó un rosario de irregularidades con perfil de fraude, que se inician desde la privatización parcial de la compañía, de la que Pemex conservó 49%.
De entrada, se señala que el ganador de la licitación abierta en julio de 1992, es decir el Grupo Industrial de Compuestos Químicos del Grupo Industrial Martínez Garza, de Salvador Martínez Garza, ex presidente del equipo de futbol Guadalajara, no cumplió las bases de licitación, al carecer de experiencia en el ramo.
La paradoja del caso es que a la hora de la verdad Pemex le adjudicó la empresa a la Impulsora Jalisciense, que carecía de vínculo alguno con Industrial de Componentes Químicos.
Peor aún, hete aquí que el Grupo Industrial Martínez Garza y la firma Impulsora Jalisciense fueron constituidas en fecha posterior al cierre de la licitación. La primera nació el 8 de enero de 1993, y la segunda tres días después.
La operación se cerró con tres contratos anexos: una de licencia de marca que le otorgaba exclusividad a la firma de capital mixto para comercializar sus productos en la red de estaciones de servicio o gasolineras de la paraestatal; otro de suministro de aceites y básicos, y el último de maquila de aceites y grasas.
La empresa pública, pues, le abrió la puerta a su socio para realizar el negocio del siglo.
Peladito y en la boca.
El caso es que Mexicana de Lubricantes no sólo incumplió con el monto del capital reclamado, sino que al primer año su operación ya trabajaba con pérdidas, en un escenario en que cuando llegaron las ganancias, éstas fueron raquíticas, por más que los números se dejaron de transparentar a partir de 2001.
La conclusión de los órganos de vigilancia fue demoledora: “La empresa desde su creación opera bajo una administración fraudulenta producto de la composición de su capital social, lo que implica que Petróleos Mexicanos participa en las pérdidas, no en las utilidades, ya que nunca le ha pagado a la paraestatal en su calidad de socio minoritario la participación accionaria que le corresponde”.
Lo inaudito del caso es que, habiendo contratado un crédito con Banpaís por 60 millones de dólares, supuestamente para cubrir la diferencia entre las aportaciones iniciales de los socios y el pago a Pemex Refinación, la Impulsora Jalisciense la desvió a fines distintos.
Lo grave del asunto es que el préstamo se documentó a nombre de Mexicana de Lubricantes, es decir, 49% se le cargó a Pemex.
Peor aún, los recursos no fueron pagados en la forma convenida, resultando al final del día una suma mucho mayor a la pactada… con cargo al patrimonio del gobierno federal.
¿A quién, pues, se pretende cubrir con el borrón y cuenta nueva que implica la reprivatización? ¿Se llegará a la desfachatez de pagarle 300 millones de dólares por su participación en el capital de Mex Lub a una firma bajo sospecha de fraude tras fraude?
¿Viva la corrupción?
Balance general
Lanzada toda la caballería de la dirigencia empresarial para impedir la desaparición de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hete aquí que la sentencia que la coloca en la antesala del patíbulo surgió vía un documento de la Secretaría de la Función Pública en la que se documenta su inutilidad a lo largo de los años.
En uno de los capítulos, por ejemplo, se señala que en los últimos dos sexenios se ha multiplicado el número de trámites que realizan los particulares, es decir resultó peor el remedio…
La cruzada se inició en 1989 con la creación de la Unidad de Desregulación Económica, cuyo golpe más espectacular fue la eliminación de los controles de precios, la apertura a la inversión privada para cogenerar energía eléctrica a contrapelo de la legislación, y la creación de la Comisión Federal de Competencia.
Lo demás es lo de menos.
Acorralan a Tomza
Acusada de depredar gravemente el entorno ambiental con sus plantas de almacenamiento y distribución de gas LP en un paraje turístico en Honduras, la empresa gasera mexicana Tomza, propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza, se ubica en el callejón al llegar el asunto a la Organización de Estados Americanos.
De hecho, ésta, vía su secretario general, Miguel Insulza, le entregará a los presidentes de México y Honduras, Felipe Calderón y Manuel Zolaya Rosales, un documento en que la sociedad civil exige la reubicación.
El organismo incluye además un estudio en que se demuestran los graves daños provocados a las playas de Omoa por la firma que opera como Gas del Caribe.
Crece Geusa
Con una inversión de mil millones de pesos, el Grupo Embotelladores Unidos que encabeza Juan Gallardo Thurlow instaló en Chiapas una embotelladora y un centro de distribución, posibilitando la creación de mil empleos directos. La firma fabricante, entre otras, de las marcas Pepsi Cola y Manzanita Sol, abrirá 152 rutas de reparto para atender a 39 mil 480 comercios detallistas.
Hasta hoy la planta da empleos del grupo es de 15 mil 600.